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2006 USTED DECIDE
Mientras la delincuencia causa estragos en Lima y el país, la
PNP necesita 60.000 agentes más para poder vigilar y controlar
nuestras calles.
AVANCES
SERÁN INSUFICIENTES MIENTRAS FALTE REFORMA POLICIAL
SEGURIDAD CIUDADANA. La gente se siente cada vez más indefensa
y las urbes se llenan de rejas y vigilantes particulares. Si bien hay
esfuerzos de la policía, esta no se da abasto para combatir el
hampa ni lidiar con los vacíos legales que favorecen al malhechor
Persiste
déficit de 60 mil policías a pesar de reasignación
a labores de calle. Instalación de juzgados de paz en comisarías
se frustra por falta de recursos
Aunque estamos lejos de los niveles de criminalidad y delincuencia que
agobian a algunos países de Centroamérica o a otros más
próximos como Brasil y Colombia, la seguridad ciudadana ya dejó
de ser en los últimos tiempos en nuestro país un mero
asunto de vecinos o de policías y ladrones.
Instalada como un incómodo huésped en boca y en casa de
todos, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, sobre
todo en la capital. Que tres cuartas partes de los limeños --según
un estudio publicado la semana pasada en este Diario-- crean que la
violencia delictiva está en aumento es todo un síntoma,
más allá de que las cifras reales del delito disten de
esa alta tasa de sensación de vulnerabilidad.
Justamente en este desfase se empieza quizá a dar ventaja en
la batalla. "Uno de los graves problemas es que no hay estadísticas
confiables, no conocemos realmente cómo es nuestro enemigo, solo
manejamos las cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP)
pero detrás de ellas se esconde una gran cifra negra, que dice
por ejemplo que menos del 20% de los agraviados hace la denuncia",
reconoce el general Rolando Quezada, secretario técnico del Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
Este organismo nació hace tres años, justamente con la
promulgación de la Ley 27933, como máximo ente del sistema
para encargarse de la formulación, conducción y evaluación
de la política de seguridad ciudadana. "Lo malo es que al
consejo solo asisten funcionarios de segundo nivel, lo que es un mal
ejemplo para las autoridades regionales, provinciales y distritales",
advierte el ex ministro Gino Costa y lo corrobora Quezada.
"Creo que el Conasec no debería preocuparse tanto por aspectos
operativos sino más bien por la planificación y por la
elaboración de ayudas diagnósticas con base en datos certeros",
opina José Fernández, gerente de seguridad del Concejo
de Lima Metropolitana.
EN
INFERIORIDAD NUMÉRICA
En ese triángulo equilátero formado por la autoridad policial,
la autoridad política y la ciudadanía, y sobre el cual
se sustenta la seguridad ciudadana, es la PNP la que lidera todo el
proceso. "En realidad, sin el marco de una reforma policial no
se puede hablar de un avance muy significativo en este campo",
apunta Gabriel Prado, especialista del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Pero en tanto esperamos que se desatasque el atoro en el que se encuentra
la reforma, hay medidas que tomar y vacíos que cubrir. El primero
de ellos es ese déficit de casi 60 mil policías. En 1990,
el Perú tenía unos 22 millones de habitantes y 129 mil
efectivos. Quince años después, somos 27 millones de peruanos
y contamos con aproximadamente 92 mil uniformados. Y de esta cifra,
solo 22 mil están abocados a la tarea de salvaguardar diariamente
la seguridad de la gente.
Las escuelas de suboficiales, cerradas durante el fujimorato, se vienen
poniendo en funcionamiento otra vez, aunque todavía resultan
insuficientes y urge descentralizarlas. Como insuficiente también
resultan los recursos con que cuenta la PNP. "Los recursos siempre
van a ser escasos, pero si hay deseos de cambiar e imaginación
se va a poder hacer algo más que lamentarse. ¿Además,
cuándo ha tenido plata el Perú?", recalca el general
Guillermo Rosas, jefe de la SéptimaVII Región Policial.
Con el fin de que la policía salga de nuevo a las calles y que
haya presencia en todos los distritos de la capital, Rosas refiere que
se ha reasignado personal de la Dirección de Seguridad del Estado
y que en los últimos meses el servicio de calle se ha incrementado
con 1.888 efectivos. "Tenemos además mucho más activa
la figura del patrullaje mixto (serenos más policías)
para cubrir 60 puntos críticos en Lima".
Lo cierto es que más allá de estos esfuerzos plausibles,
quedan todavía clavijas por ajustar. Según un informe
publicado hace dos meses en este Diario, solamente 173 policías
habían dejado la custodia de funcionarios para recorrer las calles,
además de que la vigilancia estática y la falta de gasolina
para los vehículos policiales continúan dando ventajas
insuperables para los hampones.
EL
SUEÑO DEL VIGILANTE PROPIO
Los esfuerzos de moralización no alcanzan todavía para
desplazar a la corrupción como el principal lastre que arrastra
el cuerpo policial. Cuando órdenes judiciales reponen a generales
responsables de redes corruptas o la procuraduría de la PNP pierde
los juicios contra quienes son separados de la institución, como
ha ocurrido sistemáticamente en el 2005, la confianza de la ciudadanía
se hunde aún más.
"El sistema desa-lienta a los propios ciudadanos para que contribuyan
con la seguridad ciudadana. Por ello, esta ha pasado a ser un derecho
de las personas que pueden contratar seguridad privada, lo que no puede
hacer la mayoría", destaca el ex procurador Iván
Meini.
Para Quezada, el incremento de las fuerzas de seguridad privada es otra
de las causas de inseguridad. "Poner cercos, rejas y arriesgarse
con vigilancia informal solamente retarda el accionar delincuencial,
no lo quita". ¿Pero hay acaso alguna otra solución
visible?
La vigilancia particular es además un recurso mucho más
expeditivo para contrarrestar la delincuencia. "Cuando hay muchas
instancias, coordinar se vuelve más difícil", lamenta
Fernández al tiempo de aludir a las 10 comisarías que
existen en el Cercado de Lima.
EL
CASTIGO SÍ IMPORTA
Más allá de los robos a domicilios, el pandillaje y los
secuestros al paso, nada como los hurtos y arrebatos de billeteras y
celulares en las calles para expandir como plaga la sensación
de indefensión en la gente. Y son esas faltas penales las que
mayormente quedan impunes. La ley 27939 se promulgó para combatirlas
mediante jueces de paz letrados, pero tres años después
seguimos con planes piloto.
Hoy están funcionando nueve juzgados de paz en igual número
de comisarías, cinco en Lima y cuatro en provincias. Estos juzgados
sentencian rápidamente --entre 24 horas y 20 días luego
de cometida la fechoría-- la sanción o servicio comunitario
correspondiente (barrido de calles, arreglo de parques y jardines, pintado
de locales, etc.).
En este 2006 se tenía proyectado implementar 20 juzgados de paz
más, pero por falta de recursos del Poder Judicial --que debe
nombrar a dos jueces por cada juzgado- solamente se crearán cuatro.
Otra reforma más que no chorrea sino que apenas gotea.
Por
Francisco Sanz Gutiérrez
Orazio Potestá
CIFRAS:
50%
de los delitos que se registran al año (unos 150 mil) en el país
ocurren en Lima.
17
secuestros al paso se denuncian solamente en Lima al mes, aunque a fin
de año la cifra se duplica.
67%
de la población, según un estudio de Apoyo del 2005, cree
que la reforma policial traerá cambios.
95%
de quienes cometen faltas penales sale a la calle y ni siquiera pasa
por los juzgados de paz.
296
habitantes por policía hay en Lima y Callao. En Ucayali son 945
habitantes por efectivo.
5
homicidios por cada 100 mil habitantes es la tasa nacional. En El Salvador
es 97 y en Colombia 78.
SONDEO
WEB
EN LA RAÍZ DEL PROBLEMA
¿Por
qué motivo cree usted que ha aumentado la inseguridad en las
calles?
Falta de empleo: 12,82% (20)
Leyes benignas o no se aplican: 48,72 % (76)
Escasa presencia policial: 16,67 % (26)
Crisis de valores: 21,79 % (34)
¿En quién confía usted más en materia de
seguridad ciudadana?
Policía Nacional: 22,05% (33)
Serenazgo: 13,82% (21)
Vigilancia privada: 64,13% (98)
LA
REINCIDENCIA DEBE SER CASTIGADA
También deben aliviarse problemas sociales como la falta de empleo
y salud
¿Ayudan
las leyes actuales a garantizar la seguridad ciudadana en el Perú?
Pareciera que no, si se considera que el 95% de detenidos por la PNP
sale en libertad por razones estrictamente legales. En todo caso, hay
opiniones a favor y en contra.
En el 2003, como resultado del sonado secuestro de Mariana Farkas de
Pollack, el Congreso de la República puso en marcha la Ley 27933
del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de erradicar
la delincuencia.
Luego fue aprobada la Ley 27939 con una propuesta muy novedosa para
el logro de ese objetivo: El castigo con trabajo comunitario a los que
hayan cometido faltas y hurtos, figuras delictivas que anteceden al
robo simple y al agravado, abusos que son sancionados con penas privativas
de la libertad.
De igual modo, se dijo que la ley 27939 iba a aliviar la inseguridad
ciudadana, al castigar con pena privativa de la libertad a los que reincidan
cometiendo cierto tipo de faltas y hurtos, pero no fue así. ¿La
razón? Todavía es un plan piloto que apenas se aplica
en cinco delegaciones PNP de Lima (de un total de 150) y en otras del
interior del país.
Gabriel Prado Ramos, especialista del IDL, señala: "Esa
es una buena iniciativa. ¿Pero quién vigila el cumplimiento
de esas sanciones? El INPE no se abastece ".
El Código Penal no considera la reincidencia como agravante de
la pena. El ex procurador del Estado, Iván Meini Méndez,
pinta el panorama de la siguiente manera: "Si un delincuente roba
un celular o una cartera 200 veces, no va tras las rejas. En todo caso,
podría ser encarcelado si se prueba que ha lesionado al agraviado".
Por cierto, los delincuentes se aprovechan de lo que dice la ley. Si
el monto de lo robado no excede los 1.840 nuevos soles, el responsable
no podría ser enviado a la cárcel por el Poder Judicial.
Nos hacemos otra vez la pregunta: ¿Sirven las leyes para luchar
contra la delincuencia? El especialista del IDL, Gabriel Prado Ramos,
responde: "Es clave que el juez del Poder Judicial sepa valorar
adecuadamente las pruebas existentes, para aplicar mejor las leyes".
no tenemos escapatoria
Actualmente se debate un nuevo Código Penal, que podría
ser aplicado en los próximos meses. Se afirma que el tema de
la reincidencia y el concurso de delitos tal vez no sea incluido. Eso
es preocupante.
La sociedad pide encarcelar a los delincuentes. Lo cierto es que cumplida
la condena, el INPE nos devuelve peores y curtidos malhechores. La seguridad
ciudadana implica soluciones integrales en los campos del empleo, la
salud y la educación. Y con ello, cambios profundos en el Poder
Judicial, el INPE y la PNP, cuya reforma se encuentra estancada.
Iván Meini Méndez opina lo siguiente: "La gente no
decide ser delincuente. El problema pasa por el tema político,
por la no solución de ciertos problemas sociales.
RECLASIFICAR
A LOS PRESOS ES FUNDAMENTAL
Evitar que internos primarios se junten con reos peligrosos podría
reducir la delincuencia
La
pregunta fue concreta: ¿Cuál es la responsabilidad del
sistema penitenciario en el clima de inseguridad ciudadana que vive
el país?
Wilfredo Pedraza, director del INPE, responde: "Hay una falla del
sistema que se arrastra desde hace mucho tiempo. Es la inadecuada clasificación
de los internos. Nadie separa a los internos primarios de los peligrosos,
para evitar que asuman la cultura de los penales".
Y agrega: "Eso afecta a la seguridad ciudadana porque esos jóvenes,
luego de haber convivido con avezados y curtidos delincuentes en las
prisiones del país, vuelven a delinquir ya en libertad".
Incluso, cometiendo peores y sofisticados delitos, de acuerdo con efectivos
de la PNP consultados por El Comercio.
Pedraza Sierra dijo que el INPE ya dio inicio a esa tarea en los penales
de Ica y Cañete. Es que no hay tiempo que perder: En el Perú
hay 7.500 internos con edades que van de los 18 y a los 24 años.
De esos 7.500 se calcula que 2.400 tienen entre 18 y 19 años.
Los resultados se van a sentir en el mediano plazo.
De igual modo, el jefe del INPE sostuvo que la propuesta de privatizar
los penales del país es una medida que "técnicamente"
puede ser muy acertada: "Con ello vamos tener dinero fresco".
Dijo tener aprobado del Estado un presupuesto de 162 millones de soles
para el 2006, pese a necesitar una partida adicional de 76 millones
de soles.
TESTIMONIO:
"LAS LEYES NO AYUDAN MUCHO A LA PNP"
Efectivo de la PNP
Comisaría de Apolo-La Victoria
"Hay
vacíos en las normas. Solamente podemos detener a alguien por
flagrancia. Si hoy alguien roba un reloj y es identificado al día
siguiente, ya no puedo detenerlo. Podemos aplicar la flagrancia continuada,
que nos brinda algunas horas de plazo, pero no es suficiente".
"Igual pasa si una niña identifica a un violador. Hacemos
un informe al Ministerio Público para que luego el juez decida
o no la detención. Con todos esos papeleos, el violador ya se
ha ido".
"Yo creo que las leyes para la seguridad ciudadana son ambiguas.
Pienso que eso lo hacen los políticos y las autoridades adrede.
De eso se valen los abogados de los delincuentes para sacarlos en libertad.
El trabajo comunitario por faltas que manda la ley 27939 causa risa
a los 'choros'. Hacen faltas y no les pasa nada. Creo que algunas faltas
deben merecer la detención del responsable".
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