Por
Luis Gonzáles Posada*
"Es insólito que la PNP no reciba ninguna retribución
económica cuando despliega efectivos para brindar seguridad a
espectáculos con fines de lucro"
Para impulsar la reforma policial tienen que ordenarse las funciones
que cumple el personal de esa institución, que realizan trabajos
que no les corresponden, demandando además recursos materiales
que deberían canalizarse a la seguridad ciudadana.
Se necesita, por tanto, modificar algunas disposiciones legales, como
la Ley 27238, que en su artículo 8 establece como una de las
atribuciones de la Policía Nacional expedir certificados domiciliario,
labor que corresponde cumplir a los consejos municipales a través
de notarios o fedatarios legalmente habilitados.
Un trabajo realizado por la Dirección de Economía de la
PNP en la Comisaría del Rímac para identificar los tiempos
y costos fijos que demanda la certificación domiciliaria, determinó
que se requiere un promedio de 61 minutos para cada una de las constataciones,
que significan un gasto promedio de 12 soles con 32 centavos para la
PNP.
Por este concepto, el usuario paga una tasa impositiva de 3 soles 40
centavos al Banco de la Nación, dinero que ingresa directamente
al Tesoro Público y no a la PNP, a pesar del costo que representa
esa actividad.
Una situación similar sucede con las notificaciones judiciales
que entrega la policía como parte de su labor de auxilio a la
judicatura, en concordancia con lo dispuesto por el Decreto Legislativo
767, cuando lo razonable sería que el Poder Judicial cuente con
un equipo propio que desarrolle ese trabajo.
Otra distorsión la tenemos en el hecho de que más de 2.300
efectivos policiales están asignados a centros carcelarios, en
función a la Ley 25421 del año 1992, que declaró
en reorganización el INPE y encargó al Ministerio del
Interior la seguridad de los penales, disposición ampliada sucesivamente
hasta el año 1997.
Sin embargo, a pesar de que esta norma ha perdido vigor continúa
aplicándose, porque el 38% de los centros carcelarios son dirigidos
por la PNP y en todos los locales la seguridad interna y externa está
a cargo de policías y no de agentes penitenciarios como lo determina
el Código de Ejecución Penal, situación irregular
que violenta las leyes, desnaturaliza los principios fundamentales de
la ciencia penitenciaria y reduce el porcentaje de efectivos de la PNP
para atender la seguridad ciudadana.
Pero también hay otros proyectos encarpetados y que deben sancionarse
para incrementar el número de efectivos policiales.
Es el caso de los especialistas de la PNP, que suman 17.800, que visten
uniforme, portan armas de reglamento y están involucrados en
actividades policiales, pero no pueden realizar funciones operativas
porque lo prohíbe la ley y su reglamento.
Una gran mayoría de ellos, previo curso de capacitación,
pueden ser recategorizados de personal especialista de servicio a suboficial
policía, para así contar en corto tiempo con más
efectivos para combatir el delito.
Finalmente, es insólito que una institución pobre en recursos
como la PNP no reciba ninguna retribución económica cuando
despliega efectivos y patrullas para brindar seguridad a espectáculos
deportivos o artísticos con fines de lucro.
En otras palabras, trabajan gratis y con sus escasos fondos para actividades
privadas, que deberían pagar una tasa razonable por ese servicio.
Estos son algunos cambios planteados en diversos proyectos de ley para
contar con más policías y recursos para esa gran institución.
(*) Congresista Y Candidato Apra
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