| Por
Gino Costa Santoalla, ex ministro del Interior
Con
el ánimo de contribuir a la elaboración de una agenda
común para enfrentar la inseguridad ciudadana, El Comercio convocó
a especialistas de diversas corrientes de opinión.
Más allá de las previsibles diferencias, emergieron consensos
que deberían servir para un acuerdo por la seguridad y la convivencia
ciudadana, que haga realidad el próximo gobierno, con el apoyo
de las principales fuerzas políticas.
Primero, es urgente atender el problema de la inseguridad, que es fuente
de preocupación y malestar ciudadano, afecta la legitimidad de
las autoridades, pone en peligro el desarrollo económico y la
democracia y afecta a los más pobres. Si bien es un fenómeno
muy extendido en toda la región y presenta características
mucho más dramáticas en otros países, corremos
el riego de que se nos escape de las manos si no actuamos a tiempo.
Llama la atención el abismo que existe entre el malestar que
genera la inseguridad a todo nivel y los recursos intelectuales, académicos,
políticos y económicos que le dedicamos.
Segundo, la inseguridad en el Perú se caracteriza por una multiplicidad,
aún no muy violenta, de pequeñas faltas y delitos contra
el patrimonio. Esto debe cambiar, pues contamos con todos los ingredientes
para terminar como México, Centroamérica o Colombia: gran
marginación de amplios sectores juveniles y creciente número
de pandillas; presencia del narcotráfico y extendido consumo
de drogas y alcohol; ineficiencia y corrupción policial, judicial
y penitenciaria; entre otros.
Tercero, por la complejidad del problema, no es susceptible de soluciones
fáciles e inmediatas. Solo con políticas integrales, que
combinen adecuadamente prevención con represión, podemos
comenzar a enfrentarlo correctamente. Estas deben ser diseñadas
en las circunscripciones más pequeñas (el distrito y la
provincia) e incorporar a todas las instituciones, públicas y
privadas, que puedan colaborar.
Así lo concibe la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
Una de sus novedades es que pone en manos de las autoridades civiles
(ministro del Interior, presidentes regionales y alcaldes provinciales
y distritales) la conducción de los comités de seguridad
ciudadana, instancias de coordinación interinstitucional que
deben diagnosticar y ejecutar las políticas de seguridad. En
ellos participan las autoridades policiales, judiciales, educativas,
vecinales, sociales y de salud. Fortalecer este sistema debe ser una
de las prioridades del próximo gobierno.
Cuarto, también urge dotarnos de mejores sistemas de información.
Las estadísticas policiales son poco confiables; carecemos de
encuestas de victimización regulares, tanto nacionales como regionales
y locales; y no contamos aún con mecanismos para el intercambio
de información entre las autoridades policiales, fiscales, judiciales
y de salud. El Ministerio del Interior ha comenzado a trabajar en esto.
Los gobiernos regionales y municipales deben hacer lo propio. Este esfuerzo
debe profundizarse durante el próximo quinquenio, pues sin información,
y su adecuado análisis, no hay respuesta efectiva.
Quinto, necesitamos más y mejores policías, más
y mejores comisarías, más y mejores jueces y módulos
de justicia. Si la economía y la recaudación mantienen
un ritmo de crecimiento razonable, debería ser posible formar
por lo menos 20.000 nuevos suboficiales en los próximos cinco
años y así comenzar a reducir el déficit de efectivos.
También sería posible mejorar el bienestar policial. Pero
esto no basta si no reformamos la policía y la justicia, introduciendo
modernos y transparentes sistemas de gestión para erradicar la
ineficiencia y la corrupción. Cabe afirmar lo propio sobre el
sistema penitenciario, que acaba de sufrir un duro golpe con los cambios
en su conducción.
Sexto, además de fortalecer el sistema penal, es necesario hacer
más prevención, no solo policial, situacional y comunitaria,
sino principalmente social. Esto pasa por diseñar políticas
para los jóvenes y con los jóvenes, especialmente con
aquellos que se encuentra en riesgo. Salvo algunas iniciativas no gubernamentales,
hoy no hacemos casi nada de prevención social. Es imprescindible
revertir esta situación. Nuevamente aquí el papel de los
gobiernos locales, apoyados por el Gobierno Central, es fundamental.
(*) INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL.
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