CINCO MINISTROS EN DESACUERDO • La intención del gobierno de
castigar con la pena capital las violaciones de menores seguidas de
muerte ha desatado controversia • El canciller José Antonio García
Belaunde advierte que su aplicación podría afectar la
imagen del Perú.
Alberto García M.
A solo dos semanas de haber sido nombrado, el primer gabinete de ministros
del Gobierno aprista expresó algunos desacuerdos. El motivo:
la iniciativa anunciada hace dos días por el presidente Alan
García de establecer la pena de muerte en nuestro país
para sancionar las violaciones de menores seguidas de asesinato.
Hasta el momento, cinco ministros han expresado sus diferencias con
esta propuesta presidencial. Otros dos –más cautos– han opinado
que se trata de un tema polémico que deberá discutirse
a fondo. El primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri,
dijo a La República que por tratarse de un tema de conciencia
se reservará su opinión sobre la pena de muerte hasta
que tenga que emitir su voto en el Congreso. En tanto el premier Jorge
del Castillo –como era de esperarse– apoyó la propuesta de García.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García
Belaunde, dijo estar en contra de la aprobación de esta medida.
Lo mismo opinó la ministra de Justicia, María Zavala,
quien consideró además que esa pena "no sería
disuasiva".
La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, declaró
que le cuesta mucho "estar a favor de la pena de muerte".
Lo mismo dijo Susana Pinilla, ministra de Trabajo, quien además
calificó de contradictoria la aplicación de la pena capital.
"Respeto los derechos humanos y creo en la posibilidad de readaptación
de los criminales", declaró Pinilla.
La ministra de la Mujer, Virginia Borra, intentó matizar señalando
que "el gabinete está de acuerdo en que la propuesta sea
analizada pensando en la defensa de la niñez".
Hernán Garrido Lecca, ministro de Vivienda, consideró
que la pena de muerte es un tema polémico y que debe ser materia
de intenso debate dentro del Gabinete.
Todo parece indicar que cuando el tema sea discutido en el Consejo de
Ministros tendrá más de una arista. La ministra María
Zavala, quien sería la encargada de presentar la iniciativa del
Ejecutivo ante el Congreso, dice que explicará al gabinete cuáles
son las implicancias legales que traería al Perú aprobar
la pena de muerte para violadores.
Zavala, sin embargo, se encargó de dejar en claro que –de ser
el caso– no tendría problema en exponer el proyecto de ley frente
al Legislativo.
Advertencia
El canciller José Antonio García Belaunde fue tajante
al advertir que la aplicación de la pena de muerte para violadores
y asesinos de niños podría afectar gravemente la imagen
del Perú en el exterior. "La imagen del país en el
exterior se vería mellada en el tema de derechos humanos, pero
no creo que afecte nuestras relaciones internacionales", opinó.
Por la noche, en un programa de televisión, la ministra de Transportes
y Comunicaciones, Verónica Zavala, también manifestó
su desacuerdo con la pena de muerte.
Sería un retroceso
Por su parte, la decana del Colegio de Abogados de Lima, Greta Minaya,
afirmó que está en contra de la aprobación de la
pena de muerte para los violadores de menores."El Gobierno debe
respetar el Estado de Derecho. El Pacto de San José y la Consitución
prohíben la pena de muerte", explicó.
Minaya adelantó que si el Perú renuncia al Pacto de San
José –requisito para ampliar las causales de la pena de muerte
(ver infografía)– podría ponerse en riesgo incluso la
extradición del prófugo Alberto Fujimori.
"Si se produce alguna traba en el proceso de extradición
del ex presidente, mientras no estemos bajo el amparo de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos no tendríamos a dónde recurrir para
solicitar una apelación", alertó Minaya.
Datos
PREVENCIÓN. El primer adjunto de la Defensoría del Pueblo,
Samuel Abad, considera que el debate debería centrarse en la
labor preventiva que debe promover el Estado para evitar que se produzcan
más casos de violación de niños en nuestro país
y no en la aprobación de la pena de muerte.
INVIABLE. Abad señaló además que la ampliación
de causales implica reformar la Constitución y renunciar al Pacto
de San José, lo que retrasaría la aplicación de
la norma.
PENA
DE MUERTE SERÍA NEGATIVA PARA EL GOBIERNO
Canciller
García Belaunde afirma que tema merece ser más estudiado.
Partidos dejarán que libertad de conciencia influya en la votación.
Mientras
el Consejo de Ministros y el Congreso se toman su tiempo para debatir
la propuesta del presidente Alan García respecto de la reinstalación
de la pena de muerte para los violadores de menores que asesinen a sus
víctimas, el canciller José Antonio García Belaunde
fue el primer integrante del Gabinete en alertar que una medida de esa
naturaleza afectaría la imagen del Perú ante la comunidad
internacional.
El canciller afirmó que si bien ningún país sancionaría
al nuestro por reimplantar en la legislación peruana la pena
de muerte, por tratarse de una decisión soberana, "evidentemente
podría tener efectos sobre la imagen del Perú y la del
gobierno en concreto".
El ministro de Relaciones Exteriores señaló que, por tratarse
de un tema recién planteado, merecía ser estudiado con
amplitud.
"Aún no puedo pronunciarme, pero para implantar la pena
de muerte en nuestro país habría que retirarse del Pacto
de San José y eso sería negativo para la imagen del país",
argumentó.
En otro momento, señaló que por tratarse de un tema jurídico
muy complejo, antes de tomar la decisión habría que consultar
con especialistas. Como adelantaron el jurista Jorge Avendaño
y el constitucionalista Domingo García Belaunde, la iniciativa
del jefe del Estado pondría al Perú al margen del sistema
legal interamericano.
Por la tarde, sin embargo, el presidente García opinó
a través de un comunicado que no es necesario abandonar el Pacto
de los Derechos Humanos de Costa Rica para castigar con pena de muerte
la violación de niños seguida de asesinato.
Según explicó, si en la Constitución de 1933 y
en el Decreto Legislativo 20583 de 1974 se sancionaba con pena de muerte
a quienes cometieran el delito de violación, al ratificarse en
1978 el Pacto de San José se tomó en cuenta eso, ya que
su artículo 4 señala: "En los países que no
han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por
los delitos más graves. Tampoco se extenderá su aplicación
a delitos a los cuales no se le aplique actualmente".
Consultado sobre esta opinión, Jorge Avendaño advirtió
que García no le está dando el peso debido al artículo
del pacto al que aludía, ya que tanto la Constitución
del 1979 como la de 1993 borraron la pena de muerte. "Actualmente
significa que hoy, que es el día en que se pretendería
imponer, la pena de muerte no se aplica", precisó.
QUÉ DICEN LOS MINISTROS
Para la titular de la cartera de Trabajo, Susana Pinilla, se trata de
un tema contradictorio, pues como madre sufre por la situación
de un menor abusado sexualmente, pero a su vez cree en el respeto a
los derechos humanos y en la posibilidad de readaptación de los
criminales.
Por su parte, la ministra de la Mujer, Virginia Borra, afirmó
que la aplicación de la pena capital tendría un impacto
legal que debe ser evaluado. Fue crítica al decir que el país
está llegando a una etapa en la que se ha perdido el control,
por lo que debe reforzarse la educación en valores y la aplicación
de sanciones drásticas a los violadores.
Las ministras de Justicia, María Zavala, y de Comercio Exterior,
Mercedes Aráoz, indicaron que harán conocer al Gabinete
su opinión.
CADA QUIEN CON SU CONCIENCIA
El vocero del grupo parlamentario del Apra, Javier Velásquez
Quesquén, refirió que el sentir de su bancada es votar
a favor de la propuesta del mandatario. "Sin haber tomado una decisión
al respecto, la mayoría apoyará la propuesta. Algunos
no están de acuerdo, por eso cabe dejar que actúen con
libertad de conciencia", acotó.
En Unidad Nacional, UPP y Alianza por el Futuro, se anunció que
se dejará a sus integrantes votar libremente sobre el tema.
Para Víctor Andrés García Belaúnde (Alianza
Parlamentaria), la propuesta del Apra busca distraer el debate de temas
importantes como la erradicación de la pobreza.
Sepa más
Según cifras del ministerio de la Mujer, de enero a junio de
este año se produjeron 946 violaciones sexuales en todo el país.
La decana del Colegio de Abogados de Lima, Greta Minaya, dijo que la
pena de muerte no será disuasiva sino que más bien incrementará
la criminalidad.
Monseñor Luis Bambarén se manifestó a favor de
la castración física y de la cadena perpetua para los
violadores.
Ítalo
Sifuentes Alemán
10/08/06 FUENTE: EL COMERCIO PG: POLITICA
PENA
DE MUERTE: OTRAS RAZONES EN CONTRA
Frente a la pena de muerte no existen medias tintas. Difícilmente
quienes son contrarios a ella lograrán convencer a quienes se
encuentran a favor, especialmente si hay de por medio crímenes
monstruosos que conmocionan a la población. Sin embargo, y ya
que estamos ante un debate nacional sobre el tema, es tarea de los medios
serios argumentar.
Para comenzar, nada logrará persuadirnos de que la eliminación
de un ser humano, por más aberrante que sea su conducta, constituye
una solución. Es por eso que la sola existencia de este debate
constituye un gran retroceso. Tenemos la impresión de que al
optar por la muerte escogemos la solución más fácil,
aquella que contribuye a ocultar los profundos problemas que existen
en la sociedad peruana, y que abarcan desde el medio familiar al educativo,
pasando por la pobreza que atenaza a las mayorías.
Para estas mayorías, la denuncia del Pacto de San José
o Convención Americana de DDHH nada significa. Y, sin embargo,
como bien ha sabido reconocer el canciller García Belaunde, desconocerlo
mellará la imagen internacional del Perú, que aparecerá
como país que no honra pactos a los que ha dado rango constitucional,
es decir, que se encuentran en su ley fundamental.
Pero, además, todo indica que reinstaurar la pena de muerte no
será posible antes de unos cinco o seis años, pues hay
que cumplir una serie de requisitos. Por lo pronto, y habiendo los partidos
políticos dejado en libertad a sus militantes al momento en que
se vote esta cuestión, será muy difícil que en
el Congreso se obtenga la mayoría de dos tercios necesaria para
aprobar –en dos legislaturas ordinarias consecutivas– la reforma constitucional.
Entre nuestros legisladores se reproduce la misma división.
Queda la solución del referéndum, adelantada por el presidente
García. Pero parece poco realizable, pues –como bien ha señalado
el jurista Jorge Avendaño– la legislación prohíbe
la utilización de la consulta ad referéndum para recortar
derechos que la Constitución reconoce. Y no cabe duda de que
el ampliar la pena capital recorta el mayor derecho de todos, que es
el derecho a la vida.
Por tanto, existen fundadas posibilidades de que el Tribunal Constitucional,
al cual acudirían sin duda los abolicionistas, declare inconstitucional
una consulta de esta naturaleza. De modo que la vía referendaria,
que antes desechamos por inapropiada y onerosa, se encuentra cerrada,
y por sólidas razones jurídicas.
Si a esto añadimos el tiempo que lleva que una denuncia del Pacto
de San José entre en vigencia, estamos hablando de algo que ni
siquiera podrá regir durante este gobierno. Entonces, es mejor
emplear ese tiempo en estudiar soluciones que impliquen un cambio en
los contextos familiar, educativo y comunitario –una mejora en la sociedad–
que emplearlo en un retorno al talionaje que, en toda época y
lugar, solo ha sido un instrumento de venganza social, jamás
un disuasivo del delito.10/08/06 FUENTE: LA REPUBLICA PG: EDITORIAL
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