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analizar con más detalle los puntos saltantes del mensaje presidencial,
hay que saludar el anuncio de crear cuatro nuevas escuelas de la Policía
Nacional para aliviar el déficit de efectivos.
Sin embargo, es evidente que el problema de seguridad ciudadana no es
solo de cantidad, sino de eficiencia causado, entre otras cosas, por
la duplicidad de funciones entre la Policía Nacional y los servicios
de serenazgo.
Urgen acciones correctivas. Solo en Lima se denuncian diariamente más
de 100 robos y muchos latrocinios más no figuran en las estadísticas,
pues la ciudadanía no confía en una respuesta policial
adecuada y oportuna. En el resto del país se reproduce la misma
patología social de robos, secuestros y violaciones.
¿Qué hacer ante este cuadro explosivo de indefensión
e impunidad? Pues, en vista de las falencias de la PNP y de la efectividad
del serenazgo, debe evaluarse más seriamente --como hemos postulado
en nuestra "Agenda Municipal de Gobierno 2003"-- la posibilidad
de transferir gradualmente, a las municipalidades que estén mejor
preparadas, algunas funciones que han sido competencia de la PNP, como
la seguridad ciudadana y el control de tránsito.
La PNP, por su parte, mantendría asuntos delicados, como la investigación
y represión del delito en todo el territorio nacional, tareas
de inteligencia y lucha contra el terrorismo, narcotráfico, secuestros,
contrabando, etc.
Se lograría así no solo evitar la interferencia y duplicación
de esfuerzos en las urbes, sino también aprovechar mejor los
recursos económicos que sí tienen los concejos y de los
que carece la PNP para remunerar y equipar mejor a sus efectivos. Ante
el aumento alarmante de la criminalidad, que amenaza derechos fundamentales,
el Ejecutivo, el Congreso y las municipalidades deben analizar objetivamente
la propuesta. Ello sin animosidades de ningún tipo y bajo la
premisa fundamental de que las instituciones están para servir
a los ciudadanos.
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