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mayoría de las veces quien recibe en el Perú la posta
de una institución tiene que hacerse cargo del enorme pasivo
en términos de eficacia e imagen que esta arrastra. Ocurrirá
eso, por ejemplo, con el próximo presidente y con los nuevos
congresistas. Hay pocas instituciones sólidas y con prestigio.
La Defensoría del Pueblo es, sin duda, una de ellas. Eso es una
suerte para Beatriz Merino, pero también un reto.
La Defensoría del Pueblo, creada en la Constitución del
93 (hasta Fujimori hizo cosas buenas), se convirtió rápidamente
en una institución indispensable. Jorge Santistevan, el primer
defensor, tuvo gran mérito en ello. Lo eligieron en un Congreso
dominado por fujimoristas, porque pensaron que habiendo sido un funcionario
internacional le daría a esta un tono light. Se equivocaron.
Santistevan dio batallas muy importantes por los derechos humanos y
por preservar mínimos democráticos frente al régimen
autoritario. Otra cosa clave: supo hacer equipo. Para empezar, con Walter
Albán, su adjunto, quien luego ejerció interinamente el
cargo por varios años (y sufrió el maltrato de este mediocre
Congreso); pero también con Gino Costa, Samuel Abad, Rocío
Villanueva, José Távara, Yolanda Falcón, Rodolfo
Castillo y Rubén Vargas, entre los que me vienen de inmediato
a la memoria y a quienes se les debe mucho por los logros de la institución.
Merino llega al cargo en circunstancias muy favorables dado el apoyo
multipartidario y la alta expectativa de la población. Los desafíos
que tiene son diferentes a los de los tiempos aurorales, pero son también
muy grandes. La medida de si los va asumiendo con éxito la tendremos
si empieza a caer pesada a una parte de los que hoy la adulan. El consenso
que hoy suscita tiene que transformarse pronto en incomodidad para algunos
de sus fans. Es que su función es dar cuenta de que el vaso está
medio vacío y no festejar que esté medio lleno.
Entre los temas inmediatos está, por ejemplo, el empujar para
que se implementen las recomendaciones de la CVR. Tiene, a su vez, que
vigilar que, en el periodo electoral, el Estado actúe con neutralidad.
En ambas cosas pisará callos.
La Defensoría del Pueblo es una bisagra entre el Estado y la
sociedad. Tiene, por tanto, mucho que ver con cómo canalizar
la inevitable conflictividad social. Ya algo han avanzado llevando un
registro minucioso de los conflictos y, en algunos casos, buscando soluciones.
Pero hay mucho más por hacer. La relación del Estado con
los gobernados se mueve mucho aún entre la exclusión y
la clientela. Por su parte la población responde con extremos
que van desde la mano extendida frente a papá Estado, hasta el
violentismo de la lucha hasta las "últimas consecuencias".
Lo más difícil es promover ciudadanos. Es decir, personas
conocedoras de sus derechos y con vocación de ejercerlos; pero
con conciencia de que los suyos deben conciliarse con los de los demás.
La Defensoría del Pueblo deberá ayudar también
en esto.
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