| Ningún
alcaide o jefe del INPE debe seguir en su puesto si no es capaz de tener
una vigilancia insobornable.
Esto solo puede ocurrir en el Perú o en algún punto demasiado
lejano del África: que desde un penal de alta seguridad se ponga
en jaque la seguridad de toda una capital, en este caso de Lima.
Para comenzar, hace mal el Estado en denominar como de alta seguridad
un penal que no cubre este requisito, ni técnica ni administrativa
ni presupuestalmente. No se le puede asignar recursos a su medida ni
pretender que cumpla las funciones de su categoría si lo que
constatamos es lo contrario: que sirve como antro delictivo en el planeamiento
de asaltos, secuestros y crímenes. Y peor aun: si decidimos invertir
cuatro millones de soles en aparatos tecnológicos para bloquear
las comunicaciones abiertas y escandalosas de los reclusos, cuando con
solo tener una vigilancia no corrupta podría bastar para que
no ingrese un solo celular o teléfono satelital.
Llámese Castro Castro o Piedras Gordas, no puede filtrarse en
sus instalaciones nada que después se convierta en una estructura
de poder delincuencial contra la sociedad. Y hay otros diez penales
de este tipo haciendo constantemente el ridículo como los tantos
trozos de exposición vergonzosa de un Estado que se resiste a
cambiar y por cuya reforma no mueven un dedo ni el Gobierno ni los partidos
ni las ONG especializadas.
En plena campaña gubernamental por la seguridad ciudadana, suena
a humor negro saber que el jefe del Instituto Nacional Penitenciario,
Wilfredo Pedraza, toda una respetable personalidad, no pueda disponer
y asegurar el cumplimiento de cero ingreso de celulares en las cárceles
llamadas de alta seguridad. "Cero ingreso" de celulares supone
tener una vigilancia "cero corrupción" y una vigilancia
"cero corrupción" reclama de una jefatura del INPE
y de un Ministerio de Justicia "cero tolerancia con la corrupción
y con el crimen organizado dentro de las cárceles".
El señor Pedraza entiende de penales. Lo que no entiende es de
objetivos medibles, entre ellos que en los penales de alta seguridad
no puede instalarse la delincuencia como Pedro en su casa. Ni la prensa
ni la opinión pública deben pasarle por alto al INPE bromas
como la que una alta tecnología, que cuesta un platal, evitará
ahora que las mafias instaladas en los penales hagan lo que les da la
gana. ¿No sería más sencillo ganar la confianza
ciudadana asegurándonos un cuerpo de vigilantes realmente honesto?
Todo jefe de prisión incapaz de sentar autoridad debe renunciar
o ser cesado de inmediato. Esta debe ser una regla de oro de todo jefe
del INPE y de todo ministro de Justicia. Si esta regla de oro no se
aplica, seguiremos oyendo disculpas tontas, en tanto narcos y asaltantes
sobornan a cuanto guardia y vigilante 'controla' el ingreso de armas
y celulares en los penales.
Juan Paredes Castro
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