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Perú tiene la tasa más alta de robos a viviendas wen Sudamérica
y el 44% de los limeños manifiesta sentirse inseguro en su propio
hogar.
Era una combi cualquiera. Viajaba repleta por una céntrica avenida
limeña cuando el boletero sacó un revólver. Todas
las billeteras fueron robadas y los pasajeros que portaban tarjetas
bancarias fueron obligados a retirar su dinero en un cajero automático.
Se trata de una nueva modalidad de secuestro al paso: al por mayor.
Al margen del sentido económico demostrado por los hampones,
lo cierto es que los pasajeros de la combi se llevaron el susto de su
vida. Y no son los únicos nerviosos. Un 87% de los limeños
declara sentirse inseguro en la calle y un 44% manifiesta que tal sensación
persiste en su propia casa, según encuesta de Apoyo Opinión
y Mercado de abril del 2004. El susto, además, es de escala nacional.
La Encuesta Nacional de Hogares (ENH) del 2002 del INEI señala
que un 93% de los entrevistados ubica la delincuencia entre los cuatro
primeros problemas del país. No es para menos. Según la
encuesta de Apoyo, un 15% de los entrevistados declaró que su
hogar había sido objeto de robo en los 12 meses precedentes,
y 51% que había sido asaltado o agredido en la calle durante
el mismo lapso. Por otra parte, un estudio comparativo elaborado por
el Instituto Peruano de Economía (IPE), basado en tres fuentes
(ENH 1999-I Trimestre, International Crime Victims Survey de 1996 y
2000, y la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2003, de
Chile), revela que las raíces de nuestro miedo son de categoría
mundial: el Perú tiene la mayor tasa de robo de viviendas en
Sudamérica y la segunda de toda la muestra, superado solo por
Tanzania.
Cada quien por su cuenta
La creciente sensación de inseguridad tiene su manifestación
más clara en una serie de iniciativas civiles. En ellas hay de
todo. Desde el empleo masivo de mecanismos elementales de prevención
(57% de los hogares peruanos emplea cerrojos y trancas, 32% tiene perro
y 15% ha enrejado puertas y ventanas, según, la ENH 1999-I Trimestre)
hasta la proliferación de empresas proveedoras de servicios de
seguridad (1269 registradas en Dicscamec a setiembre de 2003) y vigilantes
particulares (38,071 en todo el país en 2003, según Dicscamec,
pero según el despacho del congresista Luis González Posada,
la cifra sería de 95 mil), serenazgos municipales (22 distritos
limeños cuentan con el servicio), rondas vecinales urbanas y
rurales (12% de los hogares peruanos las emplean, dice la ENH 1999-I
Trimestre) y vigilantes de vecindario (6% de los hogares peruanos los
usan, según la misma encuesta). El miedo, por cierto, tiene un
precio. Según la Sociedad Nacional de Seguridad, el monto facturado
por empresas proveedoras de servicios de seguridad es superior a los
S/. 1.000 millones anuales (en 2003 fueron S/. 1.200 millones en todo
el país) y cerca del 30% de dicha facturación proviene
de servicios demandados por el Estado. Por otra parte, de acuerdo a
la Superintendencia de Banca y Seguros, el monto gastado ese mismo año
por seguros contra robo fue de S/. 22 millones en Lima, y un estimado
del IPE cifró en S/. 45 millones los gastos por seguridad vecinal
en la capital. En suma, los gastos formales por seguridad privada superan
S/.1.267 millones al año, cerca al 50% del presupuesto asignado
al Ministerio del Interior en el 2005. Si a estos montos se suman los
servicios de seguridad informales, así como los gastos en empresas,
quie no son tercerizados, la cifra sería significativamente mayor,
aunque ésta es difícil de precisar.
Quién podrá defendernos
Otro dato revelador de la encuesta de Apoyo proviene de las causas a
las que los limeños atribuyen la proliferación del crimen
y la violencia. Si bien la pobreza y la falta de empleo (79%), la ausencia
de valores morales (50%) y la carencia de leyes adecuadas (25%) son
identificadas como las principales, un grueso 23% de los entrevistados
la atribuye a la ineficiencia de la policía. Lo cierto es que
la policía no se da abasto. A principios de los años noventa
la PNP contaba con 97 mil efectivos (excluyendo personal civil). Quince
años después, quedan 80 mil. Explicación: el gobierno
de Fujimori cerró durante seis años las escuelas de oficiales
y suboficiales, lo que impidió que se renovaran los batallones.
Pero, si bien las escuelas han sido reabiertas, el número total
de efectivos sigue decreciendo. Según el ministro del Interior,
general PNP (r) Félix Murazzo, el número de policías
que anualmente sale de la institución es superior al de los que
ingresan. Otro factor que afecta la disponibilidad de efectivos es el
sistema de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, que, día por
día, reduce el número de policías operativos a
la mitad. Introducido a finales de la década de los años
80, el sistema permite a los efectivos policiales complementar su ingreso
mensual con servicios a particulares. De acuerdo al ex ministro del
Interior Gino Costa, la falta de un adecuado sistema de control de personal
ha llevado a que se abuse del sistema y que muchos policías trabajen
para terceros no solo en su día libre, sino también en
los que les correspondería prestar su servicio al público.
La combinación del 24 x 24 con una distribución de efectivos
que privilegia, antes que la vigilancia en las calles, las labores administrativas
y la protección de dignatarios, ha conducido a que el número
de policías destinados al patrullaje en todo el país,
se ubique por debajo de los 15.000 efectivos. En Lima Metropolitana,
el número de efectivos encargados del patrullaje es de 1.500
diarios.
Marco Avilés
Melissa Pérez
DE
CRÍMENES Y CRÍMENES
· El índice de homicidios (número de personas asesinadas
por cada 100 mil habitantes) del Perú pasó de 13,8 en
1994 a 4,8 en el 2004.
· De acuerdo a las ENH 1998 y 1999-I Trimestre, 16,30% de los
hogares encuestados en todo el país habían sido víctimas
de robo.
· La tasa nacional de violencia sexual se ha incrementado de
18,5 víctimas por cada 100 mil habitantes en 1996 a 22 por cada
100 mil habitantes en 2003.
· En cuanto a secuestros, según la ENH 1999-I Trimestre,
el 0,4% de los hogares encuestados fue víctima de un intento
de secuestro (27.240 casos) y, del total de intentos, 42,7% fueron efectivos.
El 45% de intentos de secuestro se concentra en la ciudad de Lima, donde,
solo en el mes de mayo del 2005, se registraron 14.
· Un total de 22 distritos limeños cuentan con serenazgo
municipal. Reúnen, en total, 2.078 efectivos, 159 motocicletas
y156 camionetas.
AÚN NO HAN SIDO INSTALADOS 472 COMITÉS DISTRITALES DE
SEGURIDAD CIUDADANA
Las dificultades de la policía para enfrentar con éxito
a la delincuencia son evidentes para todos.
Igualmente claro es que la solución al problema reside en darle
una mano. Para eso, para integrar y articular las acciones del Estado
y la comunidad, en febrero de 2003, mediante la Ley N° 27933, fue
creado el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), que está
formado por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) y comités
de seguridad ciudadana en los ámbitos regional, provincial y
distrital. El Conasec es el máximo organismo del sistema. Está
encargado de la formulación, conducción y evaluación
de las políticas nacionales en materia de seguridad ciudadana.
Es presidido por el ministro del Interior y lo integran los ministros
de Educación, Justicia, Salud y Economía, así como
un integrante de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el
defensor del Pueblo, dos presidentes regionales, el alcalde de Lima
Metropolitana y los alcaldes de las dos provincias con mayor número
de electores del país. Los comités regionales, provinciales
y distritales, que son los pulmones del sistema, son responsables por
la formulación y ejecución de planes, programas y directivas
en sus respectivas jurisdicciones en el marco de las políticas
diseñadas por Conasec. Son presididos por los presidentes regionales
y los alcaldes provinciales y distritales e integrados por las autoridades
policiales, educativas, de salud, Poder Judicial, Ministerio Público,
Defensoría del Pueblo y todas aquellas que resulten necesarias.
A la fecha, la totalidad de los comités regionales de seguridad
ciudadana ha sido instalada. La cifra se reduce a 95% cuando se habla
de provincias (falta completar la instalación de comités
provinciales en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco,
La Libertad, Puno y Ucayali) y a 71% en los distritos. De hecho, algunos
departamentos tienen índices de instalación inferiores
al 50% para comités distritales; se trata de Huancavelica (31%),
Loreto (25%) y Ucayali (40%). Con índices entre 50% y 70% tenemos
Amazonas (55%), Áncash (57%), Ayacucho (69%), Cusco (65%), Puno
(59%), San Martín (64%) y Lima (52%). En total, está pendiente
la instalación de 472 comités distritales y 10 provinciales
DÉFICIT
DE 43% EN PRESUPUESTO DE INTERIOR
La participación del presupuesto del sector interior sobre el
Presupuesto General de la República exhibe desde hace años
marcada tendencia al descenso y el aprobado para el año 2005
es el más bajo en lo que va de este gobierno.
Según
el diagnóstico presupuestal del sector Interior elaborado en
setiembre de 2004 por la Dirección de Economía y Finanzas
de la PNP, es 43% inferior a las necesidades del sector. El panorama
que el diagnóstico esboza en todos los aspectos de la actividad
policial es, por decir lo menos, apocalíptico. Si bien el 96%
del presupuesto sectorial está orientado al pago de remuneraciones
y pensiones, este año la PNP no podrá cumplir con asignaciones
por tiempo de servicios, sueldos de cesación y asignaciones por
combustible, entre otros. En cuanto a bienes y servicios, el déficit
presupuestal comprometería el pago de servicios básicos
como luz, agua, desague, telefonía y servicios de comunicación
e inclusive arbitrios municipales; también la adquisición
de combustible y lubricantes para la flota vehicular, y la compra de
municiones y explosivos (la última adquisición data de
1999), entre otros. En el rubro de inversiones y otros gastos de capital
de los S/.197 millones solicitados solo S/.6 millones fueron aprobados.
Algunos elementos de la lista de compras para este rubro, como los vehículos
para los oficiales, son, por más que se trate de un derecho adquirido,
cuestionables en una coyuntura de escasez crítica como la actual. |