CNM
no ratifica la mitad de las destituciones a los jueces y vocales. Siguen
trabajando en el INPE empleados involucrados en escándalo en
penal
En
nuestro país, la corrupción tiene miles de rostros y miles
de formas. Puede encarnarse en un funcionario de cuello y corbata que
recibe una jugosa coima para favorecer a una empresa en una licitación.
O quizás tomar el aspecto de un burócrata que le cobra
100 soles a un jubilado para agilizar algún trámite.
A pesar de que en los últimos años el elemento audiovisual
se ha convertido en una herramienta para destapar estos casos, dicha
lacra tiene un aliado que le permite seguir desarrollándose:
la impunidad. Los actos irregulares que se cometen en la administración
pública son sancionados con guantes de seda, lo que constituye
una puerta abierta para que otros funcionarios los sigan realizando.
Muchas veces es por falta de decisión de las propias dependencias
fiscalizadoras y otras veces es la misma ley la que se convierte en
el lazo que ata las manos de las autoridades.
JUSTICIA CIEGA
Eduardo Calmell del Solar, el ex director del diario "Expreso",
tiene a quién agradecerle su libertad: al juez Víctor
Arbulú. En julio del 2002, el titular del Juzgado Penal 10 del
Callao le aceptó un hábeas corpus que le permitió
salir de prisión y, posteriormente, fugar del país. Luego
de una investigación, la Oficina de Control de la Magistratura
(OCMA), solicitó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)
la destitución de Arbulú, pedido que no fue aceptado.
Hoy el juez continúa despachando en su oficina mientras que Calmell
del Solar vive tranquilo en Chile.
Otro 'afortunado' fue el juez Alfredo Catacora. El magistrado del Juzgado
Penal 11 de Lima fue investigado durante cuatro meses por la Unidad
Operativa Móvil de la OCMA por presuntas irregularidades cometidas
durante la investigación y lectura de sentencia de la periodista
Sally Bowen. A pesar de que dicha unidad solicitó la suspensión
de Catacora por 30 días, este solo recibió una sanción
menor.
Según las estadísticas de la OCMA, desde enero del 2002
hasta la fecha, dicha institución ha propuesto al Consejo Nacional
de la Magistratura (CNM) la destitución de 155 magistrados. A
pesar de esto, el titular de dicha institución, Francisco Távara,
explicó que la mitad de esas solicitudes han sido rechazadas
por el CNM, instancia que tiene que ratificar ese tipo de sanciones.
Estas solicitudes fueron respaldadas por una investigación previa,
algunas de las cuales duraron hasta seis meses. A pesar de la gravedad
del asunto, esta situación está cambiando. Távara
señaló que los nuevos consejeros que han ingresado a la
institución han corregido esta actitud de sus predecesores y
agregó que en lo que va del año el CNM no ha rechazado
ninguna solicitud de destitución de la OCMA.
Entre el 2002 y el 2006, la entidad de control ha impuesto 4.713 sanciones
a diversos magistrados de todo el país. Pero la mitad de estas
son simplemente apercibimientos (llamadas de atención).
SIN PENITENCIA
El escándalo protagonizado por José Gamboa, el director
del penal de Piedras Gordas que recibió un fajo de dólares
de manos del temible delincuente 'Cojo Giovanni', destapó toda
una red de corrupción en la que estarían involucrados
varios trabajadores de dicho establecimiento. Ni bien la noticia trascendió
a la opinión pública, el jefe de Instituto Nacional Penitenciario
(INPE), Pedro Salas, salió a los medios de comunicación
para anunciar la destitución de Gamboa y del hasta hoy prófugo
subdirector Daniel Moreno Sarmiento. También informó sobre
la remoción de otros ocho funcionarios presuntamente involucrados
en ese escándalo. ¿Mano dura? Veamos.
Por un lado, los ocho trabajadores que están siendo investigados
por el Ministerio Público no han sido suspendidos en sus funciones.
Simplemente han sido removidos por el INPE. Es decir, continúan
laborando y cobrando sus sueldos pero han sido cambiados a diferentes
oficinas administrativas. Y eso no es todo. A pesar de las evidencias
en su contra, José Gamboa sigue siendo funcionario del INPE.
Si bien ha sido separado del cargo de director, no puede ser expulsado
de la institución mientras no concluya el proceso administrativo
que tiene abierto.
El jefe del Programa de Asuntos Penales de la Defensoría del
Pueblo, José Ávila, opinó que, a pesar de que aún
no se determinan las responsabilidades penales de estos servidores,
en materia administrativa sí se pudo haber tomado acciones.
Este Diario solicitó al INPE un balance sobre las sanciones administrativas
impuestas a su personal en los últimos años. Aunque está
información no nos fue brindada, extraoficialmente se pudo saber
que el año pasado fueron investigados por diversas faltas 165
trabajadores, de los cuales fueron absueltos 41 y destituidos otros
17. Los restantes recibieron sanciones como cese, suspensión
y amonestación. En el 2004 se investigó a 446 funcionarios,
empleados y subalternos. Solo 38 fueron destituidos. Otros 144 empleados
salieron libres de polvo y paja. Fueron absueltos de toda responsabilidad.
Percepción ciudadana
La última encuesta realizada por la empresa Apoyo, Opinión
y Mercado revela que el 81% de los limeños desaprueba la labor
del Poder Judicial. La encuesta nacional de victimización indica
que el 70% de la población desconfía de la policía.
Héctor Villalobos Pávlica
ENFOQUE:
EL REINO DE LA IMPUNIDAD
Cada vez que un escándalo de corrupción se conoce y llega
a la opinión pública, las autoridades de la institución
involucrada salen a anunciar que se sancionará con todo el rigor
de la ley a los servidores responsables.
Pasado
el alboroto, el caso pasa al olvido y los encargados de fiscalizar aprovechan
que ya no están en el ojo de la tormenta para pasar por alto
la sanción a los implicados.
No se trata tampoco de aplicar medidas punitivas a ultranza ni de sancionar
por cualquier cosa, pero lo cierto es que una falta grave merece un
castigo. Y es doblemente grave si quien la comete es alguien que tiene
la responsabilidad de velar por los intereses de la sociedad. Si un
policía comete un delito, entonces es un peligro para la población
que siga luciendo un uniforme. Si un juez viola la ley, entonces, ¿con
qué autoridad moral puede seguir aplicándola? Y si un
funcionario penitenciario recibe coimas de los reclusos ¿cómo
puede entonces encargarse de custodiarlos?
Las sanciones administrativas no son solo para estar escritas en los
manuales de procedimientos, que son desempolvados cada vez que revienta
un escándalo. Deben ser aplicadas cada vez que se violen las
normas. No hay que olvidar que la impunidad es el mejor incentivo para
la corrupción.
Héctor
Villalobos
periodista
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