| Las
'maras', esa compleja modalidad de pandillas juveniles que proliferan
como epidemia en Guatemala, Honduras y El Salvador, no son, únicamente,
un grave problema para la convivencia interna y seguridad ciudadana
de esos países. Por su organización, relaciones y desarrollo,
hoy constituyen el más agudo desafío para su avance democrático
y seguridad nacional, con irradiaciones más allá de sus
fronteras.
El
15 de agosto, choques entre pandillas rivales en cuatro cárceles
guatemaltecas produjeron 36 muertos y 80 heridos. El 24, el obispo auxiliar
de San Pedro Sula, Honduras, denunció un genocidio juvenil en
su país. Días antes, se destapó en El Salvador
una aparente campaña de asesinatos contra jóvenes de aspecto
'marero', que el presidente José Antonio Saca ordenó investigar.
En declaraciones divulgadas el 22 de agosto, un portavoz del Departamento
de Seguridad Interior de Estados Unidos dijo que, desde marzo, 120 pandilleros
han sido deportados a México, Guatemala, Honduras y El Salvador,
80 se les añadirán pronto y 600 más tienen posibilidades
de ser devueltos.
En una cumbre entre los presidentes centroamericanos y mexicano, celebrada
en Tegucigalpa el 29 y 30 de junio, las 'maras' fueron eje de las discusiones.
Y tras los enfrentamientos en Guatemala, José Miguel Insulza,
secretario general de la OEA, insistió en una respuesta integral
e inmediata.
Para que esta produzca el mayor éxito y los menores daños
colaterales posibles, es necesario evitar dos peligrosas simplificaciones:
una, definir exclusivamente a las 'maras' como consecuencia directa
de la pobreza y las desigualdades; otra, considerarlas un problema estrictamente
criminal, con una sola medicina: la represión indiscriminada
--o guerra abierta-- aun a riesgo de vulnerar los derechos humanos.
El fenómeno tiene un carácter internacional que se refleja
en dos grandes 'franquicias' rivales --Salvatrucha y M-18-- , nacidas
en las calles de Los Ángeles, pero que se reproducen y matan
en las principales ciudades guatemaltecas, hondureñas, salvadoreñas,
y amenazan las de Nicaragua y México.
Cada expulsión de pandilleros desde EE.UU. agudiza esa dimensión
del problema. Pero hay muchas más: la falta de oportunidades
educativas y laborales para gran cantidad de jóvenes; su hacinamiento
en barriadas deprimidas; el corto horizonte de sus vidas; la ruptura
de nexos y apoyos familiares; la carencia de focos de identidad positiva;
la violencia heredada de los enfrentamientos político-militares;
la fácil disponibilidad de armas en los mercados negros y la
debilidad técnica de los cuerpos policiales y judiciales.
Hasta ahora, agobiados por el problema, la población y los gobiernos
han preferido, esencialmente, la opción represiva. Pero la epidemia,
no disminuye; crece. Razón de más para emprender estrategias
integrales, que contemplen la prevención, la intervención
en situaciones de riesgo, la represión eficaz, no desbordada,
la reinserción de los 'mareros' en la sociedad, y la coordinación
entre los países afectados y en riesgo.
Es un camino complejo, pero indispensable, urgente y digno de apoyo
internacional. La alternativa puede ser un deterioro irreversible de
la situación, con perversos efectos para el desarrollo, la institucionalidad
democrática, la seguridad regional y los derechos humanos. Es
decir, una verdadera tragedia regional.
© Firmas Press
Eduardo
Ulibarri
Periodista |