TRATADOS INTERNACIONALES IMPEDIRÍAN AL PERÚ APROBAR LA PENA DE MUERTE

TRATADOS INTERNACIONALES IMPEDIRÍAN AL PERÚ APROBAR LA PENA DE MUERTE

Castración química es considerada una alternativa, pero el debate será largo.

Cuando la Comisión de Justicia del Congreso anunció que iba a debatir el proyecto de ley presentado por la legisladora Julia Valenzuela, para aplicar la pena de muerte a los violadores y asesinos de menores de edad, se inició una gran polémica entre legisladores, juristas y ciudadanos. Y no solo eso, sino que además puso en el tapete otro controvertido tema: la castración química para esos desalmados criminales.
Para analizar ambas propuestas, El Comercio dialogó con diversos especialistas, quienes en su mayoría se mostraron en desacuerdo con ambos planteamientos de sanción.
RETIRO DE LA CORTE

Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio, la pena de muerte es prácticamente imposible de concretarse, porque implicaría que el Perú se retire de una instancia supranacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, resaltó que solo el trámite para retirarnos podría demorar entre tres y cinco años, mientras que el proceso judicial para imponer la pena de muerte a un violador podría durar dos años más. "En la práctica, estaríamos hablando de cinco a seis años hasta que un agresor pueda ser ejecutado, lo cual tampoco resolvería el problema", advirtió.
¿Y la castración química?

Por su parte, el ex defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, coincidió en señalar que la pena de muerte va en contra de los convenios internacionales de derechos humanos firmados por nuestro país. "El Perú tiene récord de incumplimiento de obligaciones internacionales y, me parece, esto no debería ni siquiera discutirse", enfatizó.
Asimismo, añadió que dicha sanción no constituye un disuasivo para los violadores y asesinos. "Creo que la mejor opción es enfocar el tema de la violación de menores dentro de un gran enfoque vinculado con las relaciones dentro del ámbito familiar. Además, se debe apuntar hacia la educación y el fortalecimiento de los derechos cívicos, así como de los sistemas de vigilancia que permitan a las víctimas denunciar este tipo de delitos", opinó.
Sobre la castración química -reducción del deseo sexual con inhibidores de la testosterona-, Santistevan también se mostró en desacuerdo. "Este mecanismo de represión, mal utilizado y sin el debido control puede constituir una grave afectación a la personalidad con efectos secundarios impensados", advirtió.
Por su parte, el psicoanalista Saúl Peña tampoco se manifestó a favor de la pena de muerte. En cambio, sobre la castración química, manifestó que solo sería indicada en los casos en que sea aceptada por el propio agresor. "Sin embargo, sugeriría que no se sancione por identificación con el crimen cometido, sino que más bien se asuma una actitud de proteger y prevenir a la sociedad de actos deshumanizantes y degradantes como estos, así como de los que los perpetran".
Mulder resignado

En diálogo con una emisora local, el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, Mauricio Mulder (APRA), reconoció que es "casi imposible" que en el país se aplique la pena de muerte como sanción para los violadores y asesinos de menores de edad. No obstante, insistió en defender su posición al respecto.
"La posibilidad de que la pena de muerte la aprobemos en la Comisión de Justicia es casi imposible. Yo lo reconozco", aseguró el parlamentario, tras explicar que el proceso resultaría bastante difícil, porque implicaría la separación del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.
Reacciones
· "La pena de muerte es un concepto retrógrado. Ninguna pena debe ser por venganza: una cosa es castigo y otra venganza, la vida humana hay que cuidarla y respetarla mucho".
Gastón Garatea
Sacerdote
· "Es una forma de disuadir a estos delincuentes, que causan un daño irreparable. El Poder Judicial no funciona, no aplica las leyes y la población está haciendo justicia por sus propias manos".
Julia Valenzuela
Congresista

LA MUERTE EN DEBATE
11/09/05 FUENTE: EL PERUANO PG EDITORIAL

Cuando hablamos de la pena capital reingresamos a un debate que tiene no menos de siglo y medio, desde que, en el siglo XIX, comenzó el proceso de humanización del Derecho Penal, al iniciarse la superación de la ley del talión para ingresar a la visión moderna, según la cual el objeto de la pena es la readaptación del condenado. El problema que se plantea en sociedades aún no desarrolladas es si, en verdad, resulta posible proponerse con seriedad readaptar delincuentes cuando, debido a nuestras condiciones económicas y sociales, los centros carcelarios son, en su mayoría, lugares de hacinamiento, subalimentación, arbitrariedad y violencia.

En América Latina, el pedido de retornar a la pena capital, bien acogido en vastos sectores populares, se fundamenta en la creencia, no manifestada de modo claro y explícito, de que nuestras sociedades aún no están maduras para un sistema penal moderno. Al fin y al cabo, esas sociedades, hoy avanzadas, ¿no tuvieron normas drásticas en su legislación cuando vivían en condiciones sociales similares a las que hoy vivimos?, ¿acaso los países de Asia oriental no lograron frenar el avance de la violencia delictiva con legislaciones mucho más severas que incluyen la pena de muerte?
Sin embargo, estas reflexiones se han tornado académicas, porque nuestra región optó por aplicar un sistema penal idéntico al de los países más avanzados, quizá impulsada por el utopismo característico de nuestros intelectuales. De este modo, hemos suscrito pactos internacionales que nos impiden ampliar la aplicación de la pena capital y la mayor parte de nuestras constituciones la han abolido o la han restringido a situaciones excepcionales.

En términos concretos, debemos referirnos al Pacto de San José y recordar que mediante éste nos comprometimos a no ampliar el número de delitos sancionados con la pena de muerte. Si un país deseara imponer la pena capital por nuevos delitos, tendría que retirarse del sistema continental de protección de los derechos humanos y, por tanto, sus ciudadanos no podrían acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de no recibir justicia en su país. Un país del Caribe angloparlante efectuó su retiro formal del sistema interamericano de derechos humanos para aplicar la pena máxima.

Como podemos apreciar, existen serios problemas constitucionales y otros vinculados con nuestras relaciones internacionales que complican mucho una posible ampliación de la pena de muerte en nuestro país. Lo que sí debemos tener en cuenta que es imposible legislar en un contexto utópico del “deber ser”, estamos obligados a ver cuáles son nuestras características sociales y, a partir de allí, cómo enfrentamos de modo pragmático la agresión de la delincuencia a la mayoría de ciudadanos respetuosos de la ley.

11/09/05 FUENTE: EL COEMRCIO PG LIMA