Recuperación de los espacios públicos para la vida comunitaria
La calidad de vida de las personas y de la comunidad, no mejora con el encierro en casas o en country que parecen fortalezas, sino por la apertura a la interacción normal de las personas en lugares públicos rediseñados para generar un entorno pacífico, que facilite y estimule la relación entre los ciudadanos. Esto puede lograrse a través de la acción conjunta de autoridades locales y de la comunidad, lo que supone el desarrollo de políticas con relación al diseño urbano, iluminación, vegetación, vigilancia, etc. 
 

Programa de resocialización de jóvenes de la calle
Una de las causas de la delincuencia juvenil es la falta de opciones laborales, culturales o sociales integradoras que optimicen el uso de su tiempo libre, como alternativa a los entornos juveniles que fomentan la violencia y las actividades antisociales. En este sentido es necesario ofrecer opciones atractivas a los jóvenes, especialmente a los que no concurren a la escuela y a aquellos que carecen de suficiente contención familiar. Debe promoverse la disponibilidad de opciones culturales, deportivas, de recreación o capacitación, que tengan un sentido integrador y de inserción en la vida comunitaria.
 

Una educación para la no violencia
El actual modelo educacional carece de instrumentos que enseñen a los niños, desde edad temprana, a manejar sus conflictos en forma no violenta. Debe inculcárseles desde pequeños el respeto a las ideas y derechos de los demás en un marco de convivencia reciproco. Es necesario introducir generalizadamente en el sistema educacional la enseñanza de tales mecanismos.
 

Prevenir la deserción escolar
Un porcentaje significativo de los delincuentes juveniles se vincula con jóvenes que no van a la escuela. Cuando un joven abandona el sistema escolar, sus oportunidades de acceder al desarrollo de su persona conforme a las posibilidades con que cuenta el país son mínimas, presentándose entonces la actividad delictiva como una opción potenciada. En consecuencia, reducir esa deserción es una forma de prevenir la delincuencia.
 

Ofrecer oportunidades laborales para la población penal
Se ha comprobado que la mejor forma de reinserción social de un ex interno es la capacitación laboral en habilidades útiles que le sirvan al salir de la cárcel. De lo contrario, se dificulta su inserción en el seno de la sociedad y, por lo tanto, probablemente reincidirá. En consecuencia, debe fomentarse la integración entre el sistema carcelario y el sector privado o la comunidad, inicialmente mediante la contratación de mano de obra de reclusos con la posibilidad de salidas temporarias, como modo de facilitar esa transición.
 

Optimizar la productividad de un sistema judicial accesible y eficaz
El sistema judicial debe garantizar el respeto a los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos. Si no existe respuesta judicial frente a la violación de esos derechos, la impunidad del delito es el más fuerte incentivo para multiplicar sus efectos. Dicho sistema debe ser realmente accesible a todos los sectores por igual, pues de lo contrario se potencia la anómia colectiva y, en definitiva, la perpetuación del ciclo delictivo. A su vez, el sistema judicial debe ser transparente y comprensible para todos, pues de lo contrario se promueve la marginación por desconfianza en la justicia.
 

Crear un nuevo sistema normativo y mejorar la justicia penal de menores
Es fundamental educar a los jóvenes en el respeto a los derechos de los demás miembros de la sociedad. Todo menor debe tener conciencia que delinquir no puede tener como consecuencia una situación de impunidad para nadie. Pero es socialmente más conveniente sancionar la delincuencia juvenil en forma distinta de los adultos. Debe crearse un sistema de justicia para los menores, con sanciones especiales para los jóvenes, basada especialmente en el servicio comunitario. A toda sociedad le conviene rescatar a sus jóvenes infractores, que por otra parte, es más fácil y menos costoso social y económicamente, que rehabilitar al delincuente adulto. Además un sistema penal de menores evita el contagio delictivo en la cárcel y da mayores posibilidades de rehabilitar al joven.
 

Diseñar un nuevo sistema de sanciones alternativas a la reclusión
Debe crearse un nuevo sistema que contemple una gama más amplia de penas, que permita al juez escoger entre los actuales extremos de enviar al condenado a prisión y eventualmente inhabilitarlo. Por cierto, este nuevo sistema debe garantizar a la sociedad un adecuado control de las personas sujetas al mismo y evitar caer en la falsa contradicción entre “garantistas” y los partidarios de la “mano dura”. Solo se trata de una herramienta más que se pone a disposición del juez para mejorar el sistema.
 

Solucionar el déficit carcelario
Actualmente, el sistema carcelario enfrenta la peor crisis de su historia. Este costo institucional, social y humano se traduce en déficit de la capacidad carcelaria versus la cantidad de condenados que deberían ser enviados a las cárceles. Las cárceles están superpobladas y superadas en su capacidad de uso, con todos los problemas de conducta y de dificultad para el desarrollo de programas de rehabilitación en los recintos penitenciarios que conlleva el hacinamiento. El actual déficit es preciso superarlo y construir los recintos penales efectivamente necesarios.
 

Integración de la policía a la comunidad: Policía Municipal
La reducción de la delincuencia supone que la policía responda a las necesidades prioritarias de la población, que varían de una localidad a otra. Por eso, es necesario que la policía conozca en profundidad los problemas que aquejan a cada comuna, así como que cuente con la confianza y colaboración de las distintas comunidades. En el mismo sentido proponemos la creación de una Policía Municipal en el ámbito de cada distrito.
 

Especialización de las funciones policiales
El constante dinamismo y mutación de la delincuencia requiere de una policía que pueda no sólo reaccionar, sino también anticipar la acción del delincuente. Por eso, es necesario que la policía cuente con unidades especializadas en los distintos tipos delictivos, en permanente evolución. Para ello es necesario reestructurar la policía científica y debe liberarse su responsabilidad sobre múltiples actividades no policiales –el general de tipo administrativo- conque se le ha ido recargando a lo largo de décadas.
 

Jerarquizar la función policial
La ciudadanía debe contar con un acceso a los servicios policiales, equivalentes y proporcionales a los problemas que enfrenta. Este acceso, debe considerar en especial los problemas que se desarrollan en los grandes centros urbanos. Al mismo tiempo, se requiere una policía muy comprometida con su actuar y del mejor nivel técnico posible, para garantizar así los derechos básicos a la vida, la integridad personal y la propiedad.
 

Creación de una central de coordinación de recursos
Dentro del área responsable de la seguridad debería crearse, por ley, una central de coordinación de recursos en materia de seguridad. Este es un proyecto que se esbozó con la Secretaría de Seguridad pero que en la práctica no funciona. La tarea específica de esa Central sería la coordinación de recursos humanos, materiales y tecnológicos de que dispongan todos los organismos de seguridad, incluso los provinciales o municipales.
 

Creación de una central nacional de información
También dentro del área de Seguridad debería existir una Central Nacional de Información que tendría por función proporcionar toda la información necesaria para las investigaciones penales tales como. Titularidad de bienes, denuncias de sustracción de automotores, órdenes de captura, antecedentes penales, etc. Todo ello en tiempo real.
 

Creación de la policía científica
. Hoy en día la lucha por el crimen pasa más por lo científico que por lo puramente policial. Así, para el esclarecimiento de un crimen, se necesitas genetistas, dactilóscopos, médicos, ingenieros, químicos, etc. Mantener un sistema para cada provincia sería oneroso y no se justificaría. Pero si, en cambio, si se lo mantuviera en el nivel federal con la obligatoriedad de asistencia a las provincias que lo requieran para crímenes mayores. El organismo tendría como función principal la investigación científica de crímenes federales y prestaría servicios a alas provincias mediante unidades de desplazamiento rápido o delegaciones para la recolección de rastros y otras actividades investigativas. Las provincias pagarían este servicio, pero se librarían de mantener una unidad en su jurisdicción.
 

Creación de un organismo federal de Investigaciones
Se trataría de un cuerpo de elite. Tal como el FBI, se exigiría ser profesional universitario,. Sería un cuerpo creado desde cero y con la idea que comience a funcionar dentro de un tiempo prudencial luego de creado. Su competencia serían los delitos federales y crímenes mayores, a requerimiento de las provincias. Debería contar con los más sofisticados laboratorios de criminalística.
 

Jerarquización de la función policial
Debe producirse una profunda reestructuración de los cuadros superiores. También debe modificarse la estructura salarial, de tal manera que quien llegue a los más altos niveles de conducción cobre una remuneración acorde con su jerarquía y responsabilidad, Esto funcionaría como un incentivo para el personal honesto y capaz se quede en la institución y cumpla con las duras exigencias que se le impondrían para acceder a aquellos cargos.
Para llegar a determinados grados dentro de la fuerza se debe obligatoriamente tener un título universitario acorde a su especialidad.
 

Descentralización jurisdiccional y geográfica
Se propone una descentralización de los niveles policiales desde el nivel federal, el nivel provincial y el nivel municipal en la convicción de que la inmediatez favorece la resolución de los conflictos.
Se adjudicaría responsabilidad o competencia a la investigación por calificación de delito y distribución geográfica.
Por ejemplo, el delito de hurto se adjudicaría a la Policía Municipal del Partido o Departamento donde se cometió. En cambio, el robo a mano armada sería competencia de la Policía Provincial.
 

Clara división de funciones
Tal como se indicó anteriormente, la falta de especialización es una debilidad importante de nuestro sistema de seguridad. Por tanto, deben dividirse adecuadamente las funciones y estar manejadas por especialistas. Así es que proponemos que en el nivel provincial se asignen las tareas de la siguiente forma:
Seguridad física de bienes y personas: Debería estar a cargo de una fuerza policial de calle en los niveles provincial y municipal.
Control de tránsito: es un área que deberían abandonar la Policía Federal y las provinciales para dejarlas en manos de una policía municipal que podría ser o no la misma que se encargue de pequeños crímenes.
Investigación: esta es un área muy sensible que debería ser integrada por hombres muy capacitados de las policías provinciales.
 

El fiscal como jefe de la investigación
Instalar al fiscal como responsable del éxito de la investigación generaría un vuelco espectacular con relación a la efectividad de la resolución positiva de las mismas.
Actualmente, el peso de la investigación recae en el juez. Este tiene que ser imparcial y a la vez encontrar al responsable del delito. Si la policía hizo mal un procedimiento, es el juez quien lo anula como tercero juzgador.
En cambio, si el fiscal tuviera la responsabilidad de llevar adelante la investigación sería “ socio” de la policía en el resultado. Si fracasa la investigación, si el procesado sale absuelto, la responsabilidad será suya.
Es decir el funcionario se transformará en el verdadero abogado del Estado, que será evaluado ( entre otras cosas) por sus resultados.
Con esta función del fiscal se resolvería el problema de la falta de comunicación policía-justicia. Para lograr este objetivo debe modificarse el Código Procesal Penal.
 

Negociación de la pena
Esta alternativa también sería una función del fiscal quien, luego de llegar al acuerdo, deberá requerir la homologación del juez,.
La idea es que se puedan descongestionar de causas lo juzgados. Se está hablando de negociación de la pena previa al juicio y no de eximición de ella.
Esto daría la posibilidad de tener rápidamente condenados cuyas sentencias no computarían para la reincidencia.
Nuevamente aquí el fiscal sería evaluado por sus resultados y el juez sería quien realmente juzgue y proteja los derechos de partes.
 

Implementar un programa de desarme
La demanda y el uso de armas ligeras está directamente relacionada con el potencial delictivo. La solución de fondo a este problema comprende un Estado presente y con políticas de desarme, una democracia participativa, un desarrollo sostenible, el respeto de los derechos humanos - civiles y policías -, fortalecimiento de la justicia y la satisfacción de las necesidades básicas de la gente. Esto conduce a un abandono progresivo de la cultura de la violencia y al uso ilegal de las armas de fuego.
 

Plan comuna segura
Cada comuna debe contar con un plan de seguridad municipal, entendido como parte de un plan de seguridad nacional. Dicho plan debe ser desarrollado por las autoridades comunales, la policía y representantes de la comunidad ( profesores, comerciantes, padres, industriales, iglesias, etc.) El municipio en interacción con los demás actores debe fijar los objetivos y plazos, así como las herramientas necesarias para su cumplimiento. El programa se fundamenta en que la delincuencia es diferente en cada comuna y sus habitantes son quienes más conocen sus necesidades reales.
 

Información para la participación
Cada persona debe tener acceso a la información necesaria para tomar decisiones fundadas y responsables sobre la orientación de sus actos y lograr un entorno seguro de su vida diaria. Para ello, no son suficientes las solas estadísticas oficiales sobre la delincuencia. Es preciso complementarlas con la información que puedan entregar las víctimas de delitos. Encuestas anuales de victimización permiten conocer mejor la realidad de la delincuencia en cada localidad y evaluar los resultados de los planes comunales respectivos. Una amplia disponibilidad de información contribuye a perfeccionar la política desarrollada en materia de seguridad ciudadana.
 

Centro de Asistencia a las Víctimas
El impacto que padece la víctima de un delito provoca múltiples consecuencias, que van desde la perdida de objetos de su pertenencia, lesiones físicas y emocionales de diversa índole, hasta su muerte. Si sobrevive el impacto del delito le afecta emocionalmente, lo que repercute en sus actividades laborales, educativas, sociales y en todo el grupo familiar. Por tal motivo pretendemos crear Centros de Asistencia a las Víctimas de delitos, que tendrá como tarea fundamental el desarrollo de la problemática victimológica y la asistencia interdisciplinaria de las víctimas, para atenuar las graves consecuencias que ocasiona el delito, tanto en el ámbito individual, como el familiar y el social. El equipo interdisciplinario estará formado por médicos, psicólogos, psicoanalistas, pedagogos, abogados, asistentes sociales y criminólogos.
 

Indemnización anticipada
En razón de la lentitud de la justicia y la necesidad de reparar lo antes posible las consecuencias de un delito, proponemos que si el ilícito fuere público y notorio, los perjuicios sufridos susceptibles de apreciación pecuniaria y resultara manifiesta la urgencia del peticionante, el Ministerio de Acción Social disponga un anticipo, cuyo monto será prudencialmente estimado con relación al resarcimiento que le fuera probablemente otorgado y a cuenta del mismo.

- Para la realización de esta propuesta se tomó como base el proyecto de la “ Fundación Paz Ciudadana de Santiago de Chile.

Por Dr. Franco CAVIGLIA*
* El autor es Diputado Nacional de la República Argentina y el artículo es parte del Libro Logos II.