Enrique Arias Aróstegui
Instituto de Defensa Legal (IDL-SC)

José Antonio Peláez Bardales, Fiscal de la Nación, presentó el lunes 8 de agosto seis medidas que se deberían adoptar “ante los hechos de violencia que agobian a la ciudadanía y consciente de que se deben adoptar medidas efectivas que refuercen el trabajo de las instituciones ante la inseguridad”1 .

Sin embargo, como señala David Lovatón, la indignación por el caso de la hija del congresista fujimorista Renzo Reggiardo debe- o debería- dar paso a la eficacia y no a la demagogia2. Lamentablemente, las propuestas vertidas por el Fiscal de la Nación evidencian, a la luz del comunicado presentado y por sus declaraciones posteriores, que estamos en el limbo entre propuestas eficaces y la demagogia o populismo punitivo3.

Antes de empezar con el análisis de las propuestas del Fiscal de la Nación, es importante resaltar que el problema de la delincuencia, el crimen, la falta de seguridad o el miedo de los ciudadanos no es reciente. Durante los últimos años, el Perú ha sufrido un aumento en los niveles de las tasas de criminalidad, como la mayoría de países latinoamericanos. En el informe de seguridad ciudadana del IDL del año 2010, “El legado de Alan García: un país más inseguro”, se puede constatar cómo, a través de datos cualitativos y cuantitativos, el problema de la delincuencia ha recrudecido durante la administración aprista.

Entonces, una vez más se produce un acto criminal contra la familia de un personaje público y los medios de comunicación vuelven a llamar la atención sobre el problema de la seguridad. Esto genera, casi de inmediato, la reacción de nuestras autoridades políticas, las cuales plantean diversas soluciones al respecto, la mayoría bajo la lógica de castigar –de manera firme y decidida– a los criminales.

Por supuesto que es lamentable y condenable lo acaecido con la hija del parlamentario; sin embargo, debemos llamar la atención del accionar reactivo de nuestras autoridades y sobre todo la capacidad de los medios de imponer su agenda a las autoridades; en el caso de la seguridad ciudadana en particular, exigiendo mano dura y discursos efectistas, recrudeciendo así el populismo mediático que ejercen en el tratamiento de la violencia4. La mayoría de periodistas buscan que las autoridades y los analistas le den respuestas inmediatas y soluciones mágicas a un problema que solo puede ser menguado con una política y una visión de mediano y largo plazo. Se necesita una reingeniería de las principales instituciones encargadas del problema: Policía Nacional, sistema de justicia, sistema penitenciario; además de incorporar, -como se viene haciendo pero es necesaria una mayor decisión y coordinación efectiva- a otras instituciones como: Gobiernos Locales, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, entre otras. Asimismo, se debe desarrollar una estrategia nacional de prevención del delito, trabajando con jóvenes en riesgo y con delincuentes primarios, tanto en los hogares, las escuelas como en los barrios.

En el contexto anteriormente descrito, de necesidad de cambios imperativos en todo el sistema estatal, con demandas urgentes por parte de la población y una prensa que exige mano dura, se enmarcan las seis propuestas del Fiscal de la Nación.

Algunas propuestas del Dr. José Peláez Bardales son positivas y consideramos que deben ser tomadas en cuenta, previa sustentación en datos y diagnósticos bastante más elaborados por las autoridades. Pero, otras propuestas responden a un carácter demagógico y carecen de mayor sustento técnico sobre lo que se está proponiendo.

Las propuestas que podemos considerar positivas del Fiscal de la Nación son las siguientes:

1. Ampliar la Ley de Amnistía y Regularización de la Tenencia de Armas de Uso Civil y Armas de uso de Guerra, Municiones y Explosivos.

Esta propuesta se hizo debido a que permitiría, según el Dr. Peláez, que las personas que posean ilegal o irregularmente estos pertrechos los entreguen, sin ninguna consecuencia legal, a la autoridad competente. Asimismo, se señala que esta ley estuvo vigente desde noviembre del 2004 hasta mayo del 2005 y de setiembre del 2009 hasta febrero del 2010. Obtuvo excelentes resultados ya que se retiraron de las calles importantes lotes de armas de fuego de todo tipo.

Del mismo modo, cuando se le preguntó al Fiscal de la Nación por esta propuesta, señaló que5 : “En el Callao funcionó con las municipalidades, esto dio buen resultado porque se recuperaron gran cantidad de armas y elementos como explosivos. Entonces, nosotros consideramos que debe hacerse una nueva amnistía, para que muchas de estas armas que circulan en Lima y están en posición de gente dedicada a la delincuencia puedan ser recuperadas para que salgan del mercado y no estén en el tráfico de la compra y venta.”

Esta primera propuesta del Dr. Peláez es bastante razonable, dado que busca retirar del mercado las armas de fuego usadas para delinquir en el país. Sin embargo, a pesar de que la consideramos una propuesta valiosa, debería estar respaldada en datos, cifras, lineamientos o alguna sustentación de motivos de la efectividad de la propuesta. El mercado ilegal de armas de fuego en el Perú ha sido un tema poco investigado en nuestro país6. Por eso, no es posible saber si las armas, producto de la amnistía, sirvieron para disminuir el delito con armas de fuego o, lo que es peor, cuál fue el paradero real de estas armas.

Por otro lado, como se puede comprobar en la hipótesis de los trabajos de armas de fuego7, es necesario que el Ministerio Público (MP) investigue los indicios que indican que miembros de las Fuerzas Armadas y efectivos policiales estarían actuando en complicidad con delincuentes alquilando o vendiendo sus armas o, en muchos casos, integrando bandas de criminales. ¿Cuántos casos ha denunciados el Ministerio Público de miembros de las fuerzas del orden, policías o militares, involucrados en actos criminales en los últimos años?

2. Acciones de inteligencia operativa por parte de la Policía Nacional del Perú en los puntos de riesgo o también llamados puntos calientes, que se encuentran debidamente identificados por el Ministerio Público a través del Observatorio de la Criminalidad, tanto en Lima, Callao y ciudades del interior del país.

La propuesta del Fiscal de la Nación es muy importante y saludamos la labor realizada por el MP, en especial la realizada en los “puntos calientes”, debido que se desarrolla un trabajo integral en pos de reducir los problemas ocasionados debido a la falta de seguridad.

A través del trabajo realizado por el MP en estas zonas, se tiene un diagnóstico real del problema del crimen8, debido que recoge cifras oficiales del propio MP, encuestas de victimización y sensación de inseguridad, así como la información recogida en talleres participativos con los vecinos. Por lo tanto, el MP consigue diagnosticar de manera concreta cuál es la situación de la seguridad en zonas muy afectadas por la criminalidad –además de la pobreza-, permitiendo así un trabajo previo que facilitará la labor de la inteligencia operativa por parte de la Policía Nacional del Perú.

3. Incremento de la pena a los autores del delito de receptación, a fin de sancionar drásticamente a los autores de este ilícito, por cuanto se ha establecido que desde muchos lugares del país se efectúan encargos de obtención ilícita de autopartes de vehículos (como computadoras), que son obtenidos por las bandas organizadas con el uso de armas de fuego, con consiguientes lesiones y/o muerte de las víctimas de estos despojos. (La pena actual es de solo tres años).

Consideramos que esta propuesta es insuficiente para desbaratar los mercados de comercialización de productos obtenidos por el crimen, principalmente de la criminalidad urbana, porque solo ataca un segmento de la cadena. Creemos que esta medida puede entenderse como un inicio para el desmantelamiento de las estructuras de dichos mercados.

Si bien comprendemos que se está ejerciendo una mayor coerción a uno de los eslabones de la cadena, el comprador final del producto obtenido ilícitamente, consideramos muy significativo que se haga una llamado de atención al respecto sobre el tema. Esperamos – que en un futuro no muy lejano- se establezca una política pública orientada al control del mercado ilegal que se abastece de la criminalidad, es decir, que el accionar ilegal alrededor de puntos de venta, como por ejemplo en Las Malvinas o Tacora, no quede impune.

Luego de resaltar las propuestas positivas lanzadas por el Fiscal de la Nación, a continuación comentamos otras propuestas que, por el contrario, consideramos demagógicas:

1. Eliminar la concesión de los beneficios penitenciarios para autores de hurto agravado y robo agravado a mano armada y de homicidio calificado.

2. Reapertura, previo acondicionamiento, del penal de máxima seguridad en la isla El Frontón. Resulta importante aislar a delincuentes peligrosos, ya que, conforme nos muestra la experiencia, estos se valen de contactos telefónicos o de los familiares o cómplices que están libres para seguir perpetrando sus delitos.

3. Se está instruyendo a los fiscales de todo el Perú, sobre todo en los distritos en los que ya se viene aplicando el Nuevo Código Procesal Penal, para que sean incisivos al momento de determinar si los investigados han sido autores de delitos similares. En el caso de los delitos violentos cometidos por delincuentes reincidentes, deben ser sumamente drásticos en sus pedidos de imposición de de penas.

¿Tiene algún sentido la existencia del inciso 19 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, que establece como principio que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del procesado? O, ¿por qué seguir manteniendo el Artículo II del Código de Ejecución Penal, el cual establece que la ejecución penal tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad? ¿Por qué no nos sinceramos de una buena vez y eliminamos el artículo III del Código de Ejecución Penal, que establece que la ejecución penal y las medidas privativas de libertad de los procesados están exentas de tortura o trato inhumano o humillante y de cualquier otro acto o procedimiento que atente contra la dignidad del interno?

Consideramos importante hacer una reflexión previa sobre el tema penitenciario. La mayoría de medidas esgrimidas en la prensa gira en torno a la mano dura. Se encuentran orientadas, además, al agonizante sistema penitenciario: endurecer las penas, hacer más y más inhumanas las cárceles, sanciones más severas –todo lo que sea posible-, eliminación de los beneficios penitenciarios, entre otras.

Si bien consideramos inadmisible y humillante para las víctimas que los victimarios queden impunes por sus crímenes, muchas veces los beneficios penitenciarios son obtenidos por negociados de los victimarios con algunos actores del sistema de justicia, la PNP y el sistema penitenciario, durante todo el proceso hasta obtener su condena9. Además, y es un punto que compete tanto al MP como a la PNP, muchos de los crímenes quedan impunes debido a las pésimas investigaciones realizadas por fiscales y miembros de la policía, por diferentes razones que van desde la corrupción hasta la falta de presupuesto para la investigación o la falta de preparación de los investigadores. Asimismo, la impunidad se traduce, principalmente, en la falta de sanciones para delitos menores, que son los delitos que más afectan a los peruanos. Entonces, ¿por qué se quiere seguir manteniendo en estado de coma al sistema penitenciario y, simultáneamente, seguir eliminando los beneficios penitenciarios?

En lo que respecta a la eliminación de beneficios penitenciarios, propuesta por el Fiscal de la Nación, al cual preferimos darle el beneficio de las buenas intenciones en este comunicado antes que el desconocimiento por la situación penal en el país, reviste un gran problema: ¿Es posible seguir eliminando los beneficios penitenciarios sin tomar en cuenta, por lo menos, el hacinamiento en las prisiones? A continuación presentamos el número de establecimientos penitenciarios y el porcentaje de sobrepoblación o hacinamiento de los últimos 5 años en el Perú10 :

Fuente: INPE

Elaboración propia

En el anterior cuadro podemos apreciar que en los últimos 5 años el Perú ha tenido más del 60% en promedio de sobrepoblación en los penales, con la excepción del 2006, que fue de 58.93%, pero la tendencia a la eliminación de beneficios penitenciarios, que responde principalmente a medidas demagógicas producto de alguna coyuntura como la actual, generan muchos más problemas que soluciones al sistema penitenciario, agravando el tema del hacinamiento por ejemplo.

En resumen, consideramos que es importante que delitos graves, como el hurto agravado, el robo a mano armada y el homicidio calificado, deben ser juzgados con dureza, mediante procesos libres de corrupción y con investigaciones fiscales y policiales serias. Sin embargo, consideramos que apelar a endurecer cada vez más las condiciones carcelarias y eliminar los beneficios penitenciarios es una política contraproducente para la seguridad ciudadana. El claro ejemplo del fracaso de eliminar los beneficios penitenciarios para luchar contra el crimen es nuestro país, en el cual se han eliminado beneficios penitenciarios durante los últimos 5 años, pero la situación del crimen ha empeorado.

En relación a la propuesta que ha generado mayor interés mediático, la reapertura del penal de máxima seguridad en la isla El Frontón, estamos completamente en contra y consideramos que es la propuesta más demagógica realizada por el Fiscal. También la propuso en campaña el actual presidente Ollanta Humala11.

Según el comunicado del Fiscal de la Nación, se busca la reapertura del Frontón debido a que resulta importante aislar a delincuentes peligrosos ya que, conforme muestra la experiencia, estos se valen de contactos telefónicos o de familiares o cómplices que están libres para seguir perpetrando sus delitos.

Al respecto, una pregunta fundamental: ¿Dónde está el estudio en que se basó el Fiscal para proponer la reconstrucción penal del Frontón? Resulta sorprendente que se lance una propuesta de este calibre, en especial por parte del Fiscal de la Nación, sin tener un respaldo técnico serio.

En el caso del penal del Frontón, o lo que queda de él, no es correcto usar la palabra reapertura. El Dr. Peláez debió haber mencionado reconstrucción. Luego de la matanza ocurrida durante el primer gobierno de Alan García, el penal quedó completamente destruido. Asimismo, es inimaginable esta reconstrucción debido a que sería demasiado costoso para el Estado. En el penal El Frontón no existía un sistema de agua potable, la energía eléctrica funcionaba con combustible. Además, es necesario transporte marítimo. No solo para el personal del INPE que laboraría en dicho penal, sino para cualquier visitante al penal, desde abogados de oficio hasta familiares de los presidiarios.

Asimismo, las justificaciones son bastantes ingenuas por parte del Fiscal de la Nación. A continuación reproducimos fragmentos de la entrevista en un canal de televisión12 :

JP: (..)Que, como usted dice, es un centro de aislamiento, es un centro penal que no está alejado de la capital, pero que por las condiciones geográficas impide cualquier posibilidad de evasión o de fuga de reos de alta peligrosidad.

HO: Aparte de la ventaja de la máxima seguridad, quizás esta sería la alternativa de terminar con estas mafias que operan desde los penales, bandas de extorsionadores que desde ahí con teléfonos celulares continúan delinquiendo, ¿esta es una de las razonas que se ha tenido en cuenta?

JP: Sí, claro, indudablemente. Lo que sucede es que en las cárceles instalar equipos para impedir que haya comunicación telefónica es sumamente caro. Ya tuvimos una experiencia anterior. En el Penal de Piedras Gordas se instaló un sistema que evita las comunicaciones telefónicas, pero esto fue malogrado por los mismos presos y por agentes corruptos del INPE y ya ha dejado de funcionar.

Esta respuesta llama la atención, ¿no es posible que nuestras autoridades puedan bloquear las llamadas de los interinos? Creemos que esta realidad no es por falta de equipos o un problema presupuestario. Es un problema de corrupción que tiene diferentes aristas, desde las revisiones a los visitantes a los penales, pasando por las requisas a los internos, así como la complicidad de los funcionarios del INPE o la PNP, dependiendo quien esté a cargo del penal, para impedir o boicotear la instalación de los equipos electrónicos encargados de bloquear las llamadas.

Por otro lado, consideramos, a diferencia del Fiscal, que sería mucho más costoso reconstruir el penal de máxima seguridad El Frontón que instalar equipos de bloqueo telefónico en los penales; y, sobre todo, no consideramos que algunas millas marinas sean impedimento para que se puedan realizar comunicaciones entre internos y “familiares” o “cómplices” que no estén en el penal.

Para concluir la entrevista, el Dr. Peláez finaliza su respuesta señalando lo siguiente:

JP: Entonces las cárceles se han convertido en un centro de permanente contacto con los cómplices que están en el exterior y desde allí sabemos que se planean secuestros, se planean extorsiones y otros tipos de delitos graves.

Esta versión de que desde los penales se coordinan los secuestros o extorsiones, así como el funcionamiento de bandas de criminales que operan impunes, deberían ser investigadas, si se tiene alguna información, por el Ministerio Público. Creemos que es importante sacar a la luz estos casos, pero no por investigaciones periodísticas, que lamentablemente de investigación existe muy poco, sino por parte de las autoridades responsables de las investigaciones.

Hace algunas semanas, integrantes del área de seguridad ciudadana del IDL, tuvimos la oportunidad de reunirnos con autoridades del INPE, las cuales señalaron que las versiones que desde dentro de los penales se planificaban los delitos, en especial en el sector boyante de la construcción, son falsas. Incluso argumentaron que no han recibido casi ninguna denuncia en lo que va del año. Al respecto consideramos pertinente, una vez más, la coordinación entre ambas instituciones, incluidas la PNP, para evitar, si es el caso, que las bandas de criminales operen impunemente desde las prisiones.

Por último, la última propuesta del Fiscal, la cual señala que se está instruyendo a los fiscales para que sean más drásticos al solicitar las penas, responde a la lógica exhibida anteriormente. No se busca que el delincuente cumpla una pena de acuerdo al delito que perpetró sino que este, ahora con una instrucción formal para los fiscales, tenga la mayor severidad en el proceso, especialmente si es reincidente.

Con respecto a la reincidencia en nuestro país, salvo en el caso de los delitos por terrorismo, se produce debido a que la oferta de resocialización para los reos primarios, ya desde niños o adolescentes, es casi imposible. Entonces, ¿qué política aplicamos para que los delincuentes primarios sean relocalizados en los penales y no se les mezcle con los delincuentes reincidentes, o a los sentenciados con los procesados? La respuesta es simple: Ninguna, por eso sorprende que se asombren tanto con la reincidencia de los delincuentes.

Para concluir, esperamos, como mencionamos al inicio, que esta coyuntura, que coincidentemente se suscita al inicio de un nuevo gobierno, sirva para la eficacia y no para la demagogia en uno de los principales problemas del país: la falta de seguridad ciudadana.

1. Ver Comunicado 004-MPFN del lunes 08 de agosto del 2011. Ministerio Público y Fiscalía de la Nación.

2.Mayor información ver: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2011/09-08/inseguridad_ciudadana.htm

3. El populismo punitivo se refiere a las medidas para combatir la delincuencia basadas principalmente en endurecer las penas para los delincuentes, exigiendo – por ejemplo- penas durísimas para delitos menores.

4. Entendemos populismo mediático como en general los medios frente a la violencia difunden lo que la gente quiere ver, oír o leer. Es decir, una política explícita y complaciente de “rating”. Una posición como ésta no es otra que un “populismo mediático” que conduce a una distorsión significativa del periodismo y lo que es más grave, a poner el tema de la violencia como centro de la vida cotidiana. CARRION, Fernando. La Violencia: el populismo mediático. En Boletín de Ciudad Segura, Programa de estudios de la ciudad Nº16. Ecuador: FLACSO, 2007 Pág. 207. Disponible en: http://www.flacso.org.ec/docs/ciudad_segura16.pdf

5. La citas se extraen de la entrevista realizada el martes 09 de agosto en Buenas Días Perú por el periodista Humberto Ortiz al Fiscal de la Nación José Peláez Bardales ver: http://www.panamericana.pe/politica/90039

6. Algunas investigaciones ver: MUJICA, Jaris Sobre el uso de armas de fuego, en: http://blog.pucp.edu.pe/item/90293/sobre-el-uso-de-armas-de-fuego . Otro síntoma de la falta de seguridad en Lima: el mercado ilegal de armas de fuego sin control estatal, Área de seguridad ciudadana del IDL: http://www.seguridadidl.org.pe/destacados/2010/0208/mercado_ilegal_armas_fuego.htm; Noticia de Perú 21: http://peru21.pe/noticia/787156/crece-mercado-negro-armas-lima

7. Ibíd.

8. Uno de los principales problema de seguridad ciudadana en el Perú es la falta de diagnósticos e información sobre el problema.

9. En el año 2011 del total de reos en el país (47 726) aproximadamente el 60% (28 716) se encuentra sin sentencia y el 40% aprox. (19 010) con sentencia.

10. Para el año 2011 se toma en cuenta hasta el mes de junio

11. Ver: http://elcomercio.pe/politica/706678/noticia-humala-contra-pena-muerte-violadores-tienen-que-podrirse-prision

12. Las citas se extraen de la entrevista realizada el martes 09 de agosto en Buenas Días Perú por el periodista Humberto Ortiz al Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. Ver: http://www.panamericana.pe/politica/90039