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cifra solo incluye las remuneraciones de los 260 policías. Son
84 los procesados que se acogieron al beneficio
Desde que el cabecilla de uno de los brazos del cártel de Tijuana
en el Perú, Miguel Ángel Morales Morales, salió
de prisión por exceso de carcelería, y obtuvo el beneficio
del arresto domiciliario, un grupo de 24 policías ha sido asignado
para su custodia permanente hasta el día que se le dicte sentencia.
Tres vehículos de la PNP están las 24 horas del día
en su vivienda, ubicada en la calle Los Flamengos 516, en Santa Anita,
ante la eventualidad de una fuga o intento de rescate. Allí convive
con Paula López Fasabi, hija del otrora jefe de la organización
de narcotraficantes Los Norteños, Tito López Paredes,
actualmente en la cárcel.
Hay que tener en cuenta el riesgo que implica el traslado de Morales
Morales cada vez que se programa una audiencia en el penal de Lurigancho,
donde se desarrolla el juicio oral a los miembros del cártel
de Tijuana.
Costo inesperado
Los arrestos domiciliarios, que a la fecha suman 86, demandan un presupuesto
adicional a la PNP, el cual no estaba previsto en términos económicos
ni de personal.
La Dirección de Seguridad de Penales (Dirsepen) ha revelado que
la custodia de los 86 encausados de corrupción, robo agravado,
homicidio, tráfico ilícito de drogas, estafa y violación
le significa un costo al Ministerio del Interior que suma tres millones
120 mil soles anuales, solo por remuneraciones del personal policial.
El costo no incluye las operaciones que se ejecutan para llevar a los
procesados a las diferentes salas de audiencia de los penales de Lurigancho,
Castro Castro o Callao, cuando son requeridos para juicio.
Además, la Dirección de Inteligencia de la PNP asigna
a sus agentes el trabajo de realizar rondas de supervisión encubierta
y así detectar si hay movimientos sospechosos en los alrededores
de los inmuebles donde están los procesados.
Máxima seguridad
En el último traslado del narcotraficante Miguel Ángel
Morales Morales, desde Santa Anita a la sala de juzgamientos del penal
de Lurigancho, se utilizó directamente cuatro autos, dos motocicletas
y veinte policías.
Además, se movilizó a personal de las comisarías
de las jurisdicciones por donde pasaba el camión, policías
de Tránsito (para agilizar el paso) y patrulleros del Escuadrón
de Emergencias apostados en los puntos críticos en donde podría
producirse una emboscada.
El problema es que ya no hay efectivos para ser asignados a los futuros
beneficiados con la detención domiciliaria, y como no se puede
evitar su custodia, la PNP debe desmantelar otros servicios, como la
seguridad en penales y las áreas administrativas de atención
a los ciudadanos.
COSTO EN CÁRCELES ES S/.77 MILLONES
· La PNP tiene a cargo 31 penales del país y el perímetro
de otras 33 cárceles. El INPE administra solo 20 penales
·
Esta labor genera un gasto a la PNP de 77 millones de soles anuales.
Las cárceles son custodiadas por 3.800 policías.
· Los 24 efectivos que custodian al narco Miguel Ángel
Morales son de los penales de Canto Grande, Lurigancho y Chorrillos.
· Se redujo la seguridad en esas prisiones porque la dirección
de penales adolece de efectivos.
EQUIPOS ESPECIALES PARA PROCESADOS
El coronel Alfredo Pérez Vélez, jefe de la Dirección
de Seguridad de Penales, explicó que los sueldos de los 24 policías,
entre oficiales y personal subalterno, que custodian a Miguel Ángel
Morales representan al mes un gasto aproximado de 24 mil soles.
Asimismo, la hermana del presidente Alejandro Toledo, Margarita Toledo,
procesada por el caso de las firmas falsas de Perú Posible, es
custodiada por 17 efectivos, que se turnan para vigilar su departamento
en la avenida Jacarandá, Monterrico, Surco.
Un contingente de 16 policías resguarda la casa de los hermanos
Luis y Manuel Áybar Cancho, procesados por el tráfico
de armas a la colombiana FARC.
Otro grupo de 12 efectivos vigila la casa de Elías Chávez
Peñaherrera, acusado de narcotráfico.
En suma, son un total de 260 policías que deben cumplir esta
nueva misión de custodiar a los que gozan de detención
domiciliaria, que empezó para casos concretos de corrupción,
en el año 2001, y que ahora se ha extendido para los más
diversos y peligrosos delitos.
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