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jefe, Wilfredo Pedraza, dice que penales no pueden albergar más
presos. Norma dejaría sin facultades a jueces de paz que funcionan
en comisarías
No hay espacio para más en los penales del país, ha repetido
en varias ocasiones Wilfredo Pedraza, jefe del Instituto Nacional Penitenciario
(INPE). La población carcelaría del país rebasa,
como promedio, en un 60% la real capacidad de los establecimientos penitenciarios.
"En un 300% en Lurigancho y un 180% en Santa Mónica",
precisa en el caso de los penales más sobrepoblados de Lima.
Lo volvió a decir la semana pasada cuando supo que el presupuesto
del 2006 para la institución que dirige no le serviría
para construir dos penales más en Lima. En el 2006 al INPE se
le asignará S/.155 millones, unos S/.6 millones menos de lo que
tuvo este año. Ello pese a que los penales siguen bajo la declaratoria
de emergencia.
"Pedí una ampliación del presupuesto para construir
dos penales, de los seis que realmente necesitamos, pero no pasó
nada", señaló Pedraza, quien adelantó que
ante un panorama tan crítico solo le queda pedirle al ministro
de Justicia, Alejandro Tudela, que solicite al Ejecutivo que observe
la ley que sanciona los delitos menores con prisión efectiva
y establece que el monto mínimo de lo robado sea S/.460 y no
S/.1.840 como es actualmente, entre otras modificaciones al Código
Penal y Código Procesal Penal.
"Lamento que una ley tan inadecuada haya sido aprobada en el Congreso,
porque no podemos mandar a más gente a las cárceles porque
el hacinamiento no nos permite llevar a cabo una verdadera rehabilitación
de los internos", comentó ayer Pedraza.
Recorte de funciones
En contra de dicha ley también se ha manifestado el general (r)
Rolando Quezada Bringas, secretario técnico del Consejo Nacional
de Seguridad Ciudadana (Conasec), principalmente porque dicha norma
podría recortar las funciones de los jueces de paz letrados que
actualmente resuelven en nueve comisarías del país las
penas de aquellos que cometen faltas, como el arrebato de carteras y
celulares.
"Si esas faltas ahora van a ser consideradas delitos, los jueces
de paz no tienen razón de ser", comenta Quezada, que recordó
que dicho proyecto nació con el objetivo de acercar justicia
más inmediata a la población.
Si bien los jueces de paz que atienden en comisarías forman parte
de un plan piloto, Quezada señala que actualmente se prepara
la creación de otros once juzgados de paz.
"El presidente Alejandro Toledo anunció dentro del Plan
de Seguridad Ciudadana que se crearían más juzgados. Por
eso estudiamos las zonas de mayor incidencia delictiva del país",
refirió.
Al respecto, el jurista Javier La Rosa, del Consorcio Justicia Viva,
comentó que la aprobación de la controvertida ley daría
lugar a una mayor sobrecarga procesal en los juzgados penales y especializados,
debido a que estos tendrían que asumir los casos de faltas en
materia patrimonial que actualmente ven los juzgados de paz. Además
de la gran demanda que el Poder Judicial no va a poder controlar, se
estarían creando las condiciones ideales para que "una inmensa
mayoría de peruanos, que no tienen acceso a un juez especializado
penal, juez mixto o fiscal, quede en una situación de total indefensión",
advierte La Rosa.
Aspectos positivos
Carlos Basombrío, ex ministro del Interior y especialista en
seguridad ciudadana, también se mostró en desacuerdo con
los aspectos ya señalados de la cuestionada ley, pero dijo estar
a favor de que dicha propuesta legal considere agravantes las figuras
de habitualidad y reincidencia en el delito.
La ley, que será elevada al Ejecutivo para su observación
o aprobación en los próximos 15 días, también
señala que se sancionará con prisión efectiva a
quien no cumpla con el trabajo comunitario con el que sea sancionado.
Al respecto, Quezada, secretario técnico del Conasec, indicó
que ello podría ayudar a un mejor cumplimiento de las penas que
imponen los jueces de paz.
Para analizar estos aspectos, así como los que no son tan viables
dentro de la norma promovida por el Congreso, miembros del Conasec,
entre los que se incluyen el INPE, la Corte Suprema y los ministerios
del Interior y Justicia, se reunirán la próxima semana
a fin de formular una nueva propuesta.
Los puntos
· La ley aprobada recientemente en el Congreso contempla prisión
efectiva de uno a tres años para los casos de hurto y robo.
· Se incorpora al Código Penal la figura de reincidencia
para quien después de haber cumplido condena incurre en un nuevo
delito doloso.
· También se incluye la habitualidad, que se considera
como tal cuando una persona comete otro delito en menos de cinco años.
· Los sancionados con trabajo comunitario que no asistan a dichas
jornadas serán castigados con pena privativa de libertad.
Norka Peralta Liñán
UNAS 200 ZONAS DE ALTA PELIGROSIDAD HAY EN EL CERCADO, SEGÚN
LA POLICÍA
Aproximadamente 200 zonas de extrema delincuencia y alta peligrosidad
existen en el Cercado de Lima, informó el director nacional de
Operaciones Policiales, general Luis Vizcarra Girón.
"Los focos de delincuencia cambian de acuerdo con los días
y las horas, pero en su mayoría están concentrados en
los paraderos principales de los ómnibus y en las zonas donde
hay gran cantidad de gente, como mercados, plazas y parques públicos",
señaló Vizcarra.
Recordó también que los actos delictivos característicos
en esas zonas de la ciudad son los robos comunes y los asaltos al paso.
Las zonas de alta peligrosidad se caracterizan por tener consumidores
de drogas y ladrones comunes que arranchan al paso celulares, carteras,
maletas, relojes, etc.
Un informe de la policía precisa que son peligrosas las zonas
formadas por los jirones Huánuco, Áncash y Amazonas, así
como las intersecciones de la avenida Abancay y el jirón Cusco,
los jirones Huallaga con Carabaya y la intersección de las avenidas
Tacna y Emancipación. También son de cuidado los cruces
de la avenida Argentina y el jirón Cárcamo y los jirones
Huancavelica con Chancay, entre otros.
Mil puntos para drogas
Un estudio de la ONG Opción reveló que en los 43 distritos
de Lima hay, al menos, unos mil puntos de venta de drogas. En esas zonas
hay delincuencia.
INPE ADVIERTE COLAPSO DE CÁRCELES SI SE APLICA NUEVA LEGISLACIÓN
PENAL 08/10/05 FUENTE: LA REPUBLICA PG SOCIEDAD
ACUSAN AL GOBIERNO DE NO TENER VISIÓN INTEGRAL EN SEGURIDAD CIUDADANA
• Expertos opinan que aumentar las penas a delincuentes comunes solo
traerá mayor sobrepoblación en cárceles del país.
• Estudian legislación para las empresas privadas de seguridad.
Por Alberto García M.
Foto: Yanina Patricio.
Desde que el Gobierno asumió a la seguridad ciudadana como política
de Estado, los debates sobre este tema han estado a la orden del día.
Luego de que el Congreso aprobara hace dos días modificar el
Código Penal para establecer la prisión efectiva como
sanción para quienes hurten un monto mayor de 460 nuevos soles,
las críticas no se hicieron esperar.
Los expertos acusan al Gobierno de legislar sobre seguridad ciudadana
sin tener una visión global sobre el tema. El abogado penalista,
Luis Lamas Puccio, consideró las medidas aprobadas por el Congreso
como improvisadas. “Aumentar las penas solo generaría una mayor
sobrepoblación del sistema carcelario”, opinó.
Cárceles llenas
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Wilfredo Pedraza, también
se mostró en desacuerdo con las medidas aprobadas. “El sistema
carcelario del país colapsaría. No estamos en capacidad
de recibir ni a un interno más”, explicó.
Pedraza calificó como “errada” y “poco técnica” a la medida.
Explicó que con esto ingresará a prisión un número
mayor de jóvenes, ya que son ellos quienes cometen mayormente
delitos menores.
Lamas Puccio opinó que es incorrecto pensar que privando de la
libertad a un mayor número de personas la delincuencia va a disminuir
en el país.
El especialista opinó que la problemática de la delincuencia
se debe abordar de manera estructural. “Es necesario fortalecer la labor
de la Policía y dotar al Poder Judicial de mayores recursos”,
indicó.
Ley de seguridad privada
El Perú es el único país de Latinoamérica
que no cuenta con una ley de seguridad privada. Esto quiere decir que
somos los únicos en el continente que no aprovechamos la ayuda
de las empresas privadas de seguridad para combatir la delincuencia.
El presidente de la Sociedad Nacional de Seguridad, Wilson Gómez
Barrios, explicó que este sistema funciona en todos los países
de Europa y en la mayoría de Latinoamérica.
“Para que la comunicación funcione solo es necesario establecer
medios formales de comunicación (lo cual debe ser dictaminado
mediante una ley) e implementar los equipos necesarios que no son muy
costosos”, aseguró.
ANÁLISIS
El sistema legal está en crisis
Susana Villarán
Ex defensora de la Policía.
Al legislar sobre temas de seguridad ciudadana hay que tener cautela.
Recordemos que en el Perú no existen prisiones suficientes para
albergar a más reos. Además, las experiencias legislativas
en otros países han demostrado que resulta más efectivo
sancionar con servicios comunitarios en caso de hurto. Un buen ejemplo
es el caso de Zimbabwe. Desde que se implantaron los servicios a la
comunidad como sanciones para los delincuentes comunes el índice
de reincidencia disminuyó en ese país a solo el 10 por
ciento.
El gran problema en nuestro país no es la ausencia de penas,
sino la falta de efectividad de todo el sistema de justicia. Esto pasa
por la Policía Nacional, el Poder Judicial y termina en el Inpe.
Yo considero que las penas que existían para sancionar a los
delincuentes comunes eran adecuadas. El problema es que no se cumplían.
La medida tomada por el Legislativo es efectista. Responde directamente
al proceso electoral que ya está en marcha. Existen delitos cuya
pena debería ser incrementada, como la violación a menores,
pero en el caso de los delincuentes menores no era necesario
Precisiones
CENTRAL TELEFÓNICA. La central 105 inauguró una línea
telefónica exclusiva para denunciar los actos de corrupción
de la Policía y mejorar su trato a los ciudadanos . El número
es 332-3222.
MÁS OPERARIOS. Además anunciaron que la central 105 doblará
el número de operarios telefónicos para facilitar la atención
de las denuncias que recibe diariamente.
CÁRCEL
POR ROBOS MENORES: ¿CÓMO EJECUTAR LA MEDIDA? 08/10/05
FUENTE: EL COMERCIO PG OPINION
Es importante que el Congreso haya subido las penas a quienes incurran
en hurtos y robos menores y endurecido los criterios para los delincuentes
habituales. Se busca que disminuya la impunidad y así cualquier
hurto de más de S/.460 tenga pena de cárcel real y efectiva.
Sin embargo, en el actual contexto de inseguridad ciudadana, tal medida
--positiva teóricamente pues a mayores penas mayor poder disuasivo--
no funciona automáticamente por sí sola. Se necesita también
jueces probos y eficientes, con voluntad y recursos para hacerlas valer.
Luego, con nuestras ya hacinadas cárceles, ¿adónde
irán todos los nuevos presos? Y si se construyen nuevos penales,
¿seguirán en las condiciones que devuelven a las calles
delincuentes aun más avezados?
Saludamos, pues, la decisión del Congreso pero recordando que
siguen pendientes reformas largamente postergadas de nuestros sistemas
penitenciario y judicial, y también que hay otras formas de sanción
y readaptación, como el trabajo comunal , que funcionan bien
en otros países. El debate debe continuar.
SE
PUEDE RESOCIALIZAR A DELINCUENTES MENORES
El perfil de un arrebatador de carteras y celulares corresponde al de
un joven no mayor de 21 años y con ningún ingreso a los
establecimientos penitenciarios. "Con los que es posible trabajar
para su reinserción a la sociedad", señala el criminalista
José Luis Pérez Guadalupe.
Por ello, refiere, no es aconsejable que un delincuente menor ingrese
a las cárceles del país, pues en estas, debido a su sobrepoblación,
tratarán con delincuentes más avezados, de los que no
tardarán en aprender. Lo ideal, dijo, es que "estos puedan
ser clasificados y aislados de los prontuariados para asegurarnos de
que no saldrán peor de lo que entraron".
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