Enrique Arias Aróstegui
Instituto de Defensa Legal (IDL-SC)

Tal como señalamos luego de los lamentables hechos que involucraron a la familia del congresista Renzo Reggiardo, la indignación por la creciente falta de seguridad en el país debería dar paso a la eficacia y no a la demagogia. Sin embargo la última propuesta del congresista Reggiardo, flamante titular de la comisión de seguridad ciudadana del congreso, de declarar en estado de emergencia a Lima, Chiclayo, Trujillo, Piura, Arequipa e Ica con el fin de que las fuerzas armadas salgan a las calles para restablecer el orden, no solo es un error sino una práctica ya conocida en América Latina y que ha fracasado: populismo punitivo.

El populismo punitivo comprende diversas medidas adoptadas para luchar contra la delincuencia que suelen tener apoyo popular, como por ejemplo sacar a los militares a las calles, endurecer las penas o reducir la edad de imputabilidad penal pero que en la práctica no producen resultados efectivos y sostenibles en la lucha por disminuir el crimen sino que originan resultados nefastos y terminan generando más violencia. Olvidando, por supuesto, que el problema de la falta de seguridad debería ser resuelto con una política integral y un enfoque multidimensional. En el informe de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa legal del año 2010 ante la pregunta: ¿usted considera que las Fuerzas Armadas deben intervenir en el control de orden interno? El 71% de los encuestados, que eran habitantes de Lima y Callao, manifestaron que estaban de acuerdo y las dos principales razones eran porque podían intimidar a los delincuentes y porque estaban más capacitados y mejor entrenados. Esta encuesta corrobora lo señalado anteriormente, las propuestas demagógicas que responden al denominado populismo punitivo, gozan de aceptación popular; sin embargo no son eficientes en la lucha contra el crimen. Tenemos como ejemplo Centro América y sus leyes de mano dura y las posteriores leyes “de mano más dura” que no han producido ningún resultado en combatir la violencia. Otro ejemplo son las favelas brasileras donde los militares han producido cientos de muertes en el combate de la lucha contra el narcotráfico.

Entendemos la indignación de los ciudadanos por la falta de seguridad, comprendemos que las autoridades deseen cambiar la situación respecto a la seguridad, sin embargo, rechazamos los palos de ciego en políticas de seguridad que se desarrollan en el país en los últimos años, tal como sucedió durante todo el gobierno de Alan García, el cual no solo nos dejó un país más inseguro del que recibió sino que su gestión se caracterizó por la ausencia de políticas criminales y políticas de seguridad.

Ahora bien, ¿por qué no es conveniente sacar militares a combatir los problemas de seguridad ciudadana? En primer lugar, consideramos que atentaría contra los derechos de cientos de peruanos que tendrían libertades restringidas, debido que el estado de emergencia restringe la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito por estas disposiciones. Consideremos esto muy peligroso en unos cuerpos de seguridad presionados por la opinión pública y por jefes que exigen resultados. En ese contexto es muy probable que el número de inocentes detenidos injustamente se potencie. En segundo lugar, consideramos que los militares no deben salir a la calle debido a que no es su función, no están formados y entrenados para resolver conflictos internos y sobre todo puede generar más violencia de la que ya existe en nuestro país. ¿Acaso se debe recordar qué sucedió entre los años 1982 y 1983 cuando las Fuerzas Armadas ingresaron a pacificar y restablecer el orden en los departamentos de la sierra sur? En tercer lugar, porque el problema de la delincuencia es un problema integral que no se solucionará sólo sacando más policías a las calles ni –menos aún- sacando los militares a las calles. Se debe afrontar el problema de manera integral, tomando en cuenta, sobre todo, a las instituciones encargadas de administrar justicia (Ministerio Público y Poder Judicial) como también al sistema penitenciario.

Nos sorprende escuchar a la bancada fujimorista, especialmente a la congresista Luisa María Cuculiza, quien señaló que las “FFAA deben salir a las calles y que deben decretar toques de queda”. "No es posible –señaló- que se sigan violando diariamente a mujeres inocentes". Sin embargo, ya es conocida la posición fujimorista. Recordemos los pedidos de pena de muerte durante la campaña o los pedidos reiterados por eliminar beneficios penitenciarios sin tomar en cuenta la crisis de las cárceles. Consideramos que esta medida propuesta por el parlamentario Reggiardo no hace más que desconocer la realidad del crimen en nuestro país e incentivar, justamente, aquello que dice querer fomentar: la coordinación entre autoridades responsables de velar por la seguridad de los peruanos.

Es necesaria la coordinación entre los diversos organismos encargados de combatir los problemas por la falta de seguridad ciudadana, tales como el sistema de justicia, la Policía Nacional, el sistema penitenciario, el Parlamento Nacional, el Ministerio de Educación, etc. Este tipo de propuestas responden a una falta de coordinación entre los diferentes organismos del aparato público, pero a la vez genera mucha presión hacia los mismos actores de la seguridad. Se habrá dado la molestia el congresista Reggiardo o la congresista Cuculiza de evaluar cuántos inocentes van a prisión porque el juez está presionado por obtener resultados en coyunturas donde los medios de comunicación les exigen sentencias. ¿Cuántos jóvenes inocentes serán recluidos en prisión preventiva sin una investigación seria por parte de la PNP y el Ministerio Público? El problema no pasa por militares en las calles sino porque todas las instituciones trabajen de manera coordinada.

Por último debemos destacar como positivas las voces que se han mostrado en contra de la propuesta del congresista Reggiardo, por supuesto sin ocultar que existe un grave problema de inseguridad pero que declarar estados de emergencia no es el camino adecuado. Parlamentarios como Freddy Otárola, Alberto Beingolea y Marisol Pérez Tello señalaron su enérgico rechazo a que los militares intervengan en el orden interno. Caben destacar también las declaraciones del ex presidente del comando conjunto Jorge Montoya, quien ha señalado que no es función de las FFAA las tareas de seguridad ciudadana. Además fueron importantes también las declaraciones del vicepresidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda, quien mostró su rechazo a la propuesta y señaló que las FFAA no están preparadas para combatir a la delincuencia con patrullaje en las calles.

En conclusión, esperamos que esta propuesta quede descartada y superemos esta equivocada idea de que los militares pueden hacerse cargo de enfrentar la delincuencia común en nuestro país, ante la ineficacia policial. Esta es una fórmula fracasada en América Latina. La solución pasa por mejorar sustancialmente a las fuerzas policiales y hacer un gran esfuerzo de cooperación interinstitucional que incluya no sólo a las instituciones del sistema de justicia sino también a los gobiernos locales. Confiemos que el gobierno del presidente Humala no caiga en la tentación del populismo punitivo.