Alan García reitera que los que violan o matan niños no
tienen derecho a vivir.
Propuesta del presidente de la República divide a juristas, congresistas
y especialistas.
Al amparo de un supuesto respaldo de la mayoría de la población,
y a pesar de la opinión contraria de diversos juristas, el gobierno
aprista promoverá la pena de muerte para los violadores y asesinos
de niños. El presidente Alan García adelantó ayer
que insistirá en la aprobación de esta iniciativa en el
Congreso, ya sea a través de un proyecto de ley que reforme la
Constitución o con la convocatoria a un referéndum.
"Nuestra sociedad necesita más rigor, más orden,
y los delincuentes necesitan sanciones mucho más severas. Ante
el crimen atroz que es la violación seguida de asesinato de niños
menores, yo creo que esa gente no tiene derecho a vivir. La sociedad
tiene que defenderse de ellos reinstaurando la pena de muerte",
afirmó.
Por ello, la bancada aprista está elaborando un proyecto de ley
que plantea una reforma constitucional con el fin de incluir la pena
capital para las personas que violen y maten a niños. El encargado
de coordinar esta iniciativa es el parlamentario Aurelio Pastor, quien
presidirá la Comisión de Constitución del Congreso,
que se instalaría la próxima semana.
Pastor informó que están en la etapa de consultas y de
intercambio de información sobre el tema, pues el reglamento
del Legislativo establece que el proyecto debe ser sometido primero
a un debate en la célula parlamentaria antes de que sea presentado
al Congreso. Solo la legisladora y vicepresidenta Lourdes Mendoza se
ha pronunciado en contra.
El legislador aprista se mostró confiado en que la propuesta
será aprobada, pues dijo que cuentan con el apoyo de la mayoría
de los peruanos, pese al rechazo de los juristas. "A veces los
académicos no sintonizan con lo que la población quiere",
indicó. El 86.7% de encuestados ayer por RPP se pronunció
a favor de la pena capital, frente a un 11.28% que opinó en contra
y a un 1.97% que se abstuvo.
El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, fue enfático
en remarcar que el "pueblo quiere soluciones concretas. la gente
está harta de que los violadores hagan de las suyas y, después,
terminen en la calle. Eso no puede ser". Según Del Castillo,
el gabinete está a favor de la propuesta del jefe de Estado,
a excepción de la ministra de Justicia, María Zavala,
quien plantea un aumento de penas por este delito. Dijo que va a trabajar
un proyecto de ley para regular los beneficios penitenciarios para los
violadores. La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, opinó que
"se debe evaluar la pena que la sociedad quiere imponer a estos
monstruos".
LA ESPERA. La presidenta del Parlamento y legisladora del Apra, Mercedes
Cabanillas, se pronunció a favor de la pena de muerte para los
autores de abuso sexual infantil, pero aclaró que su opinión
era a título personal. "Como presidenta del Congreso, tengo
la responsabilidad de promover el debate sobre este tema. Esto debe
consolidarse en la Comisión de Constitución y, de allí,
pasar al Pleno", precisó.
Ante la oposición de destacados juristas -como el presidente
de la Corte Suprema, Walter Vásquez Vejarano-, Cabanillas sugirió
la posibilidad de que el Perú se aparte parcialmente del Pacto
de San José para establecer la pena de muerte sin violar los
tratados internacionales. Si el Congreso aprobara la pena capital, se
requeriría -por lo menos tres años- para que el Poder
Judicial emita una sentencia de este tipo contra algún violador
y asesino de un menor, detalló el penalista Luis Lamas Puccio.
El jurista explicó que este sería el tiempo mínimo
que tomaría realizar un debate nacional sobre el tema.
Sin embargo, Lamas Puccio opinó que la sanción penal no
pondrá fin a las violaciones de menores. "Se requiere establecer
una política de salud pública que incluya un conjunto
de medidas para disuadir a los autores de estos delitos", expresó.
Una vez más se ha reabierto el polémico debate sobre la
pena de muerte para los violadores y asesinos de niños. Sin embargo,
esta no es la única alternativa. También figuran la castración
química, el incremento de las sanciones y el establecimiento
de una política preventiva y educativa. Solo el tiempo dirá
qué opción elegirán las autoridades o el pueblo,
si se llega a realizar un referéndum.
OPINIONES
EL
CASTIGO AL VIOLADOR
¿Es la pena de muerte una respuesta acertada? No.
El presidente Alan García reiteró ayer su intención
de impulsar una reforma constitucional que permita establecer la aplicación
de la pena de muerte para los violadores de menores.
No se trata de un planteamiento sacado de la manga por el jefe de Estado
con el fin de congraciarse con una ciudadanía que -es obvio-
está mayoritariamente a favor de esta drástica medida,
puesto que él mismo la propuso en la campaña electoral
y la insinuó durante el mensaje a la nación con el que
inauguró su mandato.
Pocos crímenes pueden producir tanta indignación como
la violación y el asesinato de un menor, y es evidente que la
sociedad peruana ha tenido una mirada excesivamente contemplativa ante
una lacra como esta, que se ha extendido sin que encuentre una forma
de ser contrarrestada. No hay duda, por tanto, de que constituye un
delito que debe ser encarado con decisión y firmeza.
La interrogante, sin embargo, es sobre la manera correcta de hacerlo.
La pena más drástica -la de muerte- se presenta ahora
como una solución y es comprensible que la mayoría de
personas piense de ese modo, es decir, que, como ha dicho el presidente,
esos criminales atroces no tienen derecho a vivir.
La respuesta, sin embargo, debe analizarse con cabeza fría a
pesar de que estamos ante un delito que afecta la posibilidad de actuar
de ese modo.
Al margen de la posición individual que cada persona tenga sobre
la vigencia de la pena de muerte, lo cual no pasa por un asunto ideológico
o político, sino de principios -y este columnista declara, por
este motivo, su oposición a la misma-, lo relevante es cuán
efectivo puede ser este castigo definitivo para corregir ese terrible
mal.
La experiencia internacional en la materia concluye que lo más
probable es que la pena de muerte no sería una medida efectiva
que contrarrestaría la violación de menores, y ahí
radica un motivo práctico de su inconveniencia. Asimismo, su
aplicación demoraría, en el mejor de los casos, más
de cuatro años. Entonces, ¿no sería más
útil y realista pensar en qué hacemos, mientras tanto,
frente a esta lacra?
09/08/06 FUENTE: PERU 21 PG: EDITORIAL
CONTRA
LA PENA DE MUERTE
Una
de las muestras más evidentes de subdesarrollo en sociedades
como la nuestra consiste en el retorno cíclico de los mismos
debates, que nunca se concluyen. Ahora se pretende arrastrar al país
al viejo debate sobre la implantación de la pena de muerte para
violadores, sintonizando en ello con una parte de la opinión
pública partidaria del talionaje ante formas extremas de delito,
como la violación de menores de edad.
En este debate, nuestra opinión siempre ha sido y será
contraria a quienes persisten en creer que instaurando severísimas
sanciones se logrará atenuar la ola de criminalidad. Este razonamiento
torpe no data de hoy, fue impuesto con ocasión del autogolpe
de 1992 por la dictadura fujimorista, y desde entonces se han modificado
no menos de 200 veces las sanciones del Código Penal, siempre
para hacerlas más severas, en un crescendo que llega ahora a
la pena de muerte y que no ha logrado disminuir en nada la criminalidad.
Creer que porque se implanta la pena de muerte se va a disuadir a la
delincuencia en un país como el nuestro solo puede ser fruto
de la ingenuidad o mala conciencia. Esto, desde luego, no quiere decir
que la sociedad deba permanecer indefensa frente al crimen, pero las
legislaciones modernas de Estados vecinos intentan combatirlo valiéndose
de otros métodos, y no del talionaje. Pues es obvio que ciertos
delitos atroces obedecen a patologías que no serán detenidas
por la implantación de la pena capital.
Mucho más útil resulta el establecimiento de una sólida
política penitenciaria, incrementando el número de prisiones
y restaurando las que se encuentran en mal estado, de modo que se las
pueda devolver a sus fines originales de rehabilitación de los
internos y no se conviertan en "universidades del delito",
separando a primerizos de reincidentes, a debutantes de avezados, y
brindándoles procesos rápidos, severos y justos.
El pretexto para instaurar la pena de muerte es que hay delincuentes
irrecuperables, pero este tipo de violador de la ley es indiferente
a los peores castigos. Además, volver a instaurar la pena de
muerte implica una reforma constitucional –sería costoso y absurdo
convocar a un referéndum– y la denuncia del Pacto de San José
y la Carta Americana de DDHH. Que Lourdes Alcorta diga que "le
importan un rábano los DDHH", solo recae sobre ella, que
por lo visto cree que para ‘llegar al pueblo’ hay que ser chocante y
vulgar.
Lo reiteramos: la pena de muerte no ha frenado la criminalidad en parte
alguna. Hay que dejar de pensar que con sanciones más drásticas
se resuelven problemas derivados de carencias graves de formación
y educación, a las que se añade la marginación
social. Cuando la pena capital no dé resultados, ¿acabaremos
como en tiempos del Imperio Romano, cuando se consideraba que la muerte
era poco para ciertos delitos, razón por la cual se dejaba a
los criminales insepultos y se esparcía sal en sus casas demolidas?
09/08/06 FUENTE: LA REPUBLICA PG: EDITORIAL
JUECES
NO APLICAN DURAS PENAS CONTRA DEPRAVADO
Acción por los Niños pide al Poder Judicial que informe
sobre sanciones a violadores.
4Expertos temen que congresistas busquen distraer a la opinión
pública con polémica.
El 7 de setiembre, a Carlos Valencia Huertas, de 12 años, cinco
drogadictos lo abordaron en una calle de Puente Piedra. Tras arrebatarle
su bicicleta, los depravados lo violaron. Los gritos del escolar irritaron
tanto a estos sujetos que uno de ellos no dudó en lanzarle una
piedra en la cabeza y destrozarle el cráneo. Posteriormente,
lo quemaron. Los criminales fueron condenados a 27 años de prisión.
La sentencia -emitida en marzo de este año- podría reducirse
a nueve años con beneficios penitenciarios.
La indignación de los Valencia no cesa. Ellos piden la pena de
muerte para los violadores. Hoy, que el tema ha vuelto a ponerse sobre
el tapete, tras el anuncio del presidente García, la polémica
-en todos los tonos- ya se inició. Algunos están a favor
de la pena capital, mientras que otros la rechazan y hay quienes plantean
la castración química.
Al margen del debate, lo cierto es que la cadena perpetua -la máxima
pena para estos casos- está vigente. El problema es que la ley
no se aplica.
REACCIONES. El psicoanalista Saúl Peña se mostró
en contra del planteamiento de la condena de muerte, tras considerar
la cadena perpetua como la mejor sanción. "Creo que la sociedad
tiene que evaluar cada caso, pues esta gente padece de una patología
muy seria. Para proteger a la sociedad de estos monstruos hay que aplicar
el castigo que corresponda, pero no llegar a la pena de muerte",
indicó.
A su criterio, estas personas deberían ser tratadas en las cárceles
por especialistas con el fin de rehabilitarlas, "pero mientras
esto no ocurra y representen un peligro, no pueden estar libres",
refirió. El psicoanalista no descartó la castración
química.
IMPUNIDAD NO. María Pía Hermoza, de la ONG Acción
por los Niños, también está en contra de la pena
de muerte. De acuerdo con la experta, la ley vigente contempla severas
sanciones para los violadores de menores. "Exhortamos al Congreso
a que no desvíe la atención del problema. Lo preocupante
es que las leyes no se cumplen y generan, en las víctimas, en
sus familias y en la ciudadanía, una sensación de impunidad",
manifestó.
La especialista pidió al Poder Judicial que cumpla con su tarea
de aplicar justicia y dé cuenta a la ciudadanía de los
casos que han sido sancionados con cadena perpetua y cuán adelantados
están los procesos.
El rector del Seminario de Santo Toribio, José Luis Méndez,
señaló que no hay crimen que justifique la pena de muerte.
El sacerdote explicó que, si bien se trata de un delito grave
de homicidio, no se dan todas las condiciones para que se aplique en
el país.
"Una de las razones para que la pena capital sea lícita
es que no exista otro modo de evitar que se cometa este delito",
afirmó. En su opinión, la cadena perpetua sigue siendo
una de las medidas más razonables.
09/08/06 FUENTE: PERU 21 PG: POLITICA
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