La crisis
estaba anunciada: la Policía Nacional ha sido rebasada en su
capacidad operativa, al punto de que ya no puede asumir la vigilancia
de aquellos procesados con arresto domiciliario.
Pero, más allá de las limitaciones presupuestales, administrativas
y de personal de la PNP, el problema de fondo radica en la irresponsabilidad
del Poder Judicial y sus magistrados, que no actúan con la
debida presteza y celeridad para aplicar sentencias. A ello debe sumarse
la aparente deformación que ha sufrido la legislación
que regula el arresto domiciliario.
Inicialmente debía aplicarse a los procesados mayores de 65
años o con invalidez permanente, pero ahora se otorga indiscriminadamente
a miembros de la mafia fujimontesinista, narcotraficantes, violadores
y hasta homicidas, lo que es un escándalo nacional. Ante tal
patología, ha hecho bien la policía en negarse a aceptar
más pedidos de vigilancia domiciliaria. Si los asumiera tendría
que abandonar la custodia de establecimientos públicos e incluso
de la vía pública. La PNP no puede pagar los platos
rotos por la lentitud procesal del Poder Judicial... y los ciudadanos
tampoco.