| Según
Defendoría del Pueblo, hasta el 31 de mayo, el Perú soportaba
77 conflictos sociales. De ellos solo ocho se resolvieron, el resto
se mantiene.
Amenazas contra la vida, daños a la propiedad pública
y privada, así como la afectación al libre tránsito,
el impedimento del ejercicio de funciones de la autoridad o la paralización
de los servicios públicos son algunas de las características
de los conflictos que arrastra el país desde antes del 2003,
según el último reporte de la Defensoría del Pueblo
al 31 de mayo de este año. De estos, 29 están activos
y 40 no han sido resueltos. Del total, 23 casos se iniciaron este año,
diez de ellos en mayo último. Según el reporte, estos
se concentran en los departamentos de Cusco, Huancavelica, Puno, San
Martín, Tumbes, Piura, Amazonas, Lambayeque y Ayacucho. En el
primer caso se trata de la exigencia de la población de Espinar
para que la minera Tintaya incremente su aporte a la comunidad. Hasta
ayer el diálogo había avanzado, pero no se vislumbraba
una solución final. En Puno, las cosas también son difíciles,
pues aún no se resuelve la queja de los pobladores de la isla
Uros contra el Inrena. Piden la creación de la Reserva Comunal
del Titicaca para que sea administrada por ellos mismos. Otro grupo
social que causa problema es el cocalero. Sus dirigentes, a pesar de
estar divididos perturban la tranquilidad, sobre todo en el distrito
de La Pólvora (San Martín). Ellos se oponen a la erradicación
de sus cocales, aunque eso implique un constante enfrentamiento con
la policía. En el mismo departamento, dolor de cabeza aparte
para las autoridades son los ronderos que piden la libertad de sus miembros
procesados. A excepción del problema con los cocaleros y los
ronderos, en los otros casos ya hubo participación de comisiones
para propiciar el diálogo. Entre los cuarenta conflictos que
están sin resolver, aunque en aparente calma, se encuentra la
disputa territorial entre las comunidades de Huachos y Capillas, en
la provincia de Castrovirreyna (Huancavelica). El resto son actitudes
de rechazo contra alcaldes distritales, entre ellos los de las localidades
de Conayca y Huacaybamba, en Huancavelica; Luyando, en Huánuco;
Chongoyape, en Chiclayo; y El Carmen de la Frontera, en Piura.
SEÑORES ALCALDES
Los burgomaestres representan el 47% de las autoridades cuestionadas.
A ellos se les acusa de malversación de fondos, no rendir cuentas
y, además, no velar por el medio ambiente, entre otras circunstancias.
Otros motivos frecuentes son el nepotismo y la carencia de obras. En
total son 105 las autoridades cuestionadas entre alcaldes, presidentes
regionales, funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio de Agricultura
y de diversos centros públicos de enseñanza. Un gran porcentaje
de todos los casos anteriores (66%) tiene que ver con cuestionamientos
a comunas distritales y a enfrentamientos entre comunidades. Un 13%
corresponde a enfrentamientos entre poblaciones y empresas mineras,
y un 8% a reivindicaciones gremiales o laborales. Así también
se tiene que el 70% de los casos ocurrieron en zonas rurales y el 86%
en lugares donde se vive en condiciones de pobreza. Generalmente en
estos lugares la presencia del Estado es mínima.
LAS CIFRAS
· 44 casos presentaron enfrentamientos, agresiones e incluso
retención de personas por parte de los manifestantes.
· 30 conflictos reportaron la toma del local de la institución
que era cuestionada. La municipalidad en la mayoría de los casos
fue el organismo de los reclamos . En muchas ocasiones también
hubo daños.
· 25 casos terminaron con paros y movilizaciones, la mayoría
pacíficas, pero que causaron pérdidas económicas
para los comerciantes.
· 14 problemas desencadenaron en bloqueos de carreteras. Sus
consecuencias fueron la pérdida de millones de dólares
en mercadería. Hasta el momento no hay ningún detenido
por este delito.
OCHO LÍOS HAN SIDO RESUELTOS POR LAS AUTORIDADES
Hasta mayo de este año solo se ha logrado resolver ocho conflictos,
la mayoría gracias a la intervención de la Asamblea Nacional
de Rectores (ANR) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Uno de
ellos por la determinación del organismo electoral de vacar al
alcalde de la provincia de Utcubamba (Amazonas) por presuntos delitos
de malversación de fondos, peculado y falsedad ideológica.
Mientras que la asamblea atendió el pedido de la Federación
de Estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de
Mayolo (Áncash) de reorganizar su centro de estudios. El organismo
también formó una comisión para evaluar al personal
y efectuar una auditoría. Otras protestas contra dos autoridades
educativas también llegaron a su fin en Lucanas (Ayacucho) y
en Lima. Una tercera oportuna intervención de la ANR puso fin
a la tensión en la Universidad Nacional del Altiplano (Puno),
donde el rector fue acusado por los alumnos de nepotismo y malversación
de fondos. El mandato de nuevas elecciones pusieron fin al problema.
En el mismo departamento el alcalde de Santa Rosa (Melgar) fue sentenciado
por la Corte Suprema a cuatro años de prisión efectiva
luego de que se detectaran irregularidades en su gestión. Tampoco
le fue muy bien al burgomaestre de Picota (San Martín), quien
fue vacado por el JNE por haber incurrido en nepotismo. Finalmente,
el Congreso logró resolver las protestas en el Colca (Arequipa).
Allí se determinó que las autoridades locales decidirán
sobre el uso de recursos que ingresan por la actividad turística.
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