La búsqueda
de soluciones integrales a problemas sociales complejos no justifica
las acciones violentas, porque democracia no es anarquía.
Después de los lamentables sucesos de inicios de esta semana,
en que grupos de campesinos cocaleros se enfrentaron a las fuerzas
del orden, hecho que dejó un saldo de heridos y contusos, entre
ellos 17 miembros de la PNP; el ministro del Interior manifestó
que un comportamiento tan agresivo era un "amotinamiento"
y se refirió a los que participan en este tipo de acciones
violentas como pasibles de ser procesados por sedición.
Estos sucesos nos llevan a persistir en una cuestión, a nuestro
juicio, fundamental: en un país democrático, regido
por la ley, todos tienen libertad para pensar y expresar lo que desean;
pero, al mismo tiempo, están obligados a respetar el sistema
legal imperante, aun cuando discrepen de él. Aquellos que infringen
las leyes merecen la aplicación de las penas tipificadas en
las disposiciones pertinentes.
Los ciudadanos que se oponen a la política gubernamental o
a las leyes vigentes pueden exteriorizarlo y efectuar los actos legítimos
necesarias para cambiar esa política o dichas leyes. Esto significa
acudir a los medios de comunicación, organizar manifestaciones
y marchas, ejercer acciones judiciales, recolectar firmas e inclusive
llevar a cabo paralizaciones de labores. Éstos son los márgenes
que la democracia permite; sin embargo, mientras una norma está
vigente, todos hemos de cumplirla, y resulta insensato emplear métodos
reñidos no sólo con el orden legal, sino también
con la vida civilizada.
Creemos que la actual situación del Perú debe llevarnos
a insistir en que la supuesta justicia de un fin no es excusa para
utilizar métodos ilegales e inmorales. La idea maquiavélica
de que el fin justifica cualquier medio es contraria a la esencia
del estado de derecho; por tanto, las autoridades correspondientes
tienen que sancionar a los que quebrantan la ley.
Sabemos que el problema de los cocaleros es muy complejo y no se puede
resolver con medidas represivas; entendemos, además, que un
asunto muy serio debe encararse por la vía de la reactivación
del agro, la sustitución de cultivos y el uso legítimo
de la coca, a que hemos hecho alusión en ocasiones anteriores.
Es importante
recordar que esto no atañe sólo a los países
productores y exportadores de droga, sino también que los que
pertenecen al mundo desarrollado y sufren los efectos del consumo
deben comprender que, si de veras aspiran a solucionar este problema,
tienen que apoyar con más decisión a los que padecen
las consecuencias del atraso y la pobreza.
Los peruanos debemos actuar en estos distintos escenarios para enfrentar
ese difícil asunto, y, al mismo tiempo, tener presente que
una sociedad civilizada no puede confundir democracia con anarquía.