Especialistas
opinan que candidatos demostraron desconocimiento de la Ley de Seguridad
Ciudadana.
Desde 2003 está vigente en nuestro país la Ley del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana, en la que se establece que los comités
provinciales o distritales están presididos por los alcaldes,
quienes tienen la facultad de formular planes, programas, proyectos
y directivas para garantizar la tranquilidad pública de su jurisdicción.
Sin embargo, anoche Alan García y Ollanta Humala se enfrascaron
en un debate sobre cuál debe ser el papel que tienen que cumplir
los burgomaestres en este tema.
Para el ex ministro del Interior Gino Costa, esta es una demostración
de que ambos candidatos presidenciales desconocen el tema. "Me
llamó la atención que no supieran de la existencia de
la Ley 27933, que ha sido diseñada para integrar a la Policía,
los gobiernos locales, el Ministerio Público y a las autoridades
educativas y de salud, la Iglesia y la sociedad civil en este tema",
explicó.
Durante el debate Humala dijo que "no se ha establecido una responsabilidad
real de quién establece la política de seguridad ciudadana",
mientras que García manifestó que "los alcaldes deben
participar, pero que no deben ser los jefes de la Policía Nacional;
no son los jefes del orden público".
TEMAS AUSENTES. Costa advirtió que hubo dos temas ausentes: reforma
policial y lucha contra la corrupción en las instituciones encargadas
de la seguridad y la justicia. "Estas medidas son fundamentales,
no solo en la Policía sino también en el Ministerio Público,
Poder Judicial y el sistema penitenciario. Creo que antes de fortalecer
las instituciones, es más importante reformarlas y mejorar su
gestión", refirió.
Por su parte, el general PNP( r) Eduardo Pérez Rocha expresó
que ninguno de los candidatos ha señalado cómo va a disminuir
la inseguridad y fortalecer a la Policía. "No han satisfecho
a la ciudadanía ni al cuerpo policial. No han hablado del sueldo
de los agentes ni del presupuesto para un sector que está sin
fondos ni medios para luchar contra la delincuencia", cuestionó
LAS PROPUESTAS. En tanto, Gabriel Prado, especialista del Instituto
de Defensa Legal, destacó la propuesta del candidato aprista
de plantear la seguridad ciudadana como una política de Estado,
pero calificó de "populista" anunciar la pena de muerte
para los violadores de niños. "Esta medida no resolverá
los problemas", acotó.
Discrepó del líder nacionalista acerca de que los comités
de autodefensa y las rondas campesinas formen parte del sistema de seguridad
ciudadana. "Estas responden a contextos y demandas distintos; es
importante potenciar la participación vecinal, pero a través
de las juntas vecinales", explicó.
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