ACCIONES
EN JUSTICIA • García anuncia que pedirá la reforma constitucional
para sancionar a violadores que maten niños • Buscará
que los países de destino de la droga juzguen a los narcotraficantes
• Propone una Procuraduría para defender los intereses del Estado.
Por César Romero y Ana Véliz.
En el sector Justicia dos son los temas que resaltan en el discurso
del presidente Alan García: la posibilidad de restablecer la
pena de muerte para violadores de niños que, además, provoquen
su muerte, y la extradición a los narcotraficantes para que sean
juzgados en los países de destino de la droga.
Además
de esos puntos, el Presidente habló de establecer una Procuraduría
General para una mejor defensa de los intereses estatales, nombrar un
zar anticorrupción ajeno al Partido Aprista que sea propuesto
por las universidades y partidos políticos representados en el
Congreso, y reformar la administración penitenciaria. Sobre el
Poder Judicial, el Presidente García dijo a los jueces que respetará
su independencia y apoyará la pronta aplicación del nuevo
Código Procesal Penal en Lima, mientras que los exhortó
a emitir sentencias prontas para que la ciudadanía vea que se
castiga el delito.
¿Y
la ley internacional?
Abogados
y magistrados consideran difícil de hacer realidad los dos primeros
planteamientos. La pena de muerte nos enfrenta a un problema de legalidad
internacional. "El Perú es firmante de la Convención
Americana de Derechos Humanos, que suprime la pena capital y prohíbe
su reimplantación", indicó el vocal Pablo Talavera.
En tanto,
la entrega de narcos solo será posible para los integrantes de
cárteles de la droga ya conocidos y requisitoriados en otros
países. "En los demás casos, será difícil
que un país reclame a una persona solo por el supuesto de que
iba a exportar cocaína a su territorio", anota el abogado
Francisco Núñez Peña. Además, ese país
solo se enterará de ese hecho cuando el Perú le informe
y mientras tanto tendremos que detener y procesar a esa persona.
La creación
de una Procuraduría del Estado buscaría centralizar en
un solo organismo una defensa que hoy está dispersa y aislada
en cada ministerio o institución. "Hoy existe el Consejo
de Defensa Judicial del Estado pero como ente coordinador sin capacidad
de decisión y ejecución, que dificulta ejercer una defensa
con eficiencia y prontitud", recuerda el abogado Luis Francia.
Precisiones
Ministra. La flamante ministra de Justicia, María Zavala Valladares,
anunció una reforma integral del Instituto Nacional Penitenciario
(INPE) para combatir la corrupción y la sobrepoblación
carcelaria.
Procuraduría.
María Zavala indicó, además, que respaldará
a la procuraduría anticorrupción. “El doctor Antonio Maldonado
ha hecho una buena labor y vamos a seguir apoyando su trabajo (...)
estratégicamente no es prudente en estos momentos hacer un cambio
radical”, anotó
ENFOQUE
ANUNCIOS DIFÍCILES DE CUMPLIR
Ronald Gamarra.
Abogado, ex procurador.
La violación seguida de muerte de un niño tiene pena de
cadena perpetua, por lo que si el presidente Alan García habló
de una reforma constitucional debe haberse referido a la posibilidad
de restablecer la pena de muerte, pero no lo mencionó porque
sabe que esto no se puede hacer. El Perú no se puede retirar
de la Convención Americana de Derechos Humanos. Alberto Fujimori
lo intentó y no pudo hacerlo. No es tan simple como decir me
retiro.
La Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que ningún país
puede reimplantar la pena de muerte. En el Perú la pena capital
solo es posible en caso de traición a la patria en tiempo de
guerra externa. Si se insiste en establecer esa pena, la CIDH va a decir
que el Perú viola la Convención Americana y nos va a condenar
por afectar los Derechos Humanos. Deben estudiarse otros mecanismos
para los violadores de niños.
En el otro
tema mencionado por el presidente García, tampoco veo posible
extraditar a los narcotraficantes a los países de destino de
la droga, porque para que se hable de delito, este tiene que haberse
consumado. Solo ante un crimen consumado un país va a solicitar
la extradición de una persona. Creo que en este aspecto sería
más positivo firmar convenios bilaterales para que las órdenes
de detención tengan valor en cualquier país sin necesidad
de extradición
JURISTAS
EN CONTRA DE INSTAURACIÓN DE PENA DE MUERTE A VIOLADORES
07/08/06 FUENTE: LA REPUBLICA PG: POLITICA
Eguiguren y Valega coinciden en que habría penas más efectivas
y sin perjudicar orden constitucional.
La instauración de la pena de muerte implicaría modificar
nuestra Constitución, además de apartar al Perú
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincidieron los juristas
Francisco Eguiguren y César Valega.
Eguiguren explicó que si bien la indignación social ante
casos de violación a menores de edad se justifica, al poner en
una balanza lo que ha demostrado para el país pertenecer a la
Corte Interamericana y el Pacto de San José, el Perú perdería
más en materia del respeto a los derechos humanos. "Convendría
buscar otros castigos como la cadena perpetua sin beneficio penitenciario
alguno", detalló el abogado al ser consultado por una medida
que sea intimidante y que no atente contra el orden legal actual.
Por su parte, César Valega ratificó lo dicho por Eguiguren
y agregó que el problema radica en la dejadez del Estado por
solucionar las causas del problema antes de sancionar las consecuencias.
"La aplicación de una campaña nacional de protección
al menor y la lucha contra la pobreza serían las primeras medidas",
dijo el letrado.
César Valega agregó que también habría que
graduar las penas para distintos tipos de casos, pues no es lo mismo
violación simple que el delito de violación y asesinato
de la víctima.
El dato
CADENA PERPETUA. Para Valega, esta pena sería más intimidante
puesto que implica el sufrimiento del condenado
RECHAZAN
PENA CAPITAL PARA VIOLADORES DE NIÑOS
07/08/06 FUENTE: PERU 21 PG: CIUDAD
Perú tendría que abandonar Pacto de San José, lo
que afectaría su imagen internacional.
Expertos opinan que no es una sanción disuasiva y que podría
ser contraproducente.
Durante su campaña, el presidente Alan García prometió
restituir la pena capital para violadores de niños. En el debate,
dijo: "Cuando veo el escándalo de los niños violados
y asesinados por el deseo lúbrico y bajo de los violadores, pienso
en proponer la pena de muerte para eliminar esta lacra".
Apenas llegó al poder, su primer ministro, Jorge del Castillo,
confirmó la decisión de impulsar la medida. Interrogado
sobre la controversia que generaría esta decisión, afirmó:
"Las principales potencias del mundo la aplican y nadie se escandaliza".
NO ES CONVENIENTE. Sin embargo, ¿podrá el mandatario cumplir
su promesa? El constitucionalista y congresista del partido Aprista
Javier Valle Riestra afirmó que sí, pero solo si el Perú
está dispuesto a renunciar a la Convención Interamericana
de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que aceptó
respetar en la Constitución de 1979. "Si aprobamos la pena,
nos autoproscribiríamos del pacto, lo que no sería ético
y dañaría la imagen del país", destacó.
Para colmó, alertó, las consecuencias podrían ser
graves.
Valle Riestra opinó que la pena de muerte no es viable, pues
"la justicia peruana es primitiva, totalitaria y capaz de condenar
a un acusado solo por la presión de la prensa". Para el
experto, la medida no tiene efectos disuasorios ya que, aseguró,
la criminalidad es similar en países que la aplican y no la aplican.
"Ya que la violación es un delito más común
en los pobres, son ellos -los que más apoyan la sanción-
los que van a terminar en el paredón. No podemos permitir que
se bañe al Perú de sangre", sentenció.
Similar opinión tuvo el abogado penalista Luis Lamas Puccio.
El especialista opinó que, antes de incrementar las sanciones,
el Gobierno debería implementar una política para proteger
a la niñez, es decir, atacar el origen del problema. "Reimplantar
la pena capital y alejarse de la convención demorará más
de tres años. Mientras tanto, ¿el país se va a
quedar con los brazos cruzados?", se preguntó.
Lamas lamentó que el tema siempre sea discutido por motivaciones
políticas y no responda a un planteamiento bien sustentado. Ayer,
el coordinador de la Comisión de Justicia del Parlamento, Raúl
Castro, también rechazó la medida, pues "el margen
de error del Poder Judicial en el Perú es bastante alto"
y se podría cometer excesos. Dadas las condiciones internacionales
-precisó-, "es inviable en este momento.
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