Joaquín
Villalobos (*).
“En el modelo represivo, los encargados de la seguridad comienzan
pateando delincuentes y terminan matando a cualquiera, inventan conspiraciones,
espían a ministros y presidentes y terminan formando estructuras
ilegales para inteligencia y exterminio”
¡Dame
veinte minutos y te resuelvo el problema!, dijo el general José
Alberto Medrano, director de la Guardia Nacional, al general Fidel
Sánchez Hernández, Presidente de la República.
Era 1970, una huelga magisterial cobraba fuerza y los maestros habían
tomado algunas plazas de San Salvador. Medrano pedía autorización
para que sus guardias los desalojaran; el ministro de Educación,
licenciado Walter Béneke, se oponía, pero al final el
Presidente ordenó el desalojo. Béneke advirtió
entonces a Medrano: ¡El país terminará mal y vos
también! Efectivamente no fueron 20 minutos, sino 20 años
y 80,000 muertos. Sánchez Hernández fue temporalmente
derrocado en un cruento golpe de Estado, Béneke fue asesinado
por los escuadrones de la muerte y Medrano fue ejecutado por un comando
guerrillero cuando ya era un anciano.
Siete golpes de Estado
Entre 1930 y 1982 El Salvador fue gobernado por seis generales, cuatro
coroneles y siete juntas militares. En ese tiempo hubo siete golpes
de Estado y seis elecciones. De estas, solo dos tuvieron pocos cuestionamientos:
en una, el coronel que ganó dijo haber obtenido el 95% de los
votos; en otra, otro coronel compitió solo y los fraudes de
las dos restantes provocaron la guerra civil. La fuerza como recurso
para mantener el orden y resolver diferencias está profundamente
arraigada en nuestra cultura. Por haber sido siempre el instrumento
de los gobernantes se convirtió también en el de los
gobernados y ahora domina en la izquierda y la derecha, en civiles,
militares, pobres y ricos.
El militarismo, las guerrillas, los escuadrones de la muerte, las
protestas violentas, los pleitos callejeros, la exagerada armamentización
de los civiles, la violencia doméstica y la creencia de que
seguridad es sinónimo de represión están vinculados
a factores culturales. El debate entre el general y el licenciado
representa el dilema entre fuerza o conocimiento. En ese debate la
fuerza asesinó 400 maestros, asaltó tres veces la Universidad
Nacional, apaleó a un premio Nobel de Medicina, acribilló
a tiros a dos rectores y terminó ejecutando a seis brillantes
académicos jesuitas.
Cuando la violencia es parte de la cultura tiene vida propia y puede
reciclarse. Las pandillas conocidas como “maras” se han multiplicado,
existen grupos de exterminio de delincuentes, elevada violencia social,
grupos de extrema izquierda armándose, estructuras secretas
ilegales persiguiéndolos y el crimen organizado está
derrotando a la policía y al Poder Judicial. La guerra era
una violencia organizada con actores reconocidos y propósitos
definidos, pero ahora esta se ha reciclado en formas más atomizadas,
complejas, agresivas y persistentes. Si la estrategia para enfrentarla
es errada podemos repetir la premonición de Walter Béneke:
“El país terminará mal”. La posibilidad de ser una sociedad
pacífica está en riesgo de retroceso.
El fenómeno de las maras
La mara “Salvatrucha” es una marca salvadoreña de violencia
con excelente posicionamiento internacional. Guatemala, Honduras y
El Salvador, por sus altas tasas de homicidio, secuestros, sangrientas
batallas en las cárceles, linchamientos populares y cumbres
presidenciales de seguridad, parecieran estar de nuevo en guerra.
La pregunta principal es: ¿Por qué las maras se expandieron
solo en esos tres países?, precisamente los tres con tradición
militarista, descuido en la prevención temprana y preferencia
por la represión. Paradójicamente Nicaragua, con posguerra,
emigración, similar densidad de población que Guatemala
y Honduras, pero con más pobreza, menos policías, mucho
más inestabilidad política y menos institucionalidad
en la justicia, tiene menos delitos, menos presos y es uno de los
países más seguros de América Latina.
En Nicaragua la tradición militarista terminó con la
desaparición de la Guardia de Somoza, aunque esto abrió
paso a una policía y un ejército altamente politizados
e ideológicos. La institucionalización implementada
durante la presidencia de Violeta Chamorro, apoyada por sectores moderados
del sandinismo, corrigió lo ideológico, pero la capacidad
política de los oficiales de policía y ejército
les facilita actuar de manera diferente ante los problemas de seguridad.
En Nicaragua la organización de las comunidades se desplegó
a plenitud y esto deriva en mayor control social y convivencia pacífica,
y es el control social, no los policías, lo determinante en
la seguridad de cualquier país. En los otros tres países
la organización de las comunidades ha sido reprimida. En Nicaragua
hay detección y prevención temprana desde abajo y, en
los otros, hay indiferencia ante la violencia entre los de abajo y
represión reactiva de arriba hacia abajo.
Recientemente tres policías esposaron y arrestaron a una niña
de cinco años en un kindergarten de La Florida, EE.UU., porque
no obedecía a los maestros. Se podría hablar de las
torturas en Iraq, pero el caso de la niña ejemplifica mejor
el modelo de autoridad y represión estadounidense que influencia
a Guatemala, El Salvador y Honduras, el cual supone que la seguridad
no requiere planeación científica integral, sino fuerza.
Esto deriva en civiles que se arman y policías que torturan.
Lo primero provoca que los ciudadanos se maten entre ellos mismos,
y lo segundo convierte a los policías en delincuentes con poder.
En el modelo represivo, los encargados de la seguridad comienzan pateando
delincuentes y terminan matando a cualquiera, inventan conspiraciones,
espían a ministros y presidentes y terminan formando estructuras
ilegales para inteligencia y exterminio de delincuentes. Esto siempre
deriva en crimen organizado. Mano de hierro, mano blanca y sombra
negra son lo mismo. En nuestro país empezaron persiguiendo
opositores y terminaron secuestrando a empresarios.
Otras experiencias
Las políticas más exitosas en seguridad consideran los
derechos humanos una ventaja, en México el Gobierno de Ernesto
Zedillo derrotó a la guerrilla zapatista con un cerco de operaciones
sociales y golpes de tolerancia política. Antanas Mockus, matemático
y ex alcalde de Bogotá, redujo los homicidios y mejoró
notablemente la seguridad transformando la conducta de los bogotanos.
Costa Rica sustituyó hace 58 años la fuerza por la educación
como pilar de la seguridad, y sobra hablar de los resultados. En nuestro
país existen alcaldías que tienen menos maras a partir
de políticas de organización y participación
de las comunidades.
La seguridad es un tema civil multidisciplinario, social, cultural,
jurídico, político, económico, educativo, moral
y mediático. La represión es importante, pero es solo
un componente más, y utilizada exclusivamente no resuelve la
violencia, sino que la multiplica. Argentina, Brasil, Guatemala, Honduras,
Perú y hasta la Venezuela de Chávez, que tienen policías
militarizadas, sufren graves crisis de seguridad. En El Salvador,
ofrecer mano dura para ganar una elección era políticamente
rentable, aunque no fuera decente. La repetición constante
de un mensaje de fuerza dirigido a los instintos de venganza multiplica
la cultura de violencia, ya que mano dura es también una pelea
de vecinos o el marido que le pega a su esposa. Las maras, cuando
comenzaron, eran un problema de violencia social juvenil que atormentaba
a los pobres, como no se hizo nada empezaron a matar y robar, cuando
se las reprimió se volvieron más violentas; cuando se
las encarceló masivamente, se armaron y se organizaron nacionalmente,
ahora se han convertido en sicarios del crimen organizado y han creado
una grave crisis regional. El plan de seguridad que se implementó
hace un año ya fracasó y, si no se corrige, lo peor
estaría por venir. Es hora de escuchar al licenciado y descartar
al general.
(*) Ex comandante del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional, FMLN