PNP Y ARRESTOS DOMICILIARIOS

Ignacio Villarán Raffo / Abogado del Consorcio Justicia Viva.-

Ante la absoluta falta de recursos humanos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el cumplimiento de sus funciones constitucionales, ésta se ha visto forzada a rechazar recientemente el pedido del Poder Judicial de custodiar a doce procesados. Así, pues, de acuerdo con el oficio remitido el jueves 12 por el director de Seguridad de Penales, coronel PNP Alfredo Pérez Vélez, al vocal Carlos Ventura, de la Cuarta Sala Penal con Reos en Cárcel, existe una incapacidad de la Policía para seguir brindando resguardo a las personas objeto de arresto domiciliario, ante la conocida escasez de efectivos.

Son actualmente 260 los policías destacados para custodiar un total de 75 procesados. De ellos, 50 son procesados por las diferentes modalidades de delito de corrupción de funcionarios, 3 por tráfico ilícito de drogas, y 22 por asalto, robo agravado, violación y homicidios. Para cubrir estos arrestos, algunos efectivos tuvieron que dejar sus puestos de trabajo en los penales de Lurigancho, Canto Grande y el Centro Maranguita, poniendo en peligro la seguridad de estos establecimientos.

Para realizar una adecuada vigilancia del arresto domiciliario para sujetos de gran peligrosidad, se necesita como mínimo cuatro policías por turno de ocho horas. No obstante, quienes cumplen actualmente condena en sus domicilios son vigilados por un solo policía, lo que explica que en los dos últimos años hayan fugado cuatro reos comunes.

De acuerdo con el Código de Ejecución Penal, los arrestos domiciliarios deberían otorgarse a los procesados mayores de 65 años o con invalidez permanente, pero los problemas del Poder Judicial para resolver conflictos a tiempo obligó a aplicar también esta figura a los delincuentes comunes y de gran peligrosidad, hecho que pone en riesgo la vida de los policías abocados a esta labor. El sistema de arresto domiciliario ha colapsado por falta de recursos humanos –problema que ha producido también la desnaturalización del Código de Ejecución Penal– al tratar el Poder Judicial de custodiar a quienes no deberían ser custodiados. A raíz de esta situación, se ha descuidado la protección de los penales y, sobre todo, la seguridad ciudadana en general, puesto que, además de no contar con el suficiente personal policial, se carece de una distribución proporcionada de los efectivos para funciones de resguardo.

Ante esta situación, el Ministerio del Interior, junto con la PNP, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, debe concentrar fuerzas para enfrentar el problema. Por un lado, tenemos la imposibilidad del Poder Judicial para sentenciar en el plazo de ley, y por otro, la marcada ausencia de efectivos policiales que vigilen a los procesados que cumplen condena en sus domicilios. Ambos problemas tienen que ser resueltos cuanto antes si no queremos llegar a un colapso institucional de mayor escala.