La
situación de nuestro sistema carcelario no da para más.
Tenemos 34.000 presos hacinados y un 90% de los penales del país
está en mal estado.
Por si fuera poco, corrupción e ineficiencia imperan por igual
en el sistema y, así, al tiempo que el Instituto Nacional Penitenciario
gasta millones en equipos de registro que no sabe utilizar, los sobornos
de los presos pueden conseguir desde el ingreso de alimentos prohibidos,
hasta la vista gorda de la autoridad frente a los delitos que se siguen
cometiendo desde la prisión.
Es inútil seguir buscando salidas cosméticas a esta situación.
El sistema nacional penitenciario necesita cuidados intensivos, urgentes
y eficaces. La necesidad de una nueva política carcelaria implica
volver a foja cero y reconstruir todo desde ahí. Lo demás
-- como seguir aumentando el número de trabajadores del INPE
o rotar la custodia de las cárceles para que sea asumida por
el personal del instituto penitenciario o la PNP--, es simplemente postergar
la solución de una crisis que amenaza con desbordarse.
Por ello nuevamente debemos insistir en la urgencia de ir a un cambio
estructural y pensar seriamente en que empresas privadas administren
el sistema penitenciario. A diferencia de las entidades públicas,
como el INPE, donde las sanciones y los delitos de las cabezas no se
castigan, el sector privado sí dispone de mecanismos de sanción
efectiva. Es más, si no ofrece un buen servicio, los contratos
pueden ser rescindidos y convocar a una nueva licitación pública
supervisada bajo parámetros internacionales.
Lo que no podemos permitir es que los penales sean antros del delito
y un peligro para los de adentro y los de afuera. Tampoco entidades
corruptas sumidas en el escándalo y, obviamente, incapaces de
hacer de las cárceles centros de readaptación y reinserción
social. |