? Sostiene
que no se puede atentar contra el libre tránsito vecinal por
la seguridad.
? Alcaldes se reunirían hoy. Uno exige quitar la barrera mientras
que el otro se niega. La Defensoría del Pueblo rechazó
ayer la instalación de la malla metálica por parte de
la Municipalidad de La Molina, en el límite de dicho distrito
con Ate. Según Christian Sánchez, adjunto al defensor
del Pueblo para la Administración Estatal, las medidas de seguridad
no pueden atentar contra los derechos ciudadanos.
Precisó que así lo establece el informe que su institución
emitió el año pasado sobre este tema bajo el título
Libertad de Tránsito y Seguridad Ciudadana.
"No se puede atentar contra un derecho básico (el libre
tránsito) para garantizar otro (la seguridad). La única
excepción, según el documento, se da cuando existe un
comprobado índice de delincuencia", señaló
el funcionario. Sánchez se preguntó cuál es el
verdadero móvil detrás de la actitud de los vecinos
de la urbanización Santa Patricia de La Molina, quienes, en
acuerdo con el alcalde, erigieron la malla. "Parece que hay un
problema de clase social", opinó.
LÍO DE ALCALDES. Por la mañana, varios residentes de
ambos distritos se congregaron en la esquina de la calle Bucamaranga
y la avenida Melgarejo, donde se inicia el enrejado. El alcalde de
Ate, Óscar Benavides, acudió para apoyar la protesta
de los vecinos de su jurisdicción y, ante la reacción
airada de los mismos -que pretendían romper la red-, los instó
a conservar la calma. Hoy se reuniría con su homólogo
de La Molina, Luis Dibós, pese a que este último insiste
en que dicha barrera no es ilegal.
Por la tarde, trabajadores del colegio Alpamayo sacaron una de las
rejas transversales a la malla, que da hacia el distrito de Ate, a
pedido del burgomaestre de ese distrito. El director de dicho plantel,
Manuel Viera, criticó la intransigencia de los vecinos de Santa
Patricia y no descartó que estos hayan tomado una medida discriminatoria.