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se sabe si tienen padres, son abandonados o han sido maltratados
El Mimdes creó un procedimiento para sistematizar datos y evaluar
a menores
Es
fundamental que el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social cuente
con un registro riguroso de los albergues o centros de acogida de menores
de edad, tanto públicos como privados, porque no solo basta con
dejarlos aquí, sino supervisar sus progresos y las condiciones
en que se desarrollan. Las fiscalías de Familia, con ayuda de
las defensorías del Niño y Adolescente (Demuna), deben
fortalecer también la supervisión de casas-hogar y albergues
de niños y adolescentes en situación de riesgo para la
prevención y detección oportuna de casos de abuso, como
el ocurrido en el hogar Ermelinda Carrera. No podemos generalizar este
tipo de hechos y desconocer la valiosa labor que cumplen los hogares
para la niñez en riesgo, pero de ninguna manera estos tienen
que verse como espacios cerrados e intangibles, sino que debería
ser de preocupación nacional saber lo que sucede con los niños
que están en esas instituciones. Finalmente, es necesaria la
suma de esfuerzos del Gobierno Central, las municipalidades, la sociedad
civil y la empresa privada para el mejoramiento de los servicios que
brindan estas instituciones, muchas de las cuales carecen de recursos
para proteger el presente y futuro de nuestros niños. Quienes
aspiren a conducir nuestro país deben tener en cuenta que el
desarrollo de una nación pasa por invertir en el mejoramiento
de los servicios de protección y protección del bienestar
de los niños, especialmente los más vulnerables.
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El pasado 23 de marzo, la denuncia de una adolescente que rompió
su silencio condujo a un fiscal de Familia a descubrir una realidad
oculta en el hogar Ermelinda Carrera de San Miguel: Debajo de una escalera
por donde se ingresaba a los dormitorios de las niñas funcionaba
una celda de castigo. Un cubículo sucio y pequeño, donde
eran recluidas las chicas con mala conducta para supuestamente reflexionar.
La investigación sigue su curso por supuestos maltratos a las
menores, la celda ha sido clausurada y las cabezas responsables del
hogar reemplazadas. Sin embargo, hasta antes de este hecho, la situación
de los niños y adolescentes que viven en hogares del Estado era
un tema ausente en la agenda pública y que no trascendía
las paredes de esos centros.
En el país no existen cifras exactas sobre el número de
menores de edad en estado de abandono físico y moral que se encuentran
en albergues públicos y privados, pero hasta diciembre del 2005
se estimaba en 2.711 la población en los 33 centros del Instituto
Nacional de Bienestar Familiar (Inabif) y de la Fundación por
los Niños del Perú.
Si bien estas instituciones intentan brindar temporalmente elementos
que sustituyan el estado de carencias básicas de los menores
de edad, menos de la mitad logran reinsertarse a sus familias y se ven
obligados a pasar largos períodos recluidos. "Puede que
un albergue salve a un niño de los peligros de la calle, pero
al no crecer rodeado de una familia que le brinde la atención
necesaria, su desarrollo psicomotor y estabilidad emocional son afectados",
sostiene María Pía Hermosa, especialista en trabajo social
de Acción por los Niños.
El Plan Nacional de Lucha por la Infancia 2002-2010, presentado por
el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), no contiene
indicadores ni metas específicas con respecto a los menores de
edad que ingresan a los albergues y es preocupante que tampoco exista
información sistematizada sobre el registro, seguimiento y evaluación
de ellos. ¿En qué estado de salud se encuentran? ¿Cuál
es su nivel educativo? ¿Qué progresos tienen tras su ingreso
a un hogar temporal?
Recién en febrero pasado el Mimdes emitió una directiva
que crea un procedimiento para reunir esta información de manera
sistematizada, aunque no incluye a los hogares en manos de asociaciones
privadas. No obstante, se trata de un paso importante para elaborar
un diagnóstico real y un plan enfocado en esta población
conformada por niños, niñas y adolescentes cuyas historias
son casi siempre similares: vienen de familias desarticuladas, pobres
y han sufrido maltrato físico. Además, esto permitiría
conocer la cantidad de niños con discapacidad en estado de abandono
y de madres adolescentes, quienes necesitan una atención distinta.
Pese a que este Diario solicitó en reiteradas oportunidades entrevistas
con representantes del Mimdes para conversar sobre el tema, no hubo
respuesta alguna. ¿Qué es lo poco que se conoce sobre
los menores que viven en albergues ?
Los boletines estadísticos del Inabif del 2005 revelan que el
75% de ellos no tiene una situación legal definida. No se conoce
si tiene padres y, si los tiene, se desconoce si están en condiciones
de recuperarlos en el seno de su hogar . El 45,9% tiene entre 13 y 17
años de edad. (Ver cuadro).
ACELERAR ADOPCIONES
La adopción es una de las alternativas del niño huérfano
o declarado judicialmente en abandono. Aunque en el período 1993-2002
fueron adoptados 2.272 niños en mediante la Ley de Procedimiento
Administrativo de Adopción de Menores de Edad Declarados Judicialmente
en Abandono, aún subsisten debilidades para fortalecer este proceso.
Una de ellas es la investigación tutelar de un menor, ya que
debido a la carga procesal de los juzgados de familia puede demorar
hasta dos años. Esto prolonga los períodos de permanencia
de los niños huérfanos en un albergue, aun cuando existen
familias que tienen voluntad de adoptarlo.
Desde marzo de este año, existe una unidad gerencial en el Mimdes
que se encargará de esta labor y descongestionará el trabajo
de los tres únicos jueces especializados en materia de investigación
tutelar que existen en Lima. La fiscal de Familia Rita Figueroa precisa
que es una medida positiva, pero señala la necesidad de que existan
nuevas alternativas para salvar a los niños que parecen condenados
a pasar los años más importantes de su vida en un albergue
con un futuro incierto. Cabe indicar que las 20 fiscalías de
familia han programado un cronograma de visitas durante este año
para verificar la situación de los albergues públicos
y privados.
De
acuerdo con cifras oficiales, el Estado invierte 1'343.054,03 soles
mensuales en los 33 albergues para menores en abandono que administra
a en todo el país. Aunque se trata del 40,8% del presupuesto
total para los programas que tiene el Instituto de Bienestar Familiar
(Inabif), la cifra no alcanza para atender a esta población en
condiciones óptimas.
Fabiola Torres López.
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