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Wilfredo
Pedraza admite que tenía información, pero que nada se
podía hacer.
Ministros del Interior y de Justicia, asi como el jefe de los penales
acuden hoy al Congreso.
El penal de Lurigancho no será clausurado, pero sí declarado
en emergencia sanitaria. La cárcel está hacinada y no
existen -desde hace muchos años- medidas de seguridad que funcionen
ni un control verdadero de lo que ingresa y sale de dicho establecimiento.
Sin embargo, el problema, según las autoridades, no tiene una
solución viable al corto plazo.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) brindó ayer
algunas explicaciones a modo de excusa. En declaraciones a la prensa,
cercado por los cuestionamientos a su gestión, no descartó
la posibilidad de renunciar. El funcionario advirtió que tomará
la decisión cuando concluyan las investigaciones iniciadas sobre
el motín en Lurigancho y el asesinato de José María
Aguilar, alias 'Shushupe', ocurrido en el interior de la cárcel
de Pucallpa.
Entre tanto, el ministro de Justicia, Carlos Gamarra, y del Interior,
Félix Murazzo, presentaron ayer ante el Consejo de Ministros
su primer informe sobre la reyerta en el penal de Lurigancho que dejó
cinco muertos y 25 heridos.
CRISIS. José Ávila, encargado del programa de asuntos
penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, exigió
al Gobierno que aborde la situación penitenciaria y demuestre
su disposición política para tomar medidas. Pedraza reconoció
que el conflicto es tan grande que resulta inmanejable y que no existen
soluciones a corto plazo.
Juan José Quispe, experto del Instituto de Defensa Legal (IDL),
consideró que la Policía encargada de la custodia del
penal debe brindar una explicación.
"Todos saben que ingresan armas, celulares y drogas, lo cual quiere
decir que no se verifica adecuadamente el ingreso de las visitas. Es
un hecho que la corrupción de los agentes es tolerada por sus
superiores", aseveró Quispe.
BOMBA DE TIEMPO. Tarde o temprano iba a suceder. El propio Pedraza reveló
que desde hace un mes tenía información de lo que podía
ocurrir. ¿Por qué no hizo nada? Su respuesta: "No
había forma de controlarlo".
El penal más caótico y hacinado del país, donde
se alberga a más de 8 mil reos, solo cuenta diariamente con unos
150 policías. La mitad está asignada a la seguridad externa
y el resto a la vigilancia interna.
Para el representante de la Defensoría del Pueblo es imposible
que el INPE pueda controlar el Lurigancho con el poco dinero que le
asigna el Estado: 163 millones de soles.
Pedraza sostiene que en el recinto existe un doble poder. "Por
la mañana están las autoridades y por la noche los mafias
de delincuentes", explicó.
DOS PENALES MÁS. Tanto la Defensoría del Pueblo como Pedraza
consideran que la única solución es que se construyan
dos prisiones más en Lima.
Aunque el jefe del INPE asegura que no hay cupo para más internos
en las cárceles de la capital, fuentes de esa entidad indican
que los penales Castro Castro y San Jorge tienen aún capacidad
para más reos. En el primero hay 875 internos, a pesar de que
se podría albergar 1,000. En el otro hay 700, aunque su aforo
es para 800.
Por lo pronto, Pedraza anunció que, a partir de la fecha, la
revisión de todas las visitas estará a cargo, íntegramente,
de la policía femenina.
También anunció la adquisición, en tres meses,
de equipos de seguridad para detectar armas y sustancias prohibidas.
TENSIÓN. Aunque en horas de la mañana, el Lurigancho lució
una aparente calma e ingresó la visita femenina, por la tarde
trascendió que se había desatado otra reyerta. La noticia
fue desmentida, pero generó gran alarma entre las autoridades
y los familiares de los reos. Se supo que la Policía Antimontines
ingresó a los pabellones 2 y 4, donde se habían armado
barricadas con costales. Al cierre de esta edición, no se pudo
confirmar si algunos delincuentes habían sido trasladados a otra
prisión.
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