Policía no sabe quiénes y cuántos son los delincuentes
que salen de prisión. Reforma en Poder Judicial, INPE y PNP son
urgentes para encarar secuestros
En
una investigación policial el poder también lo ostenta
quien maneja más información. La advertencia de un nuevo
secuestro, las andanzas de un delincuente liberado a pesar de su amplio
prontuario criminal, el testimonio de un confidente, una anónima
comunicación que desliza algún indicio y el acceso a documentación
privilegiada --cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, registro
de llamadas telefónicas-- pueden ir delatando las pistas para
armar el rompecabezas.
En un secuestro, por ejemplo, mientras más piezas haya, con mayor
rapidez y eficiencia se resolverá el caso: liberar a la víctima,
evitar el pago del rescate y capturar a sus raptores. Pero el hallazgo
de estas piezas --en un secuestro o para enfrentar cualquier otro problema
de inseguridad ciudadana-- no es gratis. Se requiere apoyo logístico,
un trabajo de coordinación interinstitucional y varias dosis
de voluntad política para encarar con decisión el tema.
El problema es que nuestra policía no cuenta con recursos ni
apoyo logístico, la coordinación interinstitucional (Poder
Judicial, Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior) es difusa
y la voluntad se ahoga en un mar de corrupción y desidia. En
estas condiciones, la balanza se inclina, obviamente, al lado de la
criminalidad.
El fin de semana un nuevo secuestro sorprendió a la ciudad. Esta
vez fue el empresario Wilfredo Padilla. Era la víctima número
16. Sus raptores burlaron el "intenso labor de patrullaje"
del que habló el ministro del Interior, Rómulo Pizarro,
días antes, como una de las soluciones para detener el número
de secuestros. La respuesta del Gobierno a la creciente inseguridad,
expuesta ahora por el incremento de los secuestros típicos, los
secuestros al paso y el uso de armas en los asaltos, contemplaba, además,
"el fortalecimiento de las labores de inteligencia", cuando
estas funciones son innatas a toda institución policial. ¿Qué
medidas, entonces, son las que necesitan para enfrentar esta ola de
inseguridad?
El equipo de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal insiste
desde hace tiempo en una fórmula básica: trabajo intensivo
entre todos los sectores involucrados con la seguridad. "Si quieres
obtener resultados inmediatos, se necesita combinar una táctica
y estrategia que rompan con la monotonía", dice Gabriel
Prado, representante de este equipo. El patrullaje es importante, pero
lo es aun más la prevención a través de las labores
de inteligencia y seguimiento. Ahí podría estar el 'quid'
del asunto. Desde hace un tiempo la policía desconoce el listado
de los delincuentes más avezados que salen de prisión
por cumplimiento de pena, beneficios carcelarios o exceso de carcelería.
"El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) debería informar
a la policía --o esta solicitárselo-- los nombres de estos
liberados", insiste Prado.
"Los secuestradores ingresan al penal y luego, cuando salen...
¿a qué se van a dedicar?... siguen secuestrando gente,
es lo único que saben hacer", comenta un policía
de la División de Secuestros de la Dirincri. A pesar de que reconocen
que los autores de estos raptos siempre son los mismos, en algunas ocasiones,
les pierden las pistas producto de la descoordinación con el
INPE. "Se han dado casos en los que capturamos a un delincuente
que nosotros lo dábamos por preso. Nadie sabía que había
sido liberado".
Un alto oficial en retiro que estuvo vinculando a la lucha antisecuestros
cree que sin esta información básica es poco probable
frenar la delincuencia organizada. "Si a ello sumamos un personal
desmoralizado por las condiciones de trabajo (usan sus propios autos
para los trabajos de inteligencia) y jefes no comprometidos con su personal,
la lucha será en vano", dijo. El mismo oficial recordó
cómo el secuestro de Mariano Querol, en 1996, fue resuelto en
17 días. La familia no pagó el rescate. El psiquiatra
salió ileso. Se detuvo a todos los delincuentes. En ese caso,
los gastos logísticos corrieron por parte de la familia de la
víctima.
Fueron ellos quienes proporcionaron los autos particulares con los que
se hizo el seguimiento, el combustible y una alimentación adecuada
para el personal. "Compraban pollo a la brasa para todos, el personal
trabajaba las 24 horas", recuerda uno. ¿Qué pasa
cuando la víctima carece de recursos? Ahora, fuentes de la Divise
han comentado que hay malestar en el personal subalterno. No solo por
la falta de recursos, sino por la forma en la que se viene distribuyendo
los pocos recursos que llegan.
En esta batería de recomendaciones esbozadas por especialistas
y ex policías, el Poder Judicial tiene una responsabilidad capital.
"Se suele pedir endurecimiento de penas, pero las sanciones establecidas
en el código penal son duras, solo que los jueces no siempre
imponen las penas máximas", dice Gabriel Prado, tras precisar
la necesidad de contar con jueces probos que valoren los antecedentes
del detenido. "Para ellos no debería haber ningún
tipo de beneficio carcelario".
Por eso, coinciden en la respuesta a la inseguridad tiene un carácter
integral. De poco servirá que la policía capture a un
secuestrado, que el Ministerio Público lo denuncie, que el Poder
Judicial lo mande a la cárcel y cuando este llegue, soborne a
un funcionario para acceder a un teléfono celular, a través
del cual continúe organizando los secuestros. Se ha dicho hasta
el hartazgo la necesidad de una reforma en las instituciones vinculadas
al tema, pero hasta ahora los avances son imperceptibles. Sin un verdadero
interés político por estas reformas, las páginas
de los diarios continuarán hablando de secuestros 'al paso',
raptos y asesinatos.
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