INVESTIGARÍAN 'DESARME' EN LURIGANCHO

La Comisión de Justicia del Congreso de la República solicitó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un informe detallado sobre la entrega de las armas de fuego en la cárcel de Lurigancho.

El motivo: una denuncia presentada por trabajadores penitenciarios, en la que se acusa al INPE de haber negociado con los presos el 'desarme' del reclusorio a cambio de que las autoridades no continuaran con los traslados de los reos más avezados al penal de máxima seguridad de Piedras Gordas.
El parlamentario Alcides Chamorro, presidente de la Comisión de Justicia del Legislativo, aseguró que "de ser cierta la información, se trataría de algo muy grave, que terminaría por confirmar quién tiene el control en las cárceles". Si se comprueba que existen indicios sobre una negociación para el 'desarme', Chamorro pedirá que se investigue a las autoridades del INPE y a los policías a cargo de la seguridad del penal. Wilfredo Pedraza, presidente del INPE, tildó de ridícula la denuncia.