POR
ZADIA ZAMUDIO
Hacinamiento, insalubridad, desnutrición y corrupción
predominan en las cárceles.
Pocos candidatos presidenciales tienen propuestas para solucionar este
problema.
El sistema penitenciario en el país estuvo, está y probablemente
seguirá en crisis. Como ejemplo solo basta mencionar las circunstancias
en que funciona el penal de Lurigancho. Con una población de
más de ocho mil internos, una infraestructura colapsada y varios
cientos de enfermos de TBC y sida, es, sin duda alguna, la mejor muestra
de la magnitud del problema penitenciario.
Pese a la necesidad urgente de aplicar cambios drásticos en este
tema, pocos son los candidatos presidenciales que han planteado propuestas
importantes para controlar la difícil situación en la
que se encuentran los penales, la cual podría empezar a resolverse,
según Wilfredo Pedraza, ex jefe del Instituto Nacional Penitenciario
(Inpe), con la creación de dos cárceles más.
Según cifras del Inpe, en el país hay 33,641 reos, aunque
la capacidad de los penales es solo es para 20,497. De esta población
penal 8,478 se encuentran en Lurigancho, que ha superado en tres veces
su capacidad real, por lo que es considerada la cárcel más
poblada de Latinoamérica.
La alimentación de los reos es otro problema. Cada interno tiene
designados para su alimentación 2.70 a 3.00 soles diarios. Y
en lo que a salud se refiere, los penales solo cuentan, en todo el país,
con 58 médicos, 23 dentistas, 23 obstetras, 18 enfermeros, cinco
nutricionistas, dos tecnólogos médicos, seis biólogos
y dos químicos farmacéuticos.
SIN SOLUCIÓN. Estos problemas, sumados a la falta de sistemas
de seguridad para el control de visitas -es casi imposible detectar
los objetos prohibidos (armas y celulares) que introducen los familiares
a las cárceles-,hacen que la población de las prisiones
del país viva en una de las peores situaciones carcelarias del
mundo, donde se termina por fomentar la criminalidad en lugar de eliminarla.
En este último tema, Pedraza indica que los primeros pasos se
han dado en su administración con la implementación del
Sistema Nacional de Registro Penitenciario. "En tres o cuatro meses
el Inpe debería tener una red privada de comunicación
e interconexión de transmisión de datos entre 18 principales
penales del país", explica.
La principal necesidad -según el ex jefe penitenciario- es la
construcción de dos penales en Lima, destinados a reos primarios,
lo que evitaría que "el que delinque por primera vez asuma
la cultura de la cárcel y se vuelva reincidente. El trabajo debería
encaminarse a clausurar Lurigancho".
De acuerdo con Pedraza, el Inpe aún no está capacitado
para asumir el control de las 84 cárceles del país, lo
cual -explica- es un proceso que debe hacerse paulatinamente, conforme
se vaya incrementado el número de agentes penitenciarios, y para
eso se requiere más recursos. Calcula que se necesitaría
unos 1,500 trabajadores más.
SOBREPENALIZACIÓN
13/03/06 FUENTE: LA REPUBLICA PG: EDITORIAL
El
Poder Legislativo, seguramente animado por buenas intenciones, ha vuelto
a caer en una tendencia que fue manifiesta a lo largo del fujimorismo
y que se creía por fin agotada, en estos tiempos de cárceles
tugurizadas y récords (negativos) de población penitenciaria,
que supera los 28.000 reclusos en el país y mantiene intacto
ese campo de concentración que es el penal de Lurigancho.
Los especialistas la denominan ‘sobrepenalización’ y consiste
en creer que la implantación de severísimas sanciones
para determinados delitos que resultan especialmente repulsivos ante
la opinión pública –terrorismo, violaciones, secuestros–
constituye un elemento que contribuye a atenuar la ola de criminalidad.
Esta situación no es nueva, la vivió el país a
partir de 1992, con un crescendo que concluyó en el retorno de
la pena de muerte o la cadena perpetua.
Pero ocurre que estudios llevados a cabo a lo largo de decenios han
demostrado hasta la saciedad que hay un tipo de criminalidad –aquella
de origen ideológico o patológico– que no disminuye ni
se arredra por la severidad de las sanciones, que carecen de efecto
disuasivo sobre sus actores. Así, a un terrorista le tiene sin
cuidado que se le sentencie a la pena de muerte o cadena perpetua.
El mismo razonamiento es válido frente a secuestradores y delincuentes
avezados –en este caso desprovistos de móviles políticos–,
ya que se trata de elementos que saben a lo que se arriesgan. Y con
mayor razón ocurre con las violaciones de menores de 10 años,
obra por lo general de seres que actúan impulsados por móviles
patológicos que en otros países son sometidos a tratamiento.
Creer, entonces, que porque se establece la pena de muerte o la reclusión
a cadena perpetua sin incentivos carcelarios se va a disuadir a estos
delincuentes solo puede ser fruto de la ingenuidad o de la buena conciencia.
Esto no quiere decir que la sociedad deba tolerar el permanecer en estado
de indefensión frente a crímenes horrendos, pero las legislaciones
modernas intentan combatirlos valiéndose de otros métodos,
y no simplemente del talionaje.
Primero, distinguiendo aquellos casos en los cuales hay posibilidades
de redención social de aquellos que obedecen a patologías.
Segundo, variando completamente la concepción que se tiene de
las prisiones, que han abandonado su propósito inicial de rehabilitación
de los internos y se han convertido en ‘universidades del delito’, logrando
que los delincuentes primerizos que ingresan en ellas se conviertan
en avezados.
Nuestros legisladores acaban de aprobar la cadena perpetua sin beneficios
para los violadores de menores de 10 años. También existe
para los cabecillas terroristas y para los secuestradores, y habría
que preguntarse si con ello se han rendido los remanentes de SL o han
disminuido los secuestros. Lo reiteramos: es necesario frenar la criminalidad,
pero hay que dejar de pensar que sanciones más drásticas
son solución. De lo contrario acabaremos como en Roma, donde
la muerte era poco para ciertos delitos, razón por la cual se
dejaba a los criminales insepultos y hasta se esparcía sal en
sus casas demolidas.
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