08/08/2016

El miércoles 27 de julio, siendo el último día del gobierno de Ollanta Humala, se publicó en el Diario El Peruano el Decreto Supremo Nº 012-2016-IN, mediante el cual se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1186, que regula el uso de la fuerza policial.

Recordemos que lo que hizo el Decreto Legislativo Nº 1186, publicado el 16 de agosto del año pasado, fue establecer reglas claras para el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se ajustan a los estándares internacionales de derechos humanos. Además, su promulgación dejó atrás a la Ley Nº 30151 –que inclusive fue bautizada informalmente como ‘ley de licencia para matar’–, la cual exoneraba de responsabilidad penal a los policías que maten o hieran a otras personas en el ejercicio de sus funciones. El Decreto Legislativo Nº 1186, en cambio, es claro en establecer la obligación de la PNP de aplicar la fuerza de conformidad con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; así como el carácter absolutamente excepcional del uso de la fuerza letal.

La norma actual (Decreto Legislativo Nº 1186) es entonces muy positiva, pero no estaba exenta de puntos negativos, pues lamentablemente se incluyó una regla diferente (y menos favorable bajo una lógica de respeto a los derechos humanos) para el caso de conflictos sociales. Esto fue advertido por el IDL cuando el Decreto Legislativo Nº 1186 fue aprobado:
“Uno los puntos negativos es la regulación del uso de la fuerza policial en casos de conflictos sociales. El artículo 8.3 indica que la fuerza letal se utilizará cuando haya un riesgo real e inminente de muerte o lesiones graves. Sin embargo, para conflictos sociales se exige que el riesgo sea real o inminente. Esto significa que en un proceso judicial ya no se debe demostrar que el riesgo de muerte fue real e inminente, sino solo uno de los dos adjetivos (real o inminente)”.

De allí que esperáramos la aprobación de un buen reglamento, que sirviera para precisar los alcances interpretativos del Decreto Legislativo Nº 1186. Y ello, en buena cuenta, se ha logrado.

El recién aprobado reglamento tiene varios puntos a su favor, ya que no solo especifica qué reglas de conducta debe cumplir la PNP de acuerdo a las circunstancias concretas del caso, sino que también ha resuelto, de manera correcta, la regulación correspondiente al uso de la fuerza en conflictos sociales. Lo que ha precisado el reglamento en el literal e) de su artículo 11.1, es que, ante una reunión tumultuaria violenta, la PNP solo podrá recurrir al uso excepcional de la fuerza letal en la medida que exista “un acto evidente, manifiesto e inmediato, generado por quien empleando violencia con objetos o armas, puede causar lesiones graves o muerte”.

Las disposiciones complementarias finales del reglamento son también especialmente relevantes, pues incorporan medidas indispensables para lograr la efectiva implementación del Decreto Legislativo Nº 1198 y su reglamento. Así, por ejemplo, se establece la obligación del Ministerio del Interior de transversalizar la enseñanza y capacitación de la PNP en derechos humanos, así como de actualizar y adecuar los manuales de la PNP –manual de derechos humanos, de procedimientos operativos policiales, de mantenimiento y restablecimiento del orden público, y de planeamiento operativo–. Asimismo, es positivo que se haya dispuesto la obligación de la PNP de capacitar y certificar que el personal policial que empleará el uso de la fuerza tiene las competencias necesarias para ello; y la obligación de implementar, de manera progresiva, pistas de entrenamiento para garantizar que el entrenamiento permanente de los policías en situaciones de peligro real e inminente.

Es cierto que el reglamento debió abordar más aspectos de importancia, como el uso de la fuerza no letal en el contexto de manifestaciones pacíficas y la obligación de producir información estadística confiable que permita evaluar cómo se está aplicando el uso de la fuerza policial en la práctica, así como explicitar la responsabilidad en todas las etapas de operación policial (planeamiento, dirección, conducción y ejecución) y ampliarla para que no se agote en el superior jerárquico inmediato –puntos que han sido observados por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos cuando en abril se publicó el proyecto del reglamento –; pero hay que reconocer que el reglamento constituye un importante avance hacia la implementación de un marco legal adecuado, desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos, para el uso de la fuerza policial.
Ahora bien, el principal reto es que ambas normas, decreto y reglamento, se cumplan. Le toca pues, al nuevo gobierno, actuar. El camino ya está trazado.

*Fuente de la imagen: La República

Investigadora en Seguridad Ciudadana