La resaca de Combayo y Sion parecen disiparse. Hay nuevas propuestas y
nuevos retos en la cartera del Interior. Así lo demuestra la presentación,
que hizo el martes pasado, el Presidente de la República, Alan García
y la Ministra del Interior Pilar Mazzetti., en relación al Plan General
de Seguridad Ciudadana y de Orden Público para el 2007. La ministra del Interior acompañada por el Director General de
la Policía Nacional, priorizó cuatro ejes en su intervención:
seguridad ciudadana, fortalecimiento de la Policía Nacional, erradicación
de la corrupción y mejorar el bienestar de la familia policial.
Durante los últimos años el delito menor ha tenido un fuerte
impacto en la vida cotidiana de los peruanos. Los robos a las calles,
los robos a las viviendas, el pandillaje, y la micro comercialización
de drogas; son los principales problemas asociados a la delincuencia e
inseguridad ciudadana.
Para hacerle frente a este problema se han ensayado diversas respuestas.
Muchas han puesto énfasis en el plano represivo como medida para
paliar el crecimiento del delito menor. Sin embargo, son escasos los esfuerzos
para prevenir los actos delictivos. Más allá de la consabida
frase “La seguridad ciudadana es tarea de todos” no se ha
priorizado esta tarea como política de estado. Lo más rescatable,
en este sentido, es la dación de la ley 27933, Ley del Sistema
de Seguridad Ciudadana que ordena y orienta las acciones del estado con
la comunidad; para ello se ha constituido comités de seguridad
ciudadana en todo el país, pero, es muy poco lo que se ha hecho
por instalar una cultura de la prevención y una estrategia integral
de combate a la delincuencia y la criminalidad.
No hay duda que el compromiso político es gravitante para hacer
frente al crecimiento de la delincuencia y la criminalidad en nuestro
país. Una gestión que encaré con decisión
y se comprometa a llevar adelante planes y programas que conjuguen lo
preventivo con lo represivo mostrará resultados en el mediano plazo
que será muy valorado por la población.
Para nadie es sorpresa que existe un déficit de policías
en nuestro país. Ya para 1990 con una población de 22 millones
de habitantes el país contaba con 129 mil efectivos. Dieciséis
años después la población peruana bordea los 27 millones
de habitantes y el número de policías se ha reducido a 90
mil.
Hace bien la Ministra en plantear propuestas para superar este desbalance.
Prometió que para enero del próximo año se contará
con 5 mil 700 nuevos policías, teniendo como meta que al termino
del quinquenio aprista se llegue a 20 mil efectivos adicionales. Una buena
forma de proveer personal a la institución es la reasignación
y redistribución del personal policial, dejar las labores administrativas
y dar paso a nuevas promociones de las diecisiete Escuelas de Policías
que existen en nuestro país.
La demanda por patrullaje y vigilancia es una constante en un grueso
sector de la población. Por ello, el nuevo personal debe centrar
su atención en zonas en las cuales la presencia policial es escasa,
zonas en las que se han identificado altos niveles de delincuencia. Es
decir, responder objetivamente a los mapas del delito y a la información
proveniente de la última encuesta de victimización.
Fortalecer a la Policía Nacional, luchar frontalmente contra la
corrupción y mejorar el bienestar policial son ejes fundamentales
de la ansiada Reforma Policial ya en 1991 el Informe de la Comisión
Especial de Reestructuración de la Policía Nacional del
Perú da cuanta de ello.
La militarización y el alejamiento de la comunidad fue una de
las consecuencias de lucha contra el terrorismo. Se reforzó la
acción represiva y se dejo de lado la acción preventiva,
del mismo modo, la politización del Policía Nacional y la
subordinación a un proyecto autoritario. Fue durante los años
del fujimorismo que la Policía estuvo subordinada a las Fuerzas
Armadas, solo constatar que el Ministerio del Interior, durante todo el
régimen, estuvo en manos de un General de División del Ejercito
da cuenta de ello.
Uno de los graves problemas que complota contra el buen funcionamiento
institucional y el bienestar policial es la corrupción. En los
últimos años hay algunos avances tibios en esta materia,
pero aún persisten diferentes niveles y modalidades que hace que
la población sindique a la Policía Nacional como una institución
con altos niveles de corrupción. Así lo demuestra la última
encuesta realizada por IDL en noviembre pasado en Lima Metropolitana y
el Callao.
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