30/09/2016

Este mes el Poder Judicial publicó un comunicado que da cuenta de cuáles han sido los principales avances logrados en el último año en seis ejes fundamentales: modernización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, reforma procesal penal y laboral, autonomía e independencia, acceso a la justicia, y enfoque de género.

En materia de seguridad ciudadana, se reporta como avance la implementación de los juzgados de flagrancia. Lo que se dice textualmente es lo siguiente:

“El Poder Judicial viene ofreciendo una contundente respuesta a la delincuencia común con la implementación de los Juzgados de Flagrancia, los cuales hasta la fecha han procesado, de manera célere y eficaz, a 40,860 personas inmersas en 38,623 casos. De esta manera, los procesos que antes se resolvían en más de 10 meses ahora culminan en días o semanas, con absoluto respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de las partes”.

Ya antes hemos criticado ese tipo de afirmaciones, por imprecisas[1]. Lo que se resalta en esas líneas es que los miles de procesos inmediatos registrados desde que entró en vigencia el Decreto Legislativo 1149 o “ley de flagrancia”, demuestran que el Poder Judicial ofrece una respuesta contundente frente a la delincuencia común. Es imprecisa, en primer lugar, porque no es cierto que los juzgados de flagrancia estén procesando predominantemente casos de delincuencia común, sino casos de omisión a la asistencia familiar. De acuerdo al último reporte del Poder Judicial, hay 49% personas procesadas por omisión a la asistencia familiar, frente a 14% de personas procesadas por hurto y robo.

En segundo lugar, porque el hecho de que cada vez haya más procesos inmediatos no puede celebrarse como un logro en sí mismo. Tendría que hacerse una evaluación –tanto a nivel cuantitativo como cualitativo– mucho más profunda, para determinar, entre otras cosas, si en todos esos casos fue correcto iniciar un proceso inmediato y si en efecto hubo un “absoluto respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales de las partes”. Hasta ahora, incluso la información estadística proporcionada por el Poder Judicial sigue siendo insuficiente, pues solo se conoce el número de los procesos inmediatos llevados a cabo y por qué delitos; no se sabe qué casos llegaron a juicio, cuáles terminaron a través de una salida alternativa o de una terminación anticipada, cuántos han sido condenados, qué penas otorgaron, etc.

Llamo la atención sobre estos aspectos, no solo a raíz del comunicado publicado, sino porque este mes también el Poder Judicial ha anunciado una nueva propuesta que servirá para “reproducir el impacto de los juzgados de flagrancia para la seguridad ciudadana”: la creación de unidades de flagrancia delictiva, en las cuales jueces, fiscales y policías puedan operar conjuntamente y así realizar todas las diligencias necesarias para procesar de manera inmediata a la persona en una misma sede[2].

La propuesta me preocupa porque detrás de ella radica la idea de reproducir el impacto de los juzgados de flagrancia, como si este hubiera sido esencialmente positivo, cuando ello no ha sido así. Existe más bien una serie de aspectos que tienen que ser mejorados[3]. Entre ellos, un primer problema que no debe pasar desapercibido es que la ley de flagrancia se haya implementado sin que antes se corrija la definición legal de flagrancia delictiva.

Desde 2010 rige en el país un concepto de flagrancia atípico e inconstitucional. Si uno revisa el artículo 259 del Código Procesal Penal, verá que legalmente se considera que hay flagrancia en cuatro situaciones: 1) cuando una persona es descubierta cometiendo un delito; 2) cuando es descubierta inmediatamente después de que acaba de cometer el delito; 3) cuando ha huido, pero es identificada durante o inmediatamente después de la comisión del delito (por la víctima, otra persona o un medio audiovisual) y es encontrada dentro de las 24 horas de producido el delito; 4) cuando es encontrada dentro de las 24 horas de producido el delito con instrumentos o señales que indican su probable participación en el hecho delictivo.

El problema de la definición es que extiende la flagrancia hasta 24 horas después de producido el hecho. En la práctica eso significa que un efectivo policial que investiga un delito cometido el día anterior, puede alegar que encontró a una persona en flagrancia delictiva solo por la existencia de señales que indican que “probablemente” participó en ese delito que investiga. Y por aplicación de la ley de flagrancia, eso significa también que esa persona será procesada (y probablemente condenada) en un proceso penal rapidísimo que está pensando únicamente para casos evidentes. Esto, a pesar de que el caso del ejemplo no es evidente, sino que amerita una investigación profunda y rigurosa que determine si realmente se trata de un delincuente o más bien de un inocente que tuvo la mala suerte de estar en el momento y lugar equivocados.

El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en contra del concepto de flagrancia que dura 24 horas en más de una ocasión. Y no es el único. El mes pasado el mismo Poder Judicial publicó el Acuerdo Plenario N°2/2016, en el cual los jueces de las Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema reconocen que la definición actual de flagrancia amplió “exagerada e irrazonablemente” la relación que debe existir entre la percepción del hecho y el momento de la intervención, restándole inmediatez y evidencia.

Por eso es urgente que antes de seguir impulsando más juzgados de flagrancia o la creación de “unidades de flagrancia”, el concepto de flagrancia delictiva de 24 horas sea modificado. Hasta que eso ocurra, las autoridades que encabezan el sistema de justicia tienen la responsabilidad de aplicar todas las medidas necesarias para asegurar que cada vez que un policía, fiscal o juez alegue que hubo flagrancia, esa flagrancia no se presuma, sino que se encuentre plenamente acreditada.

[1] Ver, por ejemplo, A más procesos inmediatos, ¿más justicia?
[2]
 Ver http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-proponen-crear-unidades-flagrancia-para-mejorar-respuesta-frente-a-delincuencia-630743.aspx
[3]
 Desde el IDL hemos venido alertando sobre ello constantemente. Puede revisar aquí un resumen de los inconvenientes que se presentan y que deben ser resueltos: http://revistaideele.com/ideele/content/justicia-r%C3%A1pida-s%C3%AD-pero-con-garant%C3%ADas
[*] Foto: Andina Noticias
[**] Artículo publicado en Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/new/juzgados-de-flagrancia-solucion-contr...