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se analizó en la conferencia Violencia, armas y seguridad ciudadana
Una invocación para que el Perú, como miembro del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, se pronuncie a favor de la suscripción
y puesta en vigencia del Tratado Internacional sobre el comercio de
Armas hizo ayer Ismael Vega, director de la sección peruana de
Amnistía Internacional (AI).
“Corresponde a las autoridades peruanas asumir una posición clara
respecto a este tratado y garantizar la suscripción para mantener
la paz y la seguridad mundiales.”
Si bien admitió que la comercialización y el tráfico
de armas no constituyen en la actualidad un grave problema para nuestro
país como sí lo es en naciones como Brasil, México
y Colombia, consideró sumamente importante que el Perú
asuma desde ya una estrategia preventiva para evitar situaciones similares
a las que experimentan dichos países.
Durante 2003, más de 200 mil personas murieron en Brasil por
enfrentamientos con armas de fuego ligeras –precisó–, de las
cuales sólo 50 mil fueron ocasionadas por parte de efectivos
policiales.
“En el Perú, esto no ocurre, pero se detectó que los asesinatos
de mujeres con armas de fuego ocupan el segundo lugar en las estadísticas
de muertes en el país.”
Para evitar que esto se agrave, recomendó al Gobierno peruano
implementar la legislación interna necesaria, acorde con el contenido
del mencionado tratado, después de que éste sea suscrito
por nuestro país.
Opinó que en nuestro medio, como en otras partes del mundo, existe
el falso mito de que las armas proporcionan seguridad a quien las tiene.
Nada más lejano de la verdad, refirió Vegas, quien afirmó
que las armas más bien generan miedo y obligan a los agresores
o delincuentes a proveerse de mayor armamento, lo que al fin y al cabo
genera un círculo vicioso.
Campañas educativas
Recomendó, además, adoptar medidas educativas con el propósito
de sensibilizar a la población respecto de la inconveniencia
del uso y comercialización de armas ligeras para garantizar la
seguridad ciudadana, “más aún si la falta de un adecuado
control de armas permite que éstas viajen y se trafiquen con
mayor celeridad”.
Amnistía Internacional considera a su vez fundamental que las
autoridades estatales instauren programas de recolección de armas
y de control de los arsenales. Esto, sin dejar de lado la necesidad
de llevar ante los tribunales a los autores de violaciones de los derechos
humanos mediante el uso de armas.
A escala regional, manifestó que esta misma organización
advierte la necesidad de reforzar el control de armas por medio de la
suscripción de acuerdos regionales y la elaboración de
normas internas acorde con las pautas establecidas por el derecho internacional
humanitario.
“En este contexto es fundamental el fortalecimiento del tratado internacional
sobre comercio de armas que obligará a los gobiernos firmantes
a controlar las transferencias de éstas, el cual ya ha sido ratificado
por 20 países, pero se requiere que 34 Estados lo ratifiquen.”
Red de desarme
o El investigador del Instituto de Defensa Legal (IDL) Gabriel Prado,
en representación de la Red Desarme Perú, coincidió
en la necesidad de fomentar la suscripción del citado tratado
por parte del Perú y de más naciones, pero resaltó
también la urgencia de implementar en los países planes
de seguridad ciudadana con participación de la sociedad civil.
En el Perú resulta necesario determinar la cantidad de armas
que se encuentran en circulación para registrarlas e incautarlas
de ser el caso, dijo.
Indicó que se requiere de una política de control de armas
y otra de desarme. En ese sentido, propuso a las autoridades gubernamentales
adoptar medidas tendientes a supervisar el uso del armamento ligero
en manos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del
Perú (PNP).
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