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jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), Wilfredo Pedraza,
afirmó que el sistema carcelario del país colapsaría
con la reclusión de las personas incursas en los considerados
delitos menores.
"No estamos en capacidad de recibir a un interno más. No
hay espacio en los penales en este momento. Tenemos poco más
de 60 por ciento de sobrepoblación carcelaria", argumentó,
según informa la agencia de noticias "Andina".
Pedraza lamentó que el Congreso haya aprobado una ley que modifica
el Código Procesal Penal para establecer cárcel efectiva
para aquellas personas que cometan hurto, y sean sancionadas con penas
de entre uno y tres años.
"Esta es una decisión equivocada, política y poco
técnica, y va a provocar que más personas ingresen a prisión,
particularmente jóvenes, en contra de lo que se recomienda hoy
en día en criminología", sostuvo.
En otro momento, indicó que la infraestructura carcelaria es
un problema que se debe tomar en cuenta, pero "lo más grave
es que se alentará a los jóvenes infractores a cometer
delitos mayores", toda vez que es conocido que las cárceles
son escuelas del delito.
"No se puede enviar a más gente a prisión sin contar
con infraestructura que permita separar al joven de los delincuentes
de alta peligrosidad", anotó. Por tanto, advirtió
que "los carteristas de hoy, dentro de cuatro años cuando
salgan de las prisiones serán asesinos, secuestradores y violadores".
Pedraza adelantó que pedirá --a través del ministro
de Justicia, Alejandro Tudela- que el Ejecutivo observe esta ley.
IMPORTANTE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA
10/10/05 FUENTE: EL PERUANO PAG EDITORIAL
El Congreso de la República cumplió una importante función
de apoyo a la política de seguridad ciudadana al modificar algunas
normas de nuestra legislación penal, clausurando determinadas
puertas que empleaban los delincuentes para evadir la acción
de la justicia.
En primer lugar, se establece la posibilidad de apresar a los acusados
de cometer delitos cuya condena es de cuatro años o menos. Antes,
los infractores de la ley que perpetraban ilícitos menores no
podían ser detenidos, ya que para dichas penas no existía
la prisión efectiva; hoy desaparece tal disposición y
la razón es simple: durante los últimos años una
serie de personas al margen de la ley cometía delitos menores
sabiendo que al no existir prisión efectiva no se le aplicaría
ningún castigo y seguía delinquiendo.
Esa sensación de impunidad no sólo alentó a muchos
a cometer ese tipo de ilícitos, sino que constituyó una
de las principales razones de la violenta reacción de los pobladores
de algunas zonas populares, donde los ciudadanos aplicaron castigos
físicos a los delincuentes que atrapaban. El mensaje que las
autoridades de todos los poderes del Estado deben dar es: la impunidad
no existe y tampoco aquella paradójica piedad hacia los crueles
que termina generando la brutalidad para con los piadosos.
En segundo lugar, la nueva legislación restableció los
criterios de reincidencia y habitualidad como agravantes al momento
de procesar a un inculpado. Desde nuestra perspectiva, constituyó
un error la eliminación de dichas figuras porque ello le quitaba
al criminal el estímulo para regenerarse. Si el reincidente tiene
el mismo castigo que el que delinque por primera vez, deberíamos
preguntarnos, ¿por qué no reincidir? Contra lo que muchos
creen, aquellos marginados de la ley se informan bien respecto a las
sanciones que pueden sufrir y, a partir de ello, calculan los riesgos
y las recompensas posibles.
Hoy, se cierran las puertas, que una cosmovisión ingenua del
delito abrió, de quienes viven al otro lado de la ley. Lo que
faltaría es procesar a los que cumplen sentencias y cometen nuevos
delitos desde sus centros de reclusión. No debería dejarse
ninguna rendija para que los malhechores utilicen la impunidad.
Lo que debemos plantearnos ahora es cómo manejar con eficacia
una estructura carcelaria que cumpla con sus finalidades. El trabajo,
naturalmente remunerado, de los propios reclusos desempeñaría
un papel vital a fin de financiar parte del presupuesto de las prisiones.
Finalmente, tendríamos que analizar con seriedad la probabilidad
de una participación del sector privado en el sistema penitenciario.
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