Aldo Blume Rocha
Instituto de Defensa Legal

En el transcurso de la presente semana, entre el 5 y el 7 de junio, se celebró la XLI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual tuvo como lema “Seguridad Ciudadana en las Américas”. En el marco de esta importante cita regional, la discusión sobre los problemas en seguridad ciudadana que afectan al continente en su conjunto tuvo un lugar primordial, siendo así que como producto de esta reunión se emitió la “Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en las Américas”. Como ideas relevantes de esta declaración, la cual se encuentra conformada por diecisiete puntos específicos, podemos mencionar las siguientes:

- En primer lugar, tanto en la parte considerativa como en el punto 2 de esta declaración, se reconoce que la seguridad pública, dentro de la cual está desde luego la seguridad ciudadana, constituye un deber y una obligación exclusiva del Estado, a fin de salvaguardar la integridad y seguridad de las personas y proteger el disfrute de todos sus derechos. En otras palabras, la seguridad ciudadana constituye responsabilidad del Estado.

No obstante, también se reconoce, específicamente en el punto 3 de la declaración, que “las políticas públicas de seguridad requieren de la participación y cooperación de múltiples actores, tales como el individuo, los gobiernos a todos los niveles, la sociedad civil, las comunidades, los medios de comunicación, el sector privado y académico (…)”. En ese sentido, si bien la seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado, resulta importante también que la ciudadanía esté informada sobre las políticas públicas en la materia y participe activamente en su implementación, a fin de que las mismas tengan éxito.

- En segundo lugar, se reconoce que “las condiciones de seguridad mejoran mediante el pleno respeto a los derechos humanos mediante el pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales”. Asimismo, se afirman en el punto 2 que las políticas públicas en materia de seguridad deben ser desarrolladas e implementadas en el marco del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos. Como puede observarse, la OEA rechaza aquellas tesis autoritarias o conservadoras según las cuales la preservación de la seguridad requiere de manera indispensable de la restricción de derechos y libertades.

El énfasis de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana debe centrarse en el individuo y en sus necesidades antes que en el Estado y en los mecanismos para defender un orden establecido, siendo que la segunda de tales perspectivas suele ser propia de los gobiernos autoritarios.

- En tercer lugar, en el punto 7 de la declaración se reafirma “la necesidad de continuar implementando políticas y acciones en materia de prevención, aplicación de la ley, rehabilitación y reinserción social para garantizar un enfoque integral en el combate a la delincuencia, la violencia y la inseguridad”. En otras palabras, existe consenso en que la seguridad ciudadana requiere de una política integral, orientada no solamente a combatir los síntomas del problema sino a atender también las causas del mismo. Es decir, se debe actuar no solamente en el ámbito de represión del delito sino en el ámbito de prevención del mismo.

- En cuarto lugar, en el punto 15 de la declaración se señalan a manera referencial como principales problemas de seguridad los siguientes: la delincuencia organizada transnacional, el tráfico ilícito de armas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el problema mundial de las drogas, el lavado de activos, la corrupción, el terrorismo, el secuestro, las pandillas delictivas y los delitos asociados al uso de tecnologías, incluido el delito cibernético.

- En quinto lugar, al ser la seguridad un problema que afecta a la gran mayoría de países que integran la región, se destaca en el punto 12 de la Declaración la “importancia de mantener y fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional en materia de seguridad pública”.

El Instituto de Defensa Legal saluda la preocupación expresada por la OEA en relación a la problemática referida a la seguridad ciudadana. Asimismo, resalta la existencia de un consenso a nivel regional en que esta es una materia que debe ser trabajada de manera integral en el marco del Estado de Derecho y de respeto a las libertades fundamentales. En ese sentido, teniendo en cuenta que la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que aquejan al país, invoca al próximo gobierno, liderado por el presidente electo Ollanta Humala, a tener en cuenta las ideas expresadas en esta declaración en el diseño de las políticas públicas tendientes a combatir la inseguridad ciudadana, esperando que tenga éxito en esta difícil tarea.

Ver Declaración de San Salvador sobre Seguridad Ciudadana en las Américas