Más
de 40 ONG exigen al Ministerio Público ampliar indagaciones por
el delito de tortura.
Defensoría del Pueblo y ministra de la Mujer evaluaron situación
de albergues.
Al parecer, el tema de maltratos e irregularidades en los albergues
del Inabif aún no termina. Más de 40 ONG dedicadas al
tema de la infancia y de la adolescencia han emitido un comunicado en
el que exigen al Ministerio Público que realice las investigaciones
por el delito de tortura contra los menores internados en los hogares
del Estado.
Pese a que, a raíz del descubrimiento de celdas de castigo en
el albergue Ermelinda Carrera, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social (Mimdes) ha tomado una serie de acciones para corregir este tipo
de 'castigos', las ONG consideran que "no se ha dimensionado la
gravedad de este caso".
"Esta práctica sistemática de encierro aplicada por
una institución pública, por trabajadores o funcionarios
públicos, configura penalmente un caso de tortura agravada, y
no solo de malos tratos, como se ha querido calificar desde diversos
sectores", señala el documento.
Gery Vásquez, abogada del Grupo de Iniciativa Nacional por los
Derechos del Niño, informó ayer que se ha realizado el
pedido formal a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público
y al Mimdes para que realicen una investigación profunda.
"No se trata de poner el parche haciendo cambios de funcionarios.
Es necesaria una seria reorganización en los albergues, y esto
debe estar a cargo de una comisión independiente", manifestó.
Mientras tanto, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y la ministra
de la Mujer y Desarrollo Social, Ana María Romero-Lozada, sostuvieron
ayer una reunión de trabajo para evaluar la problemática
del Inabif.
Romero-Lozada aseguró que su sector implementará las nueve
recomendaciones emitidas por la Defensoría del Pueblo en su informe
donde reveló irregularidades en 12 albergues del Inabif.
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