Luego de la aprobación de la reforma constitucional que otorga el derecho al sufragio a los militares y policías, es necesaria la elaboración de una norma que la desarrolle.
Es por eso que el congresista Luis Gonzales Posada (Apra) planteó la creación de una comisión que proponga la adopción de acciones complementarias para garantizar el registro en el padrón electoral de los más de 180 mil uniformados que desde el 2006 elegirán al presidente, congresistas y autoridades regionales y locales.
De acuerdo con el integrante de la Comisión de Defensa del Congreso, ese grupo debería estar integrado por los ministros de Defensa y del Interior, el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

EL GRAN CAMBIO MILITAR QUE FALTA

El hecho de que 200 mil militares y policías puedan votar el 2006 añade una singular dosis de civilización a nuestra democracia, en cuanto al reconocimiento de un derecho incomprensiblemente postergado.
Esa misma dosis de civilización vale también para la sociedad respecto de la cual militares y policías no deberían estar ni por encima ni por debajo de ella, sino en ella, plenamente incorporados. Digamos que la agenda de reforma constitucional que ahora permite esta reivindicación del voto nos lleva, inevitablemente, a esa otra agenda pendiente en el difícil y complejo campo de las relaciones cívico-militares, que igualmente las tenemos que civilizar.
¿Cuál es esa agenda pendiente? Primero, que hemos olvidado rápidamente el grave desgaste institucional sufrido por las Fuerzas Armadas y policiales durante el régimen de Fujimori, con los irreversibles efectos de corrupción en sus cúpulas, que al margen de los procesos penales que enfrentan, no han conocido aún las sanciones administrativas y morales de parte de los ministerios de Defensa e Interior. Por momentos hay la sensación de que las relaciones cívico-militares son absolutamente normales, cuando en realidad lo que hay es una costra anestésica que cubre todo intento de reforma estructural y moralización profunda. Segundo, que justamente la principal traba cívico-militar consiste en que no tenemos un Ministerio de Defensa realmente civil.
El ex presidente Valentín Paniagua perdió la oportunidad de reinstaurarlo de la mejor manera posible, en un momento político en que las instituciones castrenses y policiales atravesaban una de sus peores crisis de la historia. No quiero decir con esto que el entonces ministro de Defensa Walter Ledesma hiciera un mal trabajo. No. Creo que cumplió con creces sus responsabilidades. El problema se planteaba en otros términos, desde la necesidad de que el sector Defensa estuviese representado por el poder civil hasta el convencimiento del Estado Peruano de no volver a fomentar, por comisión u omisión, la condición de militares y policías como poder paralelo a los institucional y constitucionalmente establecidos.
Tercero, que esta condición de poder paralelo, no sujeto a una real y efectiva subordinación al poder civil, tiende a resolverse solo en parte, en la medida que en los últimos tiempos se han dado marchas y contramarchas políticamente inaceptables. Del primer ensayo infructuoso en Defensa con David Waisman como ministro, Toledo pasó a la acertada actuación de Aurelio Loret de Mola, para concluir cometiendo el error de nombrar en su lugar al general en retiro Roberto Chiabra, sin duda con méritos castrenses de sobra, pero al mismo tiempo juez y parte entre su institución de origen y la representación política encomendada. Cosa igual ha ocurrido recientemente con la designación del general de la policía Félix Murazzo en Interior. ¿Y dónde quedaron a propósito las reformas militar y policial que en este gobierno prometió democratizar, moralizar y hacer más eficientes estas instituciones? Hay una agenda pendiente cívico-militar que la clase política y gobernante tiene que meditar más allá de reivindicaciones legítimas.

Juan Paredes Castro
Editor
13/03/05 FUENTE: EL COMERCIO PG POLITICA