PNP RECHAZÓ LA VIGILANCIA DE DOCE PROCESADOS CON ARRESTO

Solo 260 policías están asignados para cumplir estos pedidos. Proponen que el INPE asuma las solicitudes de custodia.

La Policía Nacional ya no aceptará más pedidos para vigilar a procesados que tienen órdenes de arresto domiciliario dictadas por el Poder Judicial, porque la demanda de este servicio, al que recurre desesperadamente esta institución del Estado para no dejar en libertad a los presos que cumplen 36 meses sin sentencia, ha rebasado su capacidad operativa. La legislación vigente dice que si a un preso el juez no le otorga un veredicto en ese lapso de tiempo, este puede solicitar su libertad restringida. Un oficio, remitido el 12 de mayo por el director de Seguridad de Penales, coronel Alfredo Pérez Vélez, al vocal Carlos Ventura Cueva, de la Cuarta Sala Penal con Reos, ha sido el detonante de la medida. En el documento se le explica al vocal la incapacidad de llevar a cabo esas órdenes, debido a que ya no se cuenta con más personal para dar seguridad a los procesados en sus viviendas. La citada sala había otorgado el recurso a doce reclusos considerados de alta peligrosidad para que sean custodiados en sus viviendas por policías. "No se trata de un desacato a la autoridad judicial o un delito contra la administración de justicia, sino simplemente que no se pueden ejecutar las órdenes porque no hay más personal", según un alto oficial. Son 260 policías actualmente que custodian 75 casas en donde se encuentran igual número de procesados. De ellos, 50 son reos por corrupción, tres por tráfico de drogas y 22 por asaltos, robo agravado, violación y homicidios. Esos policías dejaron los penales de Lurigancho y Canto Grande, así como del centro Maranguita, poniendo en riesgo la seguridad de los establecimientos para sumarse al contingente. Si la PNP hubiese aceptado los doce últimos arrestos solicitados por la Sala Penal, se hubieran necesitado unos 120 policías más, teniendo en cuenta que cada sujeto de alta peligrosidad debe tener como mínimo cuatro policías por turno de ocho horas. Frente a esta situación, la Dirección de Seguridad de Penales recomienda que sea el Instituto Nacional Penitenciario (INPE ) u otro organismo los que asuman la custodia. Hasta ayer se desconocía qué decisión iba a tomar la Sala Penal ante la negativa de la policía de no poder cumplir con dichas órdenes. Mientras tanto, los procesados siguen en los penales Castro Castro y Lurigancho a la espera de su excarcelación. Hasta el momento son cuatro los reos comunes con arresto domiciliario que han fugado de sus casas en los dos últimos años. Se burlaron de la custodia policial, la cual no tiene autorización para verificar si el recluso se encuentra o no en el interior del inmueble. Uno de los casos más sonados fue el Pedro Espinoza Torres, quien tenía dos años y medio de arresto domiciliario en su casa ubicada en San Juan de Lurigancho. Este sujeto, procesado por homicidio calificado, escapó de su custodia en febrero, acudió a una fiesta y mató a una persona en estado de ebriedad. Luego volvió a su casa. El sujeto fue descubierto por los testigos y detenido. Actualmente cumple condena en el penal de Lurigancho y los policías fueron procesados por esa fuga. Según la PNP, el recurso se ha trastocado y los jueces lo usan para justificar su incapacidad.

Luis García Panta

ERAN PARA PROCESADOS POR CORRUPCIÓN
Los arrestos domiciliarios empezaron a ser otorgados a los procesados por corrupción del régimen de Fujimori en el 2002. Aunque el Código de Ejecución Penal señala que deberían ser dados a los procesados mayores de 65 años o con invalidez permanente, el Poder Judicial empezó a darlos a estos acusados como una desesperada medida para que los mismos no escaparan de la red de la justicia. La excesiva carga laboral, se decía, era la causa de que estos presos especiales no fuesen juzgados a tiempo y se optase por tenerlos detenidos en sus domicilios. En el 2002 eran solo 90 policías asignados a la custodia de sus viviendas. Pero desde el 200 3 la medida fue aplicada indiscriminadamente a los narcotraficantes, peligrosos delincuentes, homicidas y hasta violadores.

LOS POLICÍAS EN LAS 'CÁRCELES DORADAS'
· Carmen Burga, la testigo de la falsificación de firmas, tiene asignados seis policías en la urbanización La Roncadora, en Santa Clara, Ate Vitarte.
· Margarita Toledo, hermana del presidente de la República, cumple arresto en su casa en la Urb. Valle Hermoso de Surco. La vivienda está rodeada de ocho policías.
· Los hermanos Áybar Cancho tienen asignados diez policías en su vivienda del jirón Nevado Huandoy en la cooperativa Aprovisa, La Molina.
· Los asaltantes de turistas Max y Jeff Hoxsas Tapia tienen ocho polícías que los vigilan en sus casas del peligroso barrio de Chacarita, Callao.
· A Laura Bozzo Rotondo solo dos policías la vigilan por turno en la sede de Monitor, en San Borja.
· Elías Chávez Peñaherrera, hermano del narcotraficante Demetrio Chávez Peña Herrera 'Vaticano', tiene asignados ochos custodios en su casa de La Floresta, Los Olivos.
· Estela Cárdenas Díaz , procesada por homicidio calificado es vigilada por tres efectivos PNP en su casa de la Mz. N-2, lote 26, en la urbanización El Pinar, en Comas.