Responde José Ávila*Sobre la propuesta de privatizar las cárceles.
Por: Zaida Zamudio
Hace unos días, se volvió a solicitar en el Congreso de la República que se debata el proyecto de ley que permitiría la participación del sector privado en la construcción y la gestión de los penales del país. La propuesta no fue bien recibida por la Defensoría del Pueblo. Esta institución considera que es una sugerencia inviable, pues no resolvería los graves problemas penitenciarios en el Perú y, además, resultaría muy caro para el Estado.
La semana pasada se pidió en el Congreso de la República priorizar el debate del proyecto de ley que permitiría privatizar las cárceles. ¿Qué opina usted al respecto?
En relación con esta propuesta, consideramos que la privatización de los penales no es una solución al grave problema penitenciario, pues no resolvería ni la sobrepoblación en las cárceles ni el incremento de la criminalidad. No resulta viable por razones de índole constitucional y de política criminal.
¿Por qué la Defensoría del Pueblo está en contra de la privatización de las cárceles?
No estamos en contra. Lo que esperamos es un mayor debate y que se elaboren estudios técnicos realistas y que se pueda tomar una decisión sobre la base de ellos. Incluso, los organismos internacionales que han estudiado el tema recomiendan que los países tengan mucho cuidado en decidir la concesión de los penales, pues no es conveniente en países pobres como el nuestro. Además, resulta muy costoso. Si se privatizara un penal, el Estado invertiría por interno entre 10 y 15 dólares diariamente (actualmente, el Gobierno invierte aproximadamente 3 soles por cada reo).
¿Hay algún caso reciente?
El caso más cercano es el de Costa Rica, donde se aprobó entregar al sector privado la construcción de un centro penitenciario con una capacidad para 1,200 personas, el cual costará 72 millones de dólares. En este caso, el Estado debería pagar 660 mil dólares mensuales a la empresa privada durante 15 años. Debido al excesivo costo, el defensor del Pueblo de Costa Rica presentó una acción de inconstitucionalidad. Estoy convencido de que antes de pensar en privatizar deberíamos unir nuestros esfuerzos para ordenar el sistema penitenciario y fijar los lineamientos de la política penitenciaria. Si logramos un sistema ordenado, con políticas claras, se podría pensar en privatizar algunas áreas.
¿Qué podría administrar el sector privado dentro de las cárceles?
Proinversión debería propiciar un debate técnico sobre este tema, tras lo cual se podría establecer qué áreas de un penal se deben o no concesionar. Se puede adjudicar, por ejemplo, el servicio de los alimentos, los talleres de trabajo y la salud. Pero hay otros aspectos que son imposibles, como el tratamiento penitenciario. La resocialización de un interno no puede estar en manos de una empresa privada, porque esa tarea es responsabilidad directa del Estado.
Hace poco, el ministro de Educación, Javier Sota Nadal, decidió oficializar la enseñanza secundaria en los penales. ¿Considera que es una buena decisión?
Es un gran paso en el proceso de resocialización. Según las estadísticas, el 25% de los jóvenes presos jamás tuvo acceso a la educación cuando estuvo libre. La educación secundaria en las cárceles nunca tuvo valor oficial. El próximo paso es que se realicen estudios sobre contenidos curriculares diseñados para estas personas. Se les tiene que educar para que aprendan a vivir en libertad: impartirles valores, contenidos éticos, respeto al ser humano, además de un componente técnico y ocupacional. La decisión de Sota es absolutamente acertada.
*Jefe de la Oficina de Asuntos Penales y Penitenciarios de la Defensoría del Pueblo