Nancy Mejía
Instituto de Defensa Legal (IDL-SC)

Discrepamos abiertamente de la propuesta formulada por el Jefe de la Región Militar del Sur, con sede en la ciudad de Arequipa, quien propone que el personal del ejército pueda realizar patrullaje conjunto en las calles en coordinación con la Policía Nacional con la idea, según manifiesta, de controlar y combatir la delincuencia en la ciudad blanca.

Según información recogida por Andina, el 14 de julio el Jefe de la Región Militar Sur, General Paul Tito Da Silva, dio a conocer esta propuesta y la elevó a su comando. Solamente está a la espera de la autorización para ejecutar tal medida.

Si fuera así, este nuevo equipo estaría conformado por la Policía Militar y los reenganchados, quienes –supuestamente- usarían armas no letales, como por ejemplo escopetas con balas de goma, según informó el General Da Silva. Contarían además con diez patrullas, cada una integrada por 20 personas, quienes estarían recorriendo las calles de la ciudad.

Se sabe que en circunstancias excepcionales es necesario recurrir temporalmente a las Fuerzas Armadas para salvaguardar o restablecer el orden interno cuando la Policía Nacional se ve rebasada en grandes conmociones sociales o desastres naturales. La Constitución de 1993 establece que las Fuerzas Armadas se pueden involucrar en tareas de orden público siempre que medie una la declaración de estado de emergencia o de estado de sitio.

¿Es competencia de las fuerzas armadas la prevención de la delincuencia y la investigación? ¿Cómo lo haría? ¿Con tanques o utilizando armas de guerra? En este caso la función de patrullaje en las calles es policial y de los serenazgos, al contrario se debe de fortalecer el trabajo de los comités de seguridad ciudadana y, en particular, de cada una de las instituciones que lo integran, especialmente la policía a quienes le debían de asignar mayores recursos para que cumplan mejor su función.

El trabajo de salvaguardar la integridad de las personas y controlar las medidas de seguridad en las calles, está a cargo de la Policía Nacional, según establece claramente el artículo 166º de la Constitución. Si bien es cierto que en estos últimos años esta se ha venido debilitando por varias razones (falta de personal capacitado, falta de entrenamiento, desmotivación, falta de equipamiento adecuado, corrupción, entre otros) y ha perdido confianza en la población, ello no debe constituirse en justificación para que las Fuerzas Armadas asuman tales roles. Cada una de estas instituciones tiene un trabajo específico y se configuran en atención a tal función, por lo cual no podemos asignar estas responsabilidades a los miembros de las Fuerzas Armadas para las cuales no han sido entrenados.

Es verdad que parte importante de la población, ante el crecimiento de la violencia y la inoperancia policial, piensa que la presencia de las Fuerzas Armadas resolvería el problema, pero eso solo generaría una sensación equivocada de protección por parte del ciudadano pues nos encontraríamos ante una ciudad militarizada y renunciaríamos a tener un adecuado cuerpo policial que brinde seguridad a las personas y sus bienes. Al final, tal como ha sucedido en Centroamérica, esta solución podría brindar una mejora pasajera en la seguridad ciudadana pero no resolvería los problemas de fondo y tarde o temprano la delincuencia recrudecería con más violencia. Aprendamos por favor de los errores cometidos en otros países de América Latina.