| Incentivos
y protección a los funcionarios o ciudadanos que denuncien hechos
irregulares, arbitrarios o ilegales cometidos en las entidades públicas
propuso la Contraloría General de la República.
En un proyecto de ley
presentado al Congreso se propone que el denunciante reciba como recompensa
un porcentaje de lo cobrado, en los casos en que los hechos denunciados
constituyan infracción tipificada en una norma administrativa
y sean sancionados con multa.
La iniciativa legislativa
precisa que, de igual modo, el denunciante obtendrá como recompensa
un porcentaje de lo recuperado cuando los hechos denunciados sean de
naturaleza pecuniaria y la acción se concrete en una sede administrativa
o judicial.
Además, propone
que se mantenga la reserva de la identidad del denunciante y que éste
sea protegido de posibles represalias, como despido o cese.
INCENTIVOS PARA
QUIENES DENUNCIEN
Contraloría busca combatir irregularidades en sector público.
La Contraloría presentó al Congreso una iniciativa legislativa
que propone protección e incentivos a los funcionarios o ciudadanos
que denuncien hechos irregulares, arbitrarios o ilegales en una entidad
pública.
De acuerdo con el proyecto de ley, en los casos en que los hechos denunciados
constituyan infracción tipificada en una norma administrativa
y sea sancionada con multa, el denunciante obtendrá como recompensa
un porcentaje de lo efectivamente cobrado.
Asimismo, refirió, cuando los hechos denunciados sean de naturaleza
pecuniaria y se logre la recuperación en sede administrativa
o judicial, el denunciante obtendrá como recompensa un porcentaje
de lo recuperado.
Precisó también que se mantendrá la reserva de
la identidad del denunciante, y que éste será protegido
de posibles represalias, como despido o cese.
La Contraloría planteó que los beneficios previstos contra
actos de hostigamiento y represalias que impliquen despido o cese serán
aplicables independientemente del régimen laboral del denunciante.
Agregó que podrán ser beneficiarios los funcionarios y
servidores públicos durante el desempeño del cargo, ex
funcionarios y personal que preste servicio en las entidades públicas
con cualquier modalidad de contratación.
La propuesta no excluye de los beneficios a ciudadanos que tuvieran
conocimiento de hechos irregulares, arbitrarios o ilegales.
En el ámbito de la criminalidad organizada, el proyecto ha previsto
que si el denunciante tuviera participación en los hechos e incurriera
en responsabilidad, podrá acogerse a la colaboración eficaz.14/03/05
FUENTE: EL PERUANO PG POLITICA
|