La
decisión de la Municipalidad de Lima Metropolitana de retirar
de las pistas las unidades con más de 35 años de antigüedad
resulta sumamente polémica y solo podría entenderse como
un primer paso en el largo y complejo camino del reordenamiento del
transporte urbano.
Y es que, de primera mano, tal iniciativa no resuelve de ninguna manera
el caos del tránsito y del transporte automotor, uno de los más
graves problemas que desordena, contamina, afea y tuguriza la ciudad.
Por lo mismo, como lo hemos subrayado, Lima no podrá cambiar
si no se aborda frontalmente este factor.
En tal contexto, la reciente medida de retirar los ómnibus de
más de 35 años no mejorará la fluidez del tránsito,
pues solo afecta al 0,5% de la flota de transporte público, es
decir, aproximadamente 130 vehículos. Distinta hubiera sido la
situación si se hubiera rebajado la antigüedad a los 25
años, lo que comprendería unas 6.400 unidades, entre ómnibus
y camionetas rurales.
Sin embargo, el reordenamiento no se agota aquí. Aparte de decisión
municipal para exigir que se renueve la flota gradualmente, debe revisarse
el sistema de licencias de rutas --a lo que obviamente se oponen los
transportistas irresponsables--, y promover la educación vial
de conductores, usuarios y peatones.
Asimismo, otro tema fundamental e insoslayable es el de las revisiones
técnicas, que han sido objeto de incontables e injustificadas
postergaciones, con el consiguiente perjuicio para todos. La premisa
básica es : no habrá mejora sustantiva de la calidad de
vida de los ciudadanos de los diversos niveles socioeconómicos
si no se soluciona el caos del tránsito y del transporte urbano.
El problema es, pues, grave, acuciante y ya insostenible, por lo que
puede demorarse más su solución integral. Es cierto que
la actual administración municipal está en sus últimos
meses, pero los proyectos que se avancen deben merecer la evaluación
técnica e imparcial de los transportistas, del Gobierno y, por
supuesto, de los grupos políticos y de los consumidores.
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