Concejos
prorrogan el ordenamiento de elementos de seguridad en las calles
En la urbanización San Miguelito, entre los límites de
Pueblo Libre, Magdalena del Mar y San Miguel, hay serenos de tres municipalidades
en patrullaje permanente y 22 vigilantes particulares. También
hay once rejas que cercan el vecindario. No es para menos: el lugar
es escenario habitual de batallas campales entre pandillas.
Los vecinos pusieron las rejas hace ya varios años, pero con
el proceso de ordenamiento de elementos de seguridad, que inició
el Concejo de San Miguel, estas recién han obtenido autorización
hace algunos meses.
Este proceso no se ha dado de manera similar en otros distritos. Ha
pasado un año desde que la Municipalidad de Lima ordenara el
retiro de rejas y otros elementos de seguridad (trancas y plumas levadizas)
que dificultaran el paso peatonal y que no contaran con autorización,
entre otras irregularidades. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto.
Según
el regidor de Lima, Juan Carlos Zurek, la fiscalización de esta
labor fue delegada, hace siete meses a las autoridades distritales.
pero el ordenamiento ha ido a lento y, en algunos casos, parece condenado
al fracaso. Es el caso de Ate-Vitarte. En la urbanización Mayorazgo
continúan los accesos bloqueados, merced a rejas con candados
y bloques de cementos colocadas en medio de la calzada.
Wilder Silva, ejecutor coactivo de Ate-Vitarte, comenta que en lo que
va del año, incluso ha aumentado el número de rejas en
ese distrito. "De las 300 que habían ahora deben haber unas
350", señaló. Este año solo se ha podido retirar
ocho rejas colocadas indebidamente.
El resto, explica Silva, se sacará una vez que las juntas vecinales
se pongan de acuerdo en mantener únicamente las rejas perimétricas.
Ello se viene discutiendo en las urbanizaciones Salamanca, Mayorazgo
y Valdiviezo, en donde existe la mayor cantidad del distrito. Solo en
Salamanca se han contabilizado más de 80 rejas.
En La Molina, un 30% de sus 476 rejas ya cuenta con autorización.
El resto, incluyendo las rejas con candados y sin vigilantes, que existen
a lo largo de la avenida Alameda del Corregidor, aún tiene tiempo
hasta marzo del próximo año para regularizar su situación.
Recientemente dicho concejo emitió una ordenanza que extendía
hasta el 7 de marzo el ordenamiento de rejas.
Algo similar ha pasado en San Borja, en donde se ha prorrogado por 90
días más el ordenamiento de las 21 rejas que, estima la
gerente municipal Virgina Leiva, existen en este distrito. Sin embargo,
no se ha autorizado la instalación de ninguna durante este año.
En Santiago de Surco también hay plazo hasta noviembre para que
otras 150 rejas obtengan la aprobación municipal.
PREFIEREN EL ENCIERRO
Pese a los mecanismos que buscan regular la instalación y el
uso de rejas, este año se ha incrementado la tendencia a bloquear
la vía pública para protegerse. Según un último
estudio del Instituto de Defensa Legal (IDL), un 11,2% de la población
en Lima afirma que ha tomado la decisión de enrejar o trancar
el acceso a su cuadra o calle como medida de seguridad. A inicios del
2004 la cifra alcanzaba a un 8,0% de la población
DEBEN
SER VIGILADAS EN FORMA PERMANENTE
· En setiembre del 2004 la Municipalidad de Lima emitió
la ordenanza metropolitana 690, la cual daba un plazo de 90 días
para que se retiraran de la vía pública los elementos
de seguridad que no cumplían ciertos requisitos.
· El 7 de febrero de este año, a través de la ordenanza
774, el Concejo de Lima delegó la vigilancia de dicho proceso
a las municipalidades distritales.
· El enrejado de calles es un proceso que ha devenido del inusitado
fenómeno de colocación de rejas en cada vivienda, que
es la medida de seguridad preferida por un 36,9% de limeños.
· La instalación de una reja requiere la aprobación
del 80% de vecinos de la zona a ser enrejada. Además, debe contar
con un vigilante permanentemente.
SON OBSTÁCULOS PARA ATENDER EMERGENCIAS
"Este
año no han habido reportes de emergencias que no se hayan atendido
a tiempo por causa de una reja cerrada o sin un vigilante cerca. Sin
embargo, estas perjudican nuestra labor", comentó el comandante
Jorge Vera, director de prevención e investigación de
incendios del Cuerpo General de Bomberos.
Han habido casos, comenta Vera, en los que la atención de emergencias
ha sufrido retrasos al encontrar una reja con candado o sin un vigilante
a la vista, que facilite el ingreso oportuno de los bomberos.
"Hay estándares internacionales que señalan que la
atención de una emergencia debe realizarse entre los seis y diez
minutos de reportada. Hacerlo en mayor tiempo potencia los daños
y la propagación de un incendio", indica.
El bloqueo de la vía pública se ha concentrado en los
sectores medios y altos, refiere el estudio del Instituto de Defensa
Legal (IDL). Un 26,1% de la población perteneciente a estos sectores
admite haber bloqueado el acceso a su vecindario como medida de seguridad
frente a un 8,7% del sector bajo y un 7,1% del nivel bajo inferior,
que refiere haber tomado similar medida.
"Uno de cada cuatro limeños de clase media y alta vive en
barrios restringidos", señala el IDL.
Concejos
prorrogan el ordenamiento de elementos de seguridad en las calles
En la urbanización San Miguelito, entre los límites de
Pueblo Libre, Magdalena del Mar y San Miguel, hay serenos de tres municipalidades
en patrullaje permanente y 22 vigilantes particulares. También
hay once rejas que cercan el vecindario. No es para menos: el lugar
es escenario habitual de batallas campales entre pandillas.
Los vecinos pusieron las rejas hace ya varios años, pero con
el proceso de ordenamiento de elementos de seguridad, que inició
el Concejo de San Miguel, estas recién han obtenido autorización
hace algunos meses.
Este proceso no se ha dado de manera similar en otros distritos. Ha
pasado un año desde que la Municipalidad de Lima ordenara el
retiro de rejas y otros elementos de seguridad (trancas y plumas levadizas)
que dificultaran el paso peatonal y que no contaran con autorización,
entre otras irregularidades. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto.
Según
el regidor de Lima, Juan Carlos Zurek, la fiscalización de esta
labor fue delegada, hace siete meses a las autoridades distritales.
pero el ordenamiento ha ido a lento y, en algunos casos, parece condenado
al fracaso. Es el caso de Ate-Vitarte. En la urbanización Mayorazgo
continúan los accesos bloqueados, merced a rejas con candados
y bloques de cementos colocadas en medio de la calzada.
Wilder Silva, ejecutor coactivo de Ate-Vitarte, comenta que en lo que
va del año, incluso ha aumentado el número de rejas en
ese distrito. "De las 300 que habían ahora deben haber unas
350", señaló. Este año solo se ha podido retirar
ocho rejas colocadas indebidamente.
El resto, explica Silva, se sacará una vez que las juntas vecinales
se pongan de acuerdo en mantener únicamente las rejas perimétricas.
Ello se viene discutiendo en las urbanizaciones Salamanca, Mayorazgo
y Valdiviezo, en donde existe la mayor cantidad del distrito. Solo en
Salamanca se han contabilizado más de 80 rejas.
En La Molina, un 30% de sus 476 rejas ya cuenta con autorización.
El resto, incluyendo las rejas con candados y sin vigilantes, que existen
a lo largo de la avenida Alameda del Corregidor, aún tiene tiempo
hasta marzo del próximo año para regularizar su situación.
Recientemente dicho concejo emitió una ordenanza que extendía
hasta el 7 de marzo el ordenamiento de rejas.
Algo similar ha pasado en San Borja, en donde se ha prorrogado por 90
días más el ordenamiento de las 21 rejas que, estima la
gerente municipal Virgina Leiva, existen en este distrito. Sin embargo,
no se ha autorizado la instalación de ninguna durante este año.
En Santiago de Surco también hay plazo hasta noviembre para que
otras 150 rejas obtengan la aprobación municipal.
PREFIEREN EL ENCIERRO
Pese a los mecanismos que buscan regular la instalación y el
uso de rejas, este año se ha incrementado la tendencia a bloquear
la vía pública para protegerse. Según un último
estudio del Instituto de Defensa Legal (IDL), un 11,2% de la población
en Lima afirma que ha tomado la decisión de enrejar o trancar
el acceso a su cuadra o calle como medida de seguridad. A inicios del
2004 la cifra alcanzaba a un 8,0% de la población
DEBEN
SER VIGILADAS EN FORMA PERMANENTE
· En setiembre del 2004 la Municipalidad de Lima emitió
la ordenanza metropolitana 690, la cual daba un plazo de 90 días
para que se retiraran de la vía pública los elementos
de seguridad que no cumplían ciertos requisitos.
· El 7 de febrero de este año, a través de la ordenanza
774, el Concejo de Lima delegó la vigilancia de dicho proceso
a las municipalidades distritales.
· El enrejado de calles es un proceso que ha devenido del inusitado
fenómeno de colocación de rejas en cada vivienda, que
es la medida de seguridad preferida por un 36,9% de limeños.
· La instalación de una reja requiere la aprobación
del 80% de vecinos de la zona a ser enrejada. Además, debe contar
con un vigilante permanentemente.
SON OBSTÁCULOS PARA ATENDER EMERGENCIAS
"Este
año no han habido reportes de emergencias que no se hayan atendido
a tiempo por causa de una reja cerrada o sin un vigilante cerca. Sin
embargo, estas perjudican nuestra labor", comentó el comandante
Jorge Vera, director de prevención e investigación de
incendios del Cuerpo General de Bomberos.
Han habido casos, comenta Vera, en los que la atención de emergencias
ha sufrido retrasos al encontrar una reja con candado o sin un vigilante
a la vista, que facilite el ingreso oportuno de los bomberos.
"Hay estándares internacionales que señalan que la
atención de una emergencia debe realizarse entre los seis y diez
minutos de reportada. Hacerlo en mayor tiempo potencia los daños
y la propagación de un incendio", indica.
El bloqueo de la vía pública se ha concentrado en los
sectores medios y altos, refiere el estudio del Instituto de Defensa
Legal (IDL). Un 26,1% de la población perteneciente a estos sectores
admite haber bloqueado el acceso a su vecindario como medida de seguridad
frente a un 8,7% del sector bajo y un 7,1% del nivel bajo inferior,
que refiere haber tomado similar medida.
"Uno de cada cuatro limeños de clase media y alta vive en
barrios restringidos", señala el IDL.
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