Unos
1.300 policías resguardan a funcionarios y otros 200 a instituciones.
Al mes, empresas privadas cobran S/.2.500 por servicio de un solo agente
Dos
camionetas con resguardo policial corren por el Centro de Lima en medio
de semáforos ignorados por la velocidad. No se trata de la persecución
a una banda de asaltantes, ni la atención de una emergencia:
todo el barullo lo ocasiona la escolta de uno de nuestros singulares
congresistas.
La Dirección de Seguridad del Estado (Dirseg) es la encargada
de brindar el personal necesario para la custodia de funcionarios públicos
de nuestro país, ya que por el cargo que desempeñan están
expuestos a agresiones o atentados, según se indica en la Ley
Orgánica de la Policía Nacional. Sin embargo, esta medida,
necesaria para cargos como el de jefe de Estado, ha sido tergiversada.
¿Y
DÓNDE ESTÁ EL POLICÍA?
Fuentes de la Dirseg indican que de los 3.200 efectivos con que cuentan
para diversas tareas, a la fecha unos 1.300 oficiales y suboficiales
se dedican a la protección de funcionarios. Esta cantidad de
policías, que bien podría reforzar el patrullaje, se destina
a 182 autoridades, entre ellos los 120 congresistas, según el
Decreto Supremo 002-2003 y su directiva. La disposición autoriza
que sean dos suboficiales para un congresista y hasta 14 para un ministro
o ex presidente de la República, además de un vehículo
policial, aunque a solicitud personal este número puede reducirse.
"La cifra aún es alta, pero menor si la comparamos con la
de hace unos años. Antes los ministros tenían 23 policías
de resguardo y ahora, luego de la reducción, no pasan de doce,
aunque son muy pocos los que piden que se les asigne menos efectivos",
indicó un alto oficial de la PNP.
En la lista a la que tuvimos acceso figuran funcionarios y políticos,
pero no magistrados o procuradores que ven casos de terrorismo y narcotráfico.
Aun así, estos jueces consiguieron que se les brinde protección,
ya que el mismo decreto permite que las personas no contempladas puedan
solicitarla. Esto permitió que se les destine 450 policías
de los mencionados .
Sin embargo, esta excepción ha sido aprovechada por otras instituciones
y personajes, como el padre Martín Sánchez y la ex primera
dama Keiko Fujimori, quien --según fuentes de la PNP-- tiene
a su disposición dos efectivos, luego de que alegara que su integridad
corría peligro.
La policía destina, además, 120 camionetas para el resguardo
de dichos funcionarios, cuyo mantenimiento y dotación de combustible
corren por cuenta de la institución. Asimismo, se asigna otros
200 efectivos como agentes de seguridad externos para locales de la
ONPE, Reniec, entre otros. Sin embargo, la Dirección Nacional
de Operaciones Especiales (Dinoes) también brinda seguridad en
entidades privadas, como los canales de televisión que cuentan
con un mínimo de dos efectivos.
CON LA MANO EN EL BOLSILLO
Este Diario solicitó cotizaciones a diversas empresas de seguridad
privada para conocer cuánto le costaría a las instituciones
mencionadas solventar su propia seguridad. La labor de un efectivo solo
por doce horas diarias cuesta al mes S/.2.558, por lo que un funcionario
que cuente con diez agentes tendría que desembolsar un total
de S/.358.000 al año, incluyendo gratificaciones y aguinaldos.
En caso requiera una camioneta con chofer se deberá agregar la
suma de S/.75 mil.
De esta manera, con los 1.500 policías que la PNP destina para
el resguardo personal de instituciones y funcionarios --sin contar a
la familia presidencial--, estos se están ahorrando unos S/.
46'044.000 al año, solo en el pago de sueldos. A lo que se deberá
agregar 9 millones de soles por el uso de vehículos.
Las leyes deben ser más precisas para que la anunciada reducción
de la custodia oficial tenga más impacto. Para el presidente
de la Comisión de Defensa del Congreso, Luis Gonzales Posada,
debería revisarse las disposiciones que dieron protección
excepcional a personajes, empresas e instituciones, para que más
policías puedan fortalecer la seguridad ciudadana.
Por Elizabeth Salazar Vega
ENFOQUE: EL QUE QUIERE... QUE LE CUESTE
Por Fritz Du Bois, editor de Fin de Semana
Los inaceptables niveles de inseguridad ciudadana deberían obligar
al Gobierno a dejar la complacencia y priorizar el aumento de policías
patrullando las calles, por encima de cualquier otra consideración.
Los años de terrorismo dejaron un exceso de seguridad a funcionarios
públicos que hoy ya no tiene justificación alguna. Para
evitar seguir gastando 55 millones de soles anuales, toda entidad pública
--Ministerios, el Congreso, etc.-- que considere que es indispensable
brindar protección a sus funcionarios, debería destinar
recursos de su presupuesto para seguridad y transferir al Ministerio
del Interior el costo real de hacerlo. De esa manera, serán muy
cuidadosos en solicitar lo necesario, ya que tendrán que pagar
por ellos y, por otro lado, se contará con recursos adicionales
para poner más efectivos policiales a cumplir con su principal
función, la cual no debe ser la de proteger al funcionario, sino
al ciudadano.
SEPA MÁS
El Congreso cuenta con seguridad privada, adicional al resguardo policial.
Aquí los agentes sí reciben un bono por combustible y
220 soles más.
??Tecnificar las comisarías de Lima y Callao para mejorar la
seguridad ciudadana costaría 2,5 millones de dólares.
??La cifra requerida para cubrir la demanda trimestral de gasolina para
los vehículos policiales es de S/.50 millones
OTROS
DOS MIL POLICÍAS NO DEBERÍAN VIGILAR PENALES 11/12/05
FUENTE: EL COMERCIO PG LIMA
Pese
a la carencia de efectivos policiales, esta institución también
se encarga de labores que según la ley no le corresponde, como
es encargarse de la seguridad en los establecimientos penales.
Aunque este es un debate viejo, fuentes de la Dirección de Seguridad
de Penales (Dirsepen) indicaron que a la fecha 2.690 efectivos se dedican
a resguardar 31 centros penitenciarios. "La labor es del Instituto
Nacional Penitenciario (INPE), pero como no cuentan con la cantidad
de personal necesario, tenemos que asumirla. No podemos arriesgar la
seguridada penitenciaria", indicaron miembros de la PNP.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la PNP, la institución
puede participar en el traslado de procesados y sentenciados y cuidar
penales, pero solo la periferia.
El proceso de transferencia de cárceles va a paso lento, en tanto,
el entrenamiento, sueldos, equipos de comunicación y armamento
corre por cuenta de la PNP, lo que genera un gasto anual de 77 millones
de soles, según un informe del Ministerio del Interior.
El jefe del INPE, Wilfredo Pedraza, indicó que su institución
ha hecho una reducción de personal y la próxima semana
anunciará novedades al respecto, pero la transferencia total
se hará en varios años.
"No va a haber un cambio radical porque la escuela de agentes penitenciarios
no funciona, y necesitamos S/.4 millonespara reabrirla, pero hasta el
momento no hay presupuesto", dijo. De volver a funcionar esta escuela,
cada promoción podría brindar 400 nuevos agentes al año.
ARRESTOS
DOMICILIARIOS
Pero
ello no es el único problema. Otros 260 policías custodian
75 casas donde se encuentran igual número de procesados por corrupción,
tráfico de drogas, asaltos, robo agravado, violación y
homicidios. La disposición inicial de apoyo fue solo para los
casos de corrupción, pero ahora se ha extendido a otros delitos.
Fuentes de la Policía Nacional precisaron que los arrestos domiciliarios
les demanda un presupuesto adicional, tanto en implementos como en personal,
que supera los 3 millones de soles, solo por remuneraciones, sin incluir
las operaciones de traslado a diligencias
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