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UN MAGISTRADO • Emiliano Pérez Acuña, ex juez de San Ignacio,
confirma que vicepresidente del Inpe, César Augusto Coquis Coz
lo amenazó con un arma.
• Fue para impedirle que confirme denuncias por tortura.
Por María Elena Castillo.
“Empuñó
su arma justamente pretendiendo sacarla y emplearla en mi contra”, afirmó
el ex juez de San Ignacio Emiliano Pérez Acuña, recordando
que en julio de 1992 el mayor (r) César Augusto Coquis Coz, actual
vicepresidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), le impidió
ver a un grupo de pobladores detenidos, que denunciaron estar sufriendo
torturas.
“Fue impulsivo y prepotente. No llegamos a hacer la diligencia, pero
levantamos un acta por la forma en que se había portado este
señor: me empujó, me insultó y pretendió
sacar su arma”, se reafirmó en entrevista a La República.
Varios testigos
El magistrado señaló que acudió a la Comisaría
de San Ignacio hasta en tres oportunidades para cumplir con la acción
de hábeas corpus, interpuesta por los familiares de los detenidos,
y las tres veces le impidieron verlos.
Sin embargo, indicó que en la segunda ocasión –el 2 de
julio de 1992– vio que la policía estaba interrogando a Guillermo
Granda Rodríguez, uno de los detenidos, sin la presencia de su
abogado defensor.
“Al verme llegar lo metieron debajo de un escritorio. Cuando los policías
intentaron sacarme de la Comisaría, el detenido comenzó
a gritar que lo estaban obligando a firmar un acta de incautación
sin saber su contenido, y que había sido maltratado”, aseguró
Pérez Acuña.
Dijo que las tres veces que visitó la comisaría los policías
se negaron a firmar el acta levantada, pero que el secretario de su
despacho fue testigo de todos los hechos.
Incluso en la última ocasión estuvieron presentes los
médicos Gerardo Huatuco Crisanto y Santos García Huamán.
Huatuco Crisanto, hoy jefe del Hospital de Jaén, confirmó
la versión. “El mayor Coquis no nos dejó revisar a los
detenidos. Tuvo un severo altercado con el juez Pérez Acuña”,
aseveró
Vicepresidente del Inpe dice que es inocente
“Quiero demostrar que yo no he cometido ningún tipo de tortura,
y es bien sencillo, con esta copia de los certificados médicos
legistas que se pasaron el día 11 de julio (dos semanas después
de las detenciones)”, manifestó el mayor (r) César Coquis
Coz.
Mostró un documento que indicaba que los detenidos “no presentan
lesiones en el cuerpo” suscrito por el doctor Juan Grandez Vargas, el
mismo que ocho meses después los revisó en presencia de
la Fiscal de la Nación, y que confirmó la existencia de
huellas de maltrato en tres de los pobladores de San Ignacio.
Coquis negó haber empujado y amenazado al juez Emiliano Pérez
Acuña, cuando acudió a verificar la situación de
los detenidos. Aseguró que las actas suscritas por el magistrado
son falsas y que él en ningún momento las suscribió.
Confirmó sin embargo, que él no fue exento de responsabilidad
en el proceso que se le siguió, pues este se cerró por
aplicación de la amnistía a violadores de derechos humanos.
Admitió que lo mejor hubiera sido que la Sala hubiera resuelto,
pero aceptó la amnistía porque habían pasado tres
años sin sentencia
El
dato
EXPLICACIÓN. El abogado Víctor Álvarez, quien llevó
el caso de los Pobladores de San Ignacio, dijo que en 1992, muchos médicos
legistas suscribían certificados sin revisar a los detenidos.
Se limitaban a suscribir lo que la policía les decía.
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