29/08/2016

En su discurso de pedido de voto de confianza al Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, declaró lo siguiente:

“Nuestras cárceles se encuentran sobrepobladas, en algunos casos superando en más del 500% su capacidad de albergue. Es imprescindible tomar acciones inmediatas. ¿Cómo lo haremos? Declararemos en emergencia el sistema penitenciario nacional y priorizaremos acciones para su reforma y modernización, así como para cubrir la brecha de infraestructura existente. Implementaremos el traslado y expulsión de personas extranjeras condenadas a su país de origen. Impulsaremos el uso de grilletes y la implementación de medidas alternativas que sirvan para facilitar la reinserción social de aquellas personas privadas de libertad, que bajo ningún supuesto supongan un riesgo para la seguridad.

Después del debate, y a modo de réplica, Zavala agregó:

“Se recibió una población [penal] de 95049 personas: 79021 internos y 16028 en medio libre. Los 69 establecimientos penitenciarios habilitados solo tienen capacidad para 32890 internos. Esto quiere decir que 46 131 internos no tienen cama y espacio. El desorden y la falta de control permiten que se perpetren actos delictivos desde los penales. Asimismo, todos los días recibimos denuncias de actos de corrupción en establecimientos penitenciarios. Ante este negativo escenario, nuestra respuesta es declarar en emergencia el Instituto Nacional Penitenciario. Para reducir el hacinamiento dentro de los primeros 100 días, vamos a tomar medidas urgentes, como por ejemplo, poner en funcionamiento el establecimiento penitenciario de Cochamarca, en Pasco, lo que nos permitirá contar con una capacidad de albergue para 1224 internos.Asimismo, nos encontramos identificando espacios necesarios para emplear pabellones y la construcción de penales tipo en los próximos 3 a 5 años, para generar, cuando menos, 10 mil nuevas unidades de albergue. Lamentablemente, el gobierno que terminó devolvió cerca de 400 millones de soles destinados a construcción de penales por incapacidad de gestión. (…) En lo referido a los bloqueadores electrónicos, consideramos necesario una actuación urgente, inmediata y decidida. Se tiene un contrato vigente con un  proveedor privado para la instalación de bloqueadores en 33 penales, lo cual debió culminarse en octubre del presente año. Sin embargo, a la fecha solo operan bloqueadores en dos penales. Para revertir esta situación estamos tomando todas las medidas que la ley nos permite. Tenemos que terminar con la corrupción y la impunidad, hacer eficiente la administración de justicia, dejar de perder el tiempo dilatando procesos desde el Estado, facilitar la ejecución de las pensiones de alimentos, con lo que además reducimos la carga procesal. Es urgente corregir las liberaciones indebidas, que dejan en libertad a delincuentes y tener cárceles seguras y eficaces. Debemos señores congresistas garantizar derechos y justicia.”

Finalmente, quien también se refirió expresamente al sistema penitenciario, fue el Ministro del Interior. Ante las interrogantes de los congresistas en materia de seguridad ciudadana, Carlos Basombrío incluyó en su respuesta lo siguiente:

“Quiero añadir también entre los problemas lo que sucede en los penales. Si bien es un tema que corresponde a la Ministra de Justicia, tiene implicancias directas en la seguridad ciudadana y por eso los abordo aquí. En junio de 2016, el Ministerio de Justicia devolvió al Ministerio de Economía 400 millones de soles que se le había asignado para construir penales. Los devolvió. Ni siquiera espero que la nueva administración pudiera tomar decisiones al respecto. Hoy ese dinero ha sido devuelto al erario nacional seis meses antes de la fecha en que eso, en todo caso, debió producirse. Ello, en un país que tiene una sobrepoblación carcelaria pavorosa, con 80 mil presos y capacidad de albergue para 35 mil. Hay que agregar también que el penal San Jorge se desocupó para un proyecto que nunca se realizó y sigue allí, vacío. Los grilletes y bloqueadores siguen esperando. Van a envejecer antes de que sean puestos en funcionamiento. Espero que lo podamos revertir. Todo esto implica, como ustedes saben, más inseguridad en las calles por la acción de delincuentes rankeados que en contextos de sobrepoblación mal controlados pueden hacer de las suyas y organizar el delito afuera.”

Es muy positivo que desde el nuevo Consejo de Ministros se haya dado cuenta de una situación crítica que urge cambiar, y que de manera específica se haya mencionado una serie de medidas que adoptará este gobierno para reducir el hacinamiento carcelario.

El principal desafío, desde luego, va a ser cumplir lo que se prometió a la ciudadanía. El plan de gobierno de Peruanos por el Kambio estableció que se refundaría el sistema penitenciario, bajo tres ejes o acciones estratégicas: 1) impedir que los establecimientos penitenciarios se utilicen para seguir cometiendo delitos; 2) reducir la sobrepoblación carcelaria; 3) reducir el reingreso a las cárceles de las personas privadas de libertad.

Para reducir la sobrepoblación carcelaria, se establecieron a su vez tres metas muy concretas:

2.1 Ampliar la capacidad de albergue del sistema penitenciario para reducir la sobrepoblación de 124% (2014) al 30% (2021) –indicador medido por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), sobre la base de información estadística de personas privadas de libertad y de capacidad de albergue–, facilitando y promoviendo la participación del sector privado.

2.2 Reducir del 53% (2014) al 35% (2021) el peso relativo de las personas privadas de libertad procesadas –indicador medido por el INPE–. Con ese fin se deberá implementar el uso de los grilletes electrónicos para el caso de personas que han cometido delitos no muy graves y sin violencia, y fortalecer el sistema de medidas alternativas a la privación de libertad.

2.3 Reformular la política de otorgamiento de beneficios penitenciarios y de la concesión de gracias presidenciales, y poner en práctica un plan piloto de jueces de ejecución penal.

Pues bien, todo eso tiene que cumplirse. Y aquí, un aspecto fundamental que no fue abordado por ninguno de los ministros con miras a obtener el voto de confianza, es elproblema de los miles de presos sin condena que hay en el país, como resultado del uso excesivo y arbitrario de la prisión preventiva. De acuerdo al plan de gobierno, en el 2021 los presos que están en condición de procesados representarán el 35% de la población penitenciaria y ya no el 50% que representan actualmente. Para lograrlo, tienen que implementarse medidas alternativas a la prisión preventiva, partiendo por evaluar en cada caso concreto, siempre y en primer lugar, si la comparecencia restrictiva (libertad bajo reglas de conducta) puede ser suficiente.

La implementación de los grilletes electrónicos también es aquí fundamental. Es una medida ya prevista en nuestro ordenamiento legal que podrá aplicarse como alternativa a la prisión preventiva. Pero hay que precisar que no es que los grilletes electrónicos sigan esperando y vayan a envejecer antes de ser puestos en funcionamiento. El servicio de vigilancia electrónica personal aún no se encuentra operativo, pues hasta antes del cambio de gobierno, desde Proinversión se seguía negociando el contrato con la empresa privada que lo implementará (que por cierto es la misma empresa de los bloqueadores de celulares). Definir las condiciones del contrato y de su implementación, por lo tanto, será una responsabilidad de este gobierno, y particularmente, del MINJUS.

Además, hay que tener en cuenta que los grilletes electrónicos servirán únicamente en la medida que exista un marco legal adecuado que asegure condiciones más flexibles para su aplicación. Si se mantienen las condiciones actuales, en la práctica solo podrá otorgarse esta medida a un universo muy reducido de internos. Esto, más aún porque el gobierno anterior modificó las normas aplicables a la vigilancia electrónica para que solo el 3% de los grilletes electrónicos disponibles, una vez operativo el sistema, pueda ser destinado a las personas de escasos recursos económicos.

En conclusión, tienen que tomarse estas y otras medidas urgentes si realmente se quiere empezar a resolver los problemas del sistema penitenciario. Que las palabras “tener cárceles seguras y eficaces”, y “garantizar derechos y justicia” del Premier, no se las lleve el viento, sino que se traduzcan en compromisos y acciones concretas.

*Publicado originalmente en: http://goo.gl/yXiGQN

**Fuente de foto: Perú21