Liliana
La Rosa Huertas.
A tres años de su creación, la Comisión Nacional
de Juventud (CNJ), como parte del sistema CONAJU (Consejo Nacional de
la Juventud), ha dado tres pasos iniciales y muy tímidos: constituirse
como instancia publica, consensuar lineamientos de política y
generar el Plan Nacional 2006-2011. Si el gobierno del presidente Toledo
hubiese priorizado enfrentar seriamente la pobreza se habrían
implementado políticas públicas de juventudes de mayor
envergadura, siendo el sector juvenil uno de los más afectados
por la pobreza y falta de oportunidades. La nueva administración
de Alan García debe tomar en serio una reforma del CONAJU con
una adecuada priorización y dimensionamiento de su rol en la
sociedad, haciendo de él un eje de la lucha contra la pobreza.
Para ello es necesario otorgar al sistema CONAJU participación
en el control de la asignación de la inversión pública
en materia de juventudes, para que los sectores del Estado que desarrollan
programas para esta población firmen Acuerdos de Gestión
con el CONAJU y el MEF. Los acuerdos deben establecerse en función
de la planificación y presupuesto participativo local o regional
y de las prioridades establecidas con los sectores. Deberán también
obedecer a una lógica de Gestión por Resultados, lo que
supone tener indicadores de procesos e impacto, vinculados a incentivos
presupuestarios y de reconocimiento social, así como procesos
de certificación y acreditación de programas y recursos
públicos en materia de juventudes.
Además, la Comisión Nacional de Juventudes (CNJ), debe
tener a un equipo técnico con experiencia en la gestión
pública, en el área de juventudes y con el necesario apoyo
político. Es fundamental superar la idea de que la CNJ debe ser
liderada necesariamente por un joven o una joven (por ejemplo de las
juventudes políticas). La CNJ es una instancia del Estado, no
un espacio de representación de juventudes.
El Consejo de Participación de la Juventud (instancia de la sociedad
civil que participa en el Sistema CONAJU), debe diversificar su representatividad
y generar mecanismos para institucionalizarse en los niveles regionales
y locales. Además, debe cumplir un rol de monitoreo activo de
los acuerdos de gestión y de la transparencia del proceso de
evaluación que realice la CNJ.
En términos de políticas públicas para juventudes
sugerimos que en el corto plazo el Sistema CONAJU impulse un programa
Juntos para Jóvenes que otorgue subsidios directos con incentivos
a madres y padres jóvenes, jóvenes que no han culminado
por lo menos once años de estudios, jóvenes egresados
del INABIF, jóvenes sin hogar, que viven en la calle, jóvenes
de poblaciones nativas y alto andinas. Estos subsidios deben estar acompañados
de mecanismos de inclusión en el sistema escolar formal, aprendizaje
de oficios, afiliación a seguro de salud, inscripción
en registros de identidad, participación en organizaciones, etc.
El Programa de Voluntariado Social debe integrar a los jóvenes
de distintos sectores sociales, de forma tal de romper la segregación
y movilizar las capacidades de nuestra población a favor de los
que más lo necesitan. Adicionalmente, poner en marcha el Servicio
de Graduados para el Desarrollo Local. Proponemos que los graduados
de profesiones diversas tengan la oportunidad de tener su primer empleo,
con un sueldo básico y a lo largo de dos años en las zonas
más pobres del país. Estos graduados podrían constituir
núcleos de profesionales de apoyo para las localidades que en
coordinación con la mesa de lucha contra la pobreza, logran establecer
un plan y presupuesto participativo.
Los jóvenes organizados deben participar en la cogestión
de los bienes y servicios públicos. El esquema de los Consejos
Locales de Salud debe generalizarse hasta el tercer nivel de atención
de salud e incluir a las organizaciones de jóvenes. Asimismo,
es necesario fortalecer la cogestión de las Escuelas, el servicio
militar, los estadios y canchas deportivas, los hogares y albergues
para adolescentes y jóvenes.
El sistema CONAJU puede hacer la diferencia en la transversalización
y desarrollo de políticas de Juventudes para la Inclusión
Social, si y solo si el nuevo Gobierno lo toma en serio y lo hace parte
sustantiva de una reforma de las políticas sociales.
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