La Comisión
de Constitución del Congreso ha dado luz verde a una iniciativa
legislativa que busca dar rango de gobierno local a los municipios
de Centros Poblados Menores. A pesar de las múltiples críticas
que esta propuesta irreflexiva y demagógica ha suscitado, sus
autores no cumplen con retirarla de agenda. El grupo Propuesta Ciudadana
publicó hace pocos días un documento que es una meditada
fundamentación del trágico error que cometería
el Pleno si convierte en ley semejante iniciativa.
Se señala allí que el 60% de los municipios del país
se ubica en zonas rurales y que se caracterizan por su crónica
falta de recursos propios, debido a lo cual sobreviven con las transferencias
que reciben del gobierno central vía el Foncomún. Es
verdad, por lo tanto, que los Centros Poblados Menores reciben muy
poco de los municipios que difícilmente logran equilibrar sus
presupuestos, a pesar de alguna mejora en años recientes.
Como un modo de canalizar las demandas no satisfechas de centros poblados
y caseríos —agua y desagüe, vías de comunicación,
electrificación, etc— surgieron las solicitudes de creación
de los denominados Municipios de Centros Poblados. Era una manera
de dotar de organización mínima a sectores por debajo
del límite de pobreza. Pero no se pensó en ellos como
un quinto nivel en la organización administrativa del Estado.
De acuerdo a la lógica del proyecto presentado, los dos puntos
del IGV que van al Foncomún y se distribuyen entre los 194
municipios provinciales y 1,830 distritales, tendrían que cubrir
también las necesidades de los 1,861 centros de poblados menores
reconocidos hoy. Es decir, habría que compartir el mismo monto
de recursos, solo que reducido en un 50%. No se ve en qué podría
beneficiar al país esta nivelación hacia abajo.
Habría, además, un agravante, y es que el surgimiento
de nuevos municipios implicaría la creación de una estructura
burocrática que en el caso de los actuales hace destinar 40%
de los ingresos a gasto corriente. El proyecto tiene una lógica
aberrante, pues en lugar de integrar lo existente, busca dividir,
creando nuevos organismos de gobierno y unidades de gasto.
Esto no quiere decir que no estemos ante un problema real, pero antes
que multiplicar al doble el número de municipios habría
que pensar en proporcionar mayores recursos a los ya existentes. Un
punto extra del IGV, señala el documento de Propuesta Ciudadana,
representaría ingresos por 900 millones de soles para los municipios,
y les permitiría atender las necesidades de los poblados menores.
Pues no se trata de dividir lo escaso, sino de facilitar que lo existente
funcione. Ojalá que el Pleno detenga una iniciativa sin pies
ni cabeza y que fragmentaría aun más el Estado peruano.